El Gobierno adelanta a 2022 la solicitud de créditos de la UE para costear los ERTE y rescatar empresas

El Gobierno ha decidido finalmente adelantar al próximo año, 2022, la solicitud progresiva de los alrededor de 70.000 millones de euros en préstamos que le corresponden a España en el marco de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

De esta forma, la petición de los créditos se producirá un año antes de lo previsto con el fin de movilizar un mayor número de inversiones y acelerar la ejecución del plan. Así lo han confirmado a Economía Digital en fuentes gubernamentales, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizase la decisión durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La vicepresidenta segunda de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, estableció dos partes en el calendario previsto para la petición de los fondos europeos, de forma que contemplaba la solicitud de las transferencias a fondo perdido en los tres primeros años (2021-2023) y aplazaba la solicitud de los restantes 70.000 millones en préstamos a partir del ejercicio 2023, ya en la siguiente legislatura.

La decisión de anticipar la petición de préstamos a Bruselas, en vez de solo obtener las subvenciones hasta 2023, se produce en un contexto en el que el Gobierno ha rebajado las previsiones de crecimiento del 9,8% al 6,5% este año, admitiendo el retraso de un trimestre de la recuperación ante la previsión de que se demore la llegada de los fondos europeos y su impacto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo durante su comparecencia en el Congreso que el plan tendrá un impacto de dos puntos de PIB anual durante el periodo de ejecución, en ese mismo nivel el crecimiento potencial en el medio y largo plazo y conllevará la creación de 800.000 puestos de trabajo en el periodo, con la estimación de que los 27.000 millones de fondos programados en los Presupuestos para este año empiecen a vehicular desde junio, si bien Calviño ya admitió que el impacto será “un poco inferior” este año y algo mayor el próximo ejercicio.

Transferencias desde este año

El proyecto del Plan de Recuperación desgranado por Sánchez señala que, dada la «incertidumbre y la dificultad de inventariar acciones a más largo plazo», dicho plan se centra en la primera fase de ejecución. Así, se detallan las reformas e inversiones que se desplegarán en el periodo 2021-2023, por un total próximo a 70.000 millones de euros.

Con el fin de lograr un efecto «anticíclico» e impulsar la actividad económica y el empleo ya en la segunda parte de 2021, los Presupuestos Generales del Estado prevén una inversión de 27.000 millones de euros alineada con el Plan de Recuperación, con 25.000 millones correspondientes al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y unos 2.000 millones
de euros del instrumento Reat-EU, para financiar la inversión en el ámbito sanitario y en educación que corresponde principalmente a las comunidades autónomas.

A ello se unirán los pagos correspondientes a los fondos estructurales del Marco Financiero plurianual, que incluye el mecanismo del SURE por el que España recibirá 21.500 millones para financiar los ERTE, la prestación por cese de actividad o la incapacidad temporal.

De acuerdo con los hitos alcanzados desde febrero de 2020 hasta la aprobación del Plan, se prevé que, además del pago de la prefinanciación correspondiente, se produzca en la segunda parte de 2021 un primer pago de las transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Este primer desembolso sería de unos 10.000 millones de euros.

Préstamos desde 2022: más condicionalidad y cómputo en la deuda

Además de los 69.528 millones de euros en transferencias directas a fondo perdido que recibirá España de los fondos europeos hasta el año 2023, se van a ir movilizando «progresivamente» los 70.000 millones de euros en créditos previstos en dichos fondos para financiar inversiones a partir del año 2022. La Comisión Europea permite solicitar los préstamos hasta julio de 2023.

En concreto, el documento explica que se irán movilizando los créditos previstos en la asignación a España de ‘Next
Generation EU’, para financiar principalmente instrumentos financieros de inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 2023.

En detalle, la movilización de los créditos se producirá a partir del próximo año para cubrir instrumentos financieros como, por ejemplo, el fondo Cofides de capitalización de empresas o el fondo Next-Tech para escalar startups, así como las reformas que comporten inversiones de magnitud variable, como el nuevo mecanismo permanente para la estabilidad en el empleo y el apoyo a los procesos de transición. Asimismo, se movilizarán los créditos para completar las inversiones previstas en el Plan a partir de 2023.

La petición de los préstamos un año antes de lo previsto supondrá el establecimiento de requisitos y condiconalidades al Gobierno, de forma que Bruselas vigilará de cerca determinadas medidas y políticas económicas, como la reforma laboral, la relativa a las pensiones y la reforma integral del sistema fiscal.

Cabe tener en cuenta también que los créditos de los fondos europeos computan para cuantificar la deuda pública, de forma que los compromisos de España con los acreedores podrían incrementarse más allá de lo previsto, tras haber cerrado el ejercicio 2020 en el 120% del PIB.

Retraso de los fondos europeos: primer anticipo en julio

El Gobierno se ha visto obligado a aplazar el envío del documento definitivo del Plan de Recuperación ante las peticiones de la Comisión Europa a España y otros países socios e mayor detalles de las políticas de inversión y de las reformas. La intención es aprobar el Plan en el Consejo de Ministros el próximo martes día 20 de abril y remitirlo a Bruselas apurando el plazo, que vence el día 30.

