El empresariado catalán toma el mando de la reforma laboral

Llevan más de una semana reunidos de forma conciliar. ¿La razón? El miércoles acaba el plazo para presentar las enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral que el Gobierno presentó ante las Cortes y que quiere tener ultimado el próximo 15 de septiembre. En la cocina de la patronal catalana Foment del Treball, que lidera las conversaciones, se están preparando con urgencia los textos y pactando el camino político y parlamentario que seguirán las enmiendas para que el redactado final que apruebe el Congreso se aproxime al máximo a las necesidades reales de las empresas. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido celeridad a los negociadores que llevan el peso de los contactos: Celestino Corbacho, Juan Rosell y Josep Sánchez Llibre.

Mientras los sindicatos CCOO y UGT ultiman los preparativos de la huelga general, y descartada la posibilidad de integrarlos en una reforma como la que exigen las instituciones internacionales, el Gobierno ha decidido avanzar en los trabajos con los empresarios y con el partido político más entusiasta con los cambios en el mercado de trabajo. Así, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el diputado de CiU en Madrid Josep Sánchez Llibre se han convertido en los dos interlocutores políticos del empresariado catalán para perfilar el texto.

Nueva correlación de fuerzas en la CEOE
Juan Rosell, presidente de Foment del Treball y vicepresidente de la CEOE, ha tomado el mando de las contactos desplazando indirectamente de ese cometido a Santiago Herrero, presidente de la patronal andaluza CEA, que había estado al frente de los asuntos laborales desde que comenzaron las negociaciones de diálogo social entre Gobierno, sindicatos y empresarios y el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, le encomendó esa tarea. Fuentes empresariales consideran que la fidelidad de Rosell con Díaz Ferrán y los intentos de Herrero de sustuir al presidente cuando estalló la crisis de su grupo (Marsans, Air Comet y Mercurio) han influido en esa nueva situación.

Para evitar suspicacias políticas, la patronal catalana no quiere dejar fuera de las negociaciones al PP. De ahí que también se hayan mantenido contactos con las dirigentes que preparan las enmiendas populares al texto legal, Soraya Sáenz de Santamaría y Fátima Báñez. Sin embargo, desde el empresariado catalán se percibe que el tacticismo político de los conservadores, a quienes preocupan asuntos como la formación continua u otros de menor calado, puede hacer perder una oportunidad de sacar adelante un texto que efectivamente cumpla sus objetivos: aligerar a las empresas de cargas laborales y suavizar la rigidez de la entrada y salida del mercado laboral, así como obtener más flexibilidad para afrontar etapas de crisis económica como la actual.

La puesta en escena, clave
Hasta el mismo miércoles, Rosell, Corbacho y Sánchez Llibre continuarán trabajando para dirimir cuáles son las enmiendas y los cambios que deben introducirse en la propuesta del Gobierno y, sobre todo, cómo se hará la puesta en escena. Una vez entregado en el Congreso, el texto será votado antes de ir a la Cámara Alta. Una vez devuelto por el Senado recibirá la validación definitiva de los diputados. La negociación alcanza a discernir qué partido asumirá la erosión política de defender determinados cambios en el texto, aunque siempre en el bien entendido que la otra formación votará favorablemente a su propuesta, y en qué momento se introducirá la enmienda.

Con el apoyo de CiU, el PSOE se asegura que el proyecto de ley logrará la mayoría suficiente para su aprobación y se garantiza la entrada en vigor en septiembre próximo. “Al final, somos los catalanes los que tenemos que trabajar en verano para que el proyecto salga delante de manera lógica”, explican los negociadores. Además, tanto CiU como la patronal catalana están unidas en la necesidad de introducir en la reforma legislativa una de sus grandes reivindicaciones: el absentismo laboral. Tanto Foment como Sánchez Llibre consideran que es inaceptable no abordar esa cuestión, ya que con la legislación actual un empresario no puede despedir un empleado que tenga una tasa de absentismo laboral de hasta el 25% de su jornada de trabajo.

También existe coincidencia plena entre los nacionalistas y los empresarios catalanes sobre la necesidad de introducir retoques en la contratación a tiempo parcial.