El BCE censura el límite de pago en efectivo del Gobierno

El BCE considera la limitación de Hacienda desproporcionada y teme que se ponga en peligro el uso del efectivo como método de pago

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El Banco Central Europeo (BCE) considera «desproporcionada» la limitación de los pagos en efectivo que el Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. El organismo está preocupado de que ponga en peligro el uso del efectivo como método de pago.

El anteproyecto de Hacienda rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite máximo para los pagos en efectivo hechos por profesionales. En el caso de las operaciones entre ciudadanos no residentes en España, la cantidad pasa de 15.000 a 10.000 euros.

Además, el articulado recoge multas contra los infractores por el 25% de la cuantía abonada, que el BCE considera «desproporcionadamente elevada». En el caso de las personas físicas residentes en España, el límite de pago en efectivo se mantiene en 2.500 euros, según publica Cinco Dias.

El BCE piensa que la lucha contra el fraude fiscal es de interés público pero considera la medida «desproporcionada»

Estos cambios se presentaron en octubre junto a los nuevos impuestos digital y financiero y está pendiente de ser abordada por el Consejo de Ministros. Las advertencias del BCE podrían forzar al Gobierno a introducir algunos cambios.

Así, el BCE ha emitido un dictamen en el que reconoce que el objetivo del proyecto de lucha contra el fraude fiscal es un «motivo de interés público» que puede justificar ciertas limitaciones en el uso del efectivo.

Sin embargo, el organismo advierte de que «bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo».

Recaudación de 218 millones

“Esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal”, agrega el documento. Además, subraya que la reducción a 10.000 euros del límite de pago entre personas físicas no residentes en España «no parece justificada, y discrimina a los pagos hechos por residentes».

 

Los dictámenes del BCE no son vinculantes para los Gobiernos pero habitualmente estos siguen las pautas establecidas por el supervisor europeo a la hora de legislar. Hacienda rehusó aclarar si habrá cambios, pero cabe la posibilidad de que modifique el texto.

El Gobierno actual, en todo caso, aspira a recaudar 218 millones de euros en 2019 con este tope a los pagos en efectivo, la cuarta parte de todos los ingresos fiados al plan antifraude.

Por ahora, desde Hacienda se limitan a defender que el pago máximo en efectivo de 1.000 euros para empresarios está en línea con los avances tecnológicos en los medios de pago, sigue las tendencias internacionales en materia de lucha contra el fraude fiscal y ya se aplica en países vecinos como Francia o Portugal.

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