Las dudas sobre el retraso de los fondos europeos se han ido sustentando en las últimas semanas, sobre todo después de que el Tribunal Constitucional de Alemania paralizase la aprobación de los fondos europeos, conocidos como Next Generation EU, con la consecuente posible afectación a todos los miembros de la Unión Europea.

No obstante, Calviño espera que el tribunal alemán desatasque el último trámite y la Comisión Europea apruebe definitivamente el Plan Next Generation UE en junio, para empezar a canalizar los recursos a los Estados miembros en la segunda mitad del año.

El comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, ha precisado que la CE está preparada para acometer entre julio y septiembre los primeros desembolsos del Plan de Recuperación, siempre y cuando los Estados miembros hayan hecho sus «deberes» para entonces. Esto supone ya de nuevo el retraso de un mes respecto al mes de junio previsto.

La Comisión Europea utilizará una estrategia de financiación diversificada para recaudar hasta unos 800.000 millones de euros a precios corrientes en los mercados de deuda hasta 2026, para financiar el Mecanismo de Reconstrucción a través de la emisión de unos 150.000 millones al año hasta 2026. Todos los préstamos se reembolsarán a más tardar en 2058.

El Banco de España rebajó recientemente del 70% que preveía en diciembre al 55% el volumen de ayudas que España será capaz de ejecutar, reduciendo la aportación a un punto y trasladando tres décimas a 2022. En la misma línea, la AIReF rebajó el impacto del Plan de Recuperación de 2,7 puntos porcentuales de PIB a 1,6 puntos, ante el retraso de su llegada efectiva, al estimar que llegarán en la segunda mitad del año y buena parte de su impacto sobre PIB se trasladará a 2022.

De cualquier forma, el Estado ya ha gastado unos 2.000 millones de las inversiones totales de 27.000 millones recogidas en los Presupuestos vinculadas a los fondos europeos, que irá financiando con mayor emisión de deuda por parte del Tesoro.

Los 2.000 millones se derivan de los 400 millones de fondos europeos, ampliables hasta 800 millones, del Plan Moves III de ayudas directas a particulares, autónomos y pymes para comprar vehículos más sostenibles, otros 581 millones de proyectos en materia de saneamiento y depuración de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, 60 millones para corregir tendidos eléctricos para evitar daños a aves y 688 millones de fondos UE para reforzar las Políticas Activas de Empleo, además de repartir 2.111 millones entre las CCAA que ya estaban incluido en sus PGE.

212 reformas e inversiones

El Plan de Recuperación recoge en total 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 reformas para el periodo 2021-2023, si bien no parten de cero sino de las líneas estratégicas seguidas desde 2018. Los casi 70.000 millones de euros en transferencias hasta 2023 tendrán una concentración importante en los ámbitos de la transformación verde (39,12%) y digital (29%), en educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en todo el territorio.

Las 20 principales inversiones que se van a desarrollar en la primera fase del plan son la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada (más de 13.200 millones de euros); el Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana (6.820 millones); la modernización de las administraciones públicas (4.315 millones); el Plan de Digitalización de Pymes (más de 4.060 millones de euros; la hoja de ruta del 5G (casi 4.000 millones).

También figuran la nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Economía Circular (3.780 millones de euros); el Plan Nacional de Competencias Digitales (3.590 millones), la modernización y competitividad del sector turístico (3.400 millones); el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación (3.380 millones) y el despliegue e integración de energías renovables (3.165 millones).a modernización y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud

Entre las principales reformas se incluye un nuevo sistema energético y despliegue de renovables, con una hoja de ruta del hidrógeno verde, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidado, la Ley de Aguas y plan de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización, y la modernización y digitalización de las administraciones pública.

También figuran la política de residuos e impulso de economía circular, la estrategia de movilidad sostenible y conectada y la reforma del sistema nacional de ciencia y apoyo a la innovaciónUna nueva política de vivienda, sin embargo las tres que generan mayor controversia por su importancia son las referidas al mercado laboral, las pensiones y el sistema tributario.

Sobre el mercado laboral, el Plan incluye reducir a tres los tipos de contrato (estable, temporal y formación), consolida los modelos de flexibilidad interna como los ERTE, se recoge la actualización de las políticas activas de empleo y de la subcontratación, mientras que en el caso de las reformas de las pensiones se plantean una batería de medidas, pero aún abiertas al diálogo social.

Entre otras, vincular las pensiones al IPC, penalizar la jubilación anticipada, incentivar el retraso en la jubilación, la extracción de los gastos impropios de la Seguridad Social o impulsar los planes de pensiones.

En cuanto a la reforma fiscal, promete recuperar la subida del diésel, recaudar más con IRPF, Sociedades e impuestos indirectos, el nuevo impuesto al plástico, otro impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración y otro que grave los envases de plástico no reutilizables, así como la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y se afrontarán reformas en materia de movilidad sostenible.