El FMI estima en 300.000 millones la crisis de deuda de los bancos de la UE
La institución dirigida por Christine Lagarde alerta del riesgo de crédito soberano que han experimentado las entidades en los últimos años
El Fondo Monetario Internacional (FMI) cifra en aproximadamente 300.000 millones de euros el impacto que han tenido en los bancos de la Unión Europea (UE) las tensiones en torno a los problemas de la deuda soberana en los países de la zona euro. Una crisis que empezó en 2010. De esta cifra, unos 100.000 millones corresponden a la exposición interbanciaria.
En la edición de septiembre de su Informe3 de Estabilidad Financiera Mundial (GFSR por sus siglas en inglés), el FMI aclara que esta estimación no tiene en cuenta las necesidades de capital de los bancos, para lo cual sería necesario llevar a cabo una evaluación completa de los balances y las posiciones de ingresos. Afirma que busca dar una idea del aumento del riesgo de crédito soberano experimentado por los bancos en los últimos dos años.
La institución presidida por Christine Lagarde advierte de que estos efectos se ven amplificados por la existencia de una red de instituciones financieras «altamente interconectadas y apalancadas». «Cuando se incluyen las exposiciones interbancarias frente a los mismos países, la magnitud del contagio aumenta en aproximadamente la mitad».
100.000 millones más
Según los cálculos del FMI, los efectos secundarios de las exposición de los bancos europeos a la deuda soberana griega, el «epicentro» de esta crisis, han ascendido hasta casi 60.000 millones de euros. El contagio de la situación a Portugal e Irlanda ha supuesto 20.000 millones euros para las entidades europeas.
Por su parte, la presión de los mercados sobre Bélgica, Italia y España ha elevado la cantidad del impacto que tiene la crisis de deuda soberana en los bancos europeos hasta los 200.000 millones de euros.
Asimismo, si se añaden las exposiciones a otras entidades financieras en las que los precios de los activos se ha depreciado de forma paralela al incremento de las preocupaciones soberanas, los efectos totales estimados alcanzarían los 300.000 millones de euros. En total, 100.000 más de lo que los analistas esperaban.
«Aunque estas cifras se basan en evaluaciones del mercado sobre el riesgo de crédito, lo que puede reflejar un cierto grado de desviación, los problemas subyacentes que ponen de relieve son reales», afirma el estudio.
Círculo vicioso
La institución internacional constata que en el tercer trimestre han coincidido varios elementos que han sacudido el sistema financiero mundial. Empezando por las nuevas turbulencias en los mercados procedentes de la periferia de la eurozona hasta la rebaja de la calificación crediticia de Estado Unidos por parte de Standard & Poor’s, así como las señales de una desaceleración económica de las que ya avisó Lagarde.
En concreto, advierte de que en la zona euro las presiones soberanas amenazan con «reactivar un círculo vicioso entre el sistema bancario y la economía real». Según el FMI, pese a las «importantes medidas» adoptadas, las diferencia políticas «dentro» de las economías que están aplicando los ajustes y «entre» las economías que proporcionan apoyo han impedido el logro de una solución duradera.
Además, advierte que el hecho de que en algunos países los bancos ya hayan perdido acceso a los mercados de financiación privada eleva el riesgo de un desapalancamiento más pronunciado, de una contracción del crédito y de nuevos obstáculos a la actividad económica, «a menos que se tomen medidas adecuadas para abordar las fuentes del riesgo soberano y para subsanar las consecuencias potenciales para el sistema financiero».
Más reformas
En este sentido, recalca que las prioridades en las economías avanzadas deben centrarse en hacer frente al legado de la crisis y concluir las reformas de la regulación financiera «lo antes posible» para mejorar la capacidad de resistencia del sistema.
Reclama «soluciones de política coherentes» para reducir los riesgos soberanos en las economías avanzadas e impedir el contagio y, más concretamente, que la eurozona ponga en práctica «sin demora» los acuerdos del 21 de julio y considere medidas adicionales sobre gobernanza económica y financiera.
En el caso del sector financiero, incide en la necesidad de sanear los balances de los bancos y la creación de reservas de capital adecuadas que pueden ayudar a romper el vínculo entre el riesgo y los bancos. Además, señala que las necesidades de capital dependerán en parte de la credibilidad de las políticas macroeconómicas de los países.
Por otro lado, exige que la reforma financiera se defina «lo antes posible» y se implemente de manera «uniforme» a escala internacional, lo que incluye finalizar el acuerdo de Basilea III y decidir el tratamiento que se le dará a las instituciones financieras de importancia sistémica.