El blanqueo en BPA salpica al 3% de los clientes un año después de la intervención

Banca Privada de Andorra (BPA), entidad intervenida hace precisamente un año, tenía 923 clientes presuntamente sospechosos de blanqueo de capitales, según consta en un informe de PwC, encargado por la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), organismo dependiente del gobierno de Andorra.

Según el informe, estos 923 clientes representan el 3% de los casi 29.200 titulares de cuentas y disponían de unos 1.000 millones de euros en inversión crediticia, depósitos y activos fuera de balance, es decir, el 19% del volumen total de negocio de BPA.

De estos 923 clientes, un centenar combina «todos los factores de mayor riesgo, como coincidencias con listas de blanqueo, operativa sospechosa o vinculación a casos de lavado de dinero» que ya se encuentran judicializados. La AREB concluye que unos 27.000 clientes, el 92,6% del total, ya están en condiciones para ser traspasados a Vall Banc, la nueva entidad puente que se ha puesto a subasta.

En el 7,4% restante, unos 2.165 clientes, se incluyen los 923 presuntamente sospechosos y otros 1.242 que, finalmente, podrían revelarse como «aptos» en caso de que presenten la documentación necesaria para avalar la legitimidad de sus cuentas.

Una de las supuestas tramas de blanqueo descubiertas en la revisión de los clientes de BPA corresponde al cártel de Sinaloa, un caso que se encuentra bajo secreto de sumario. Un año después de la intervención de Banca Privada de Andorra y de Banco Madrid continua el conflicto con los que fueron sus principales accionistas.

Los Cierco van a la guerra judicial

Los hermanos Higini y Ramon Cierco han emprendido acciones judiciales en Andorra y en Estados Unidos (EEUU) y, en estos momentos, estudian hacerlo en los tribunales españoles y tienen la «firme decisión» de acudir a los tribunales europeos. Una guerra judicial total.

No obstante, en un comunicado, la familia Cierco indica que, antes de presentar un contencioso judicial, siempre se ha dejado «abierta la puerta a una solución negociada». Lamentan que hasta ahora el gobierno andorrano haya «menospreciado» esta opción.

Mañana jueves, 10 de marzo, se cumple un año desde que el FinCEN, la autoridad antiblanqueo estadounidense, difundió la famosa nota que provocó la intervención de BPA y Banco Madrid. El pasado febrero, EEUU retiró esta nota, pero la familia Cierco insiste en que este organismo del Tesoro nunca ha aclarado las razones por las que la hizo pública.

Coincidiendo con el primer aniversario, la plataforma para la defensa de los intereses de los clientes de BPA una rueda de prensa en Madrid, en el despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, para explicar la reclamación por responsabilidad administrativa contra el gobierno de Andorra y diversos de sus organismos. La convocatoria va dirigida especialmente a los clientes de Banco Madrid.

El grupo empresarial de los hermanos Cierco acaba de publicar 2.000 ejemplares sobre la actuación de BPA, que incluye una treintena de informes, que ha distribuido a la prensa y a las instituciones públicas y privadas andorranas.

El gobierno andorrano todavía no ha adjudicado Vall Banc, el banco puente donde ha agrupado los activos de BPA para su subasta. Ante la falta de ofertas en firme, la AREB ha alargado el periodo de presentación de propuestas hasta el 11 de marzo.

El gobierno andorrano y la fiscalía salen al contraataque

Un juzgado andorrano investiga, en una pieza separada del sumario principal del caso BPA, si el banco de los Cierco pagaba primas en negro a los empleados involucrados en supuestas prácticas de blanqueo de capitales, informa Diari d’Andorra.

Según el sumario, la Fiscalía descubrió que BPA creó un fondo que, entre 2007 y 2014, servía para pagar una serie de directivos sin que quedara constancia.

Las retribuciones se hacían a través de una caja B y las primas que se abonaban no se declaraban ni se cotizaban. Por este motivo, la Caja Andorrana de Seguridad Social (CASS) se ha personado como perjudicada en los tribunales.