El economista acusado: ¿debe alertar o trazar soluciones?

Números, porcentajes, buenas series de datos históricos, y luego argumentos que puedan sostener una decisión económica. Los economistas españoles saben que tienen una responsabilidad a la hora de establecer criterios, que, después, utilizarán los responsables políticos. No previeron la crisis, aunque fueron muy pocos los que lo hicieron en el mundo. Pero el aumento de la deuda privada se conocía, como también el enorme déficit exterior de España.

Santiago Niño-Becerra, denostado por un discurso tildado de catastrofista, asegura que no hizo nada extraordinario en 2005, cuando ya señalaba que “España no va bien”, debido a esa deuda privada. Es cierto que también lo apuntaba Jaime Caruana, el gobernador del Banco de España en 2002, pero entonces el ministro de Economía, Rodrigo Rato, no quiso escucharle. “A nadie le interesaba parar esa forma de crecimiento, porque todos salían beneficiados”, señala Niño-Becerra, catedrático de Estructura Económica de la IQS School of Management de la URL.

La reforma de las pensiones

Pero, ¿y ahora? ¿Cuál es el consenso? David Taguas, ex jefe de la oficina económica del presidente Rodríguez Zapatero, que abandonó en 2008, y ahora director del Instituto de Macroeconomía de la Universidad Camilo José Cela, está indignado.

El ejemplo que sirve para ver cómo está reaccionando la profesión es la reforma de las pensiones. “Hay un problema muy gordo, y es que no se trata de la falta de ingresos, como se dice, sino de los gastos, que van en aumento, porque las cotizaciones sociales sobre el PIB, entre 2000 y 2013, y pese a haber ciclos internos en ese periodo, han estado entre el 12,88% y el 12,93% de julio de este año, con intervalos algo por encima del 13%, pero los gastos en pensiones sobre el PIB pueden alcanzan el 18% o el 20% en los próximos años”.

¿Qué quiere decir Taguas con eso? Que existe una realidad que el economista debe explicar. Y que, en estos momentos, en España, es dura de aceptar.

Desinvertir

El empresario Rafael Suñol, miembro de diversos consejos de administración, defiende que los economistas “digan la verdad, que se basen en argumentos sólidos, empíricos, y que dejen de lado ideologías o filosofías”. Para Suñol el debate ahora debe centrarse en el endeudamiento privado, y en la “necesidad de desinvertir”. Y sitúa el ejemplo de Bankia y su participada Mapfre.

El profesor de Economía de la UB, Gonzalo Bernardos, considera que el mundo académico, precisamente, “está muy alejado de la realidad, y que eso se refleja en ejemplos como el de las pensiones”. Bernardos sigue, en parte, el argumento de Taguas, y considera que las pensiones, principalmente las más altas, se verán mermadas en poder adquisitivo.

Porque se da la paradoja de que, como señala Taguas, y también Niño-Becerra, la pensión media no difiere del salario medio. Niño-Becerra apunta, incluso, que en determinadas comarcas de Asturias las que tienen mayor renta son las que tienen un mayor número de jubilados.

Bernardos, siguiendo la cuestión de las pensiones, añade que la solución del Gobierno “no es la más adecuada, pero es la solución, frente al populismo de otras fuerzas políticas o sindicatos”.

Defender una posición y la contraria

Taguas entiende, en cualquier caso, el rechazo que causan los economistas, que se prodigan mucho en los medios de comunicación porque existe una demanda real de conocimiento económico. “Lo que ha ocurrido es que muchos han sostenido un argumento y el contrario, una salida a la crisis y la contraria, la salida de la austeridad y la del gasto público, y eso ha creado mucha confusión”.

El problema es que la crisis ha avanzado, y la naturaleza de esa crisis ha sido distinta en cada momento. Pero hay un hecho que recuerda Niño-Becerra, y es que el excesivo endeudamiento sólo se puede paliar a largo plazo, o, a través de quitas, que, por ahora, nadie se plantea abiertamente, salvo otros economistas como Antón Costas.

El debate en España es ese: cómo se reduce el déficit, y, por tanto, la deuda a medio plazo, sin que el país retroceda más de lo necesario. Taguas sigue indignado, porque no entiende a los que acusan al Gobierno de aplicar un gran programa de austeridad. El hecho es que el gasto público no se reduce. “Llevamos más de cinco años de crisis, y el objetivo de déficit no se cumplirá, y podría llegar este año al 8%, entonces ¿qué austeridad es esa?”, se pregunta.

Con más o menos matices, por tanto, existe un cierto consenso en estos momentos en la profesión, aunque se ha llegado por caminos distintos.

El miedo ante los cabreados

Guillem López-Casasnovas, catedrático de Economía en la UPF y consejero del Banco de España, marca los principios de un profesional que está, como tantos otros, en horas bajas, aunque se le pida, más que nunca, todo tipo de respuestas.

Para Casasnovas, el economista debe siempre “constatar los pros y contras de las decisiones”. Y alertar, cuando sea necesario, pero siempre “en el ámbito adecuado de su ejercicio profesional”. Y ofrecer un discurso normativo, “como referente teórico, estructural, pero no ideológico”.

Respecto a los que se cabrean porque no se toman las decisiones que apuntan, López Casasnovas tiene un último mensaje: “A mi los economistas que dicen lo que hay que hacer y se enfadan si no se hace, me provocan miedo, porque pueden aconsejar, pero no subrogarse un papel político, para el que no se han presentado en unas elecciones y porque no tienen, en general, ninguna ventaja comparativa”.