El Congreso aprueba los presupuestos con el rechazo parcial del PSOE
El Congreso aprueba los presupuestos generales del Estado, que llegaban del Senado con 46 enmiendas, con el rechazo del PSOE a varias de ellas
El Congreso ha aprobado definitivamente este jueves los Presupuestos Generales del Estado de 2018, después de aprobar 32 de las 46 enmiendas presentadas por el Senado. Algunas de las enmiendas han salido adelante sin el apoyo del PSOE, como la que aumenta las indemnizaciones a los afectados por el fármaco de la talidomida, ya que la formación de Pedro Sánchez considera que carece de dotación presupuestaria.
Las cuentas aprobadas son las que elaboró el PP, y por ello a la sesión no solo ha acudido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sino también su antecesor, Cristóbal Montoro. Si en la primera votación los Presupuestos recibieron el sí del PP, Ciudadanos, el PNV, Foro Asturias, Coalición Canaria y Nueva Canarias, así como el rechazo del PSOE; ya en el Gobierno los socialistas han evitado enmendar el texto.
El PP había introducido cambios en el Senado para rebajar en 35 millones de euros las inversiones en el País Vasco, en respuesta al apoyo del PNV al PSOE en la moción de censura que expulsó del Gobierno a Mariano Rajoy. Sin embargo, estos cambios no han salido adelante por el rechazo de los socialistas a las enmiendas en el Congreso.
Los Presupuestos incluyen la subida del 2% de los sueldos de los funcionarios
Tras la votación de este jueves solo queda la publicación de la ley en el BOE para que se puedan comenzar a aplicar las cuentas, que tendrán una vigencia de seis meses. Con la entrada en vigor se aplicará una subida del 2% de los sueldos de los funcionarios, se incrementarán las pensiones por encima del 0,5% de media (el 1,6% la mayoría de las pensiones y hasta el 3% las pensiones más bajas).
El próximo reto de Sánchez: aprobar el techo de gasto
El próximo objetivo del Gobierno es aprobar en el Congreso el techo de gasto como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales de 2019. El Ejecutivo deberá conciliar las demandas de mayor gasto social de socios parlamentarios, como Podemos, con los compromisos de reducción de gasto público asumidos por España frente a Bruselas.