La morosidad subirá un mínimo de 14.000 millones en 2020

A medida que pasan los días, los efectos económicos del parón económico provocado por el estado de alarma van poniendo cifras a la magnitud del golpe. Con buena parte de la actividad cerrada -tras más de dos meses solo a partir del lunes toda España se encontrará la fase 1 de la desescalada, aliviando un poco el efecto sobre la restauración-, los problemas financieