El fiscal pone la proa a Bancaja por otro agujero de 330 millones

Emergen más irregularidades en la gestión de la extinta Bancaja. La fiscalía estudiará si el ex presidente de la caja valenciana, José Luis Olivas, está detrás de otro agujero de 330 millones que causó en el balance la concesión de préstamos sin garantías. El ministerio público sospecha que empresarios valencianos del ladrillo accedieron a esta financiación totalmente discrecional para sufragar varios proyectos hoteleros fallidos en el Caribe. Olivas habría consentido la operativa, según los indicios.

Los nuevos datos surgen de una investigación previa que afecta tanto a Bancaja como a Banco de Valencia. Hasta la fecha, se sospechaba que siete promotores inmobiliarios vinculados con los gestores de las instituciones financiaras habían accedido a créditos poco ortodoxos desde el punto de vista del riesgo bancario y que suman un volumen de prácticamente 300 millones. En marzo de 2013, la Audiencia Nacional abrió las pesquisas del caso, que alcanza a directivos de ambos grupos. Este diario no ha logrado recabar la versión de Olivas.

Si el fiscal aprecia indicios suficientes en la información remitida por el FROB en su día, se acumularían en la sala del juez Santiago Pedraz operaciones sospechosas valoradas en más de 600 millones y se ampliarían de siete a ocho los expedientes dudosos. Hasta la fecha, las acciones emprendidas se centraban en el ex consejero delegado de Banco de Valencia, Domingo Parra. Aparece como querellado en todos los casos. La operativa conocida hasta ahora inmiscuía a Bancaja Habitat, que se repartía los créditos promotores con Banco de Valencia.

Empresarios salpicados

El nuevo caso ha surgido al explorar con mayor intensidad la relación entre ambas entidades, aunque, según las fuentes consultadas, se inscribiría únicamente en el perímetro de Bancaja. Los grupos empresariales implicados serían Polaris, Soler y Calabuig. El negocio inmobiliario de la entidad se integró en el resultante de la fusión con Caja Madrid, Bankia. El presidente del nuevo grupo, José Ignacio Goirigolzarri, ha facilitado todas las investigaciones que ponen en solfa hasta el último euro irregular que gastaron o concedieron las antiguas cúpulas.

En concreto, el FROB y Bankia destaparon el escándalo de las tarjetas black en junio, que ha acabado con Rodrigo Rato y Manuel Blesa sentados frente al magistrado Fernando Andreu. Éste les ha impuesto, bajo amenaza de embargo, 19 millones de fianza conjunta, que deberán abonar, a más tardar, este martes. El fondo gubernamental, por su parte, envió el viernes al fiscal 23 operaciones sospechosas, similares a las de Bancaja, y que afectan a CatalunyaCaixa y Novagalicia (entre ambas, 1.600 millones).

Los viajes como excusa

Bancaja utilizó el sector turístico en más de una ocasión para activar, presuntamente, el mercadeo de favores. Tanto, que montó su propia empresa de viajes (Cavaltour). Ésta, como el resto del grupo, no logró escapar a las sospechas de los nuevos gestores. Además de financiar proyectos hoteleros de los empresarios próximos a la cúpula del banco, Olivas habría ordenado sufragar los desplazamientos de la curia española hasta Valencia cuando el ahora Papa emérito, Benedicto XVI, viajó a la capital del Turia.

El banco reclama 200.000 euros al arzobispado por las noches de hotel durante el Encuentro Mundial de las Familias. Varias de las habitaciones reservadas ni siquiera se ocuparon. Las negociaciones para abonar las facturas se llevan a cabo extrajudicialmente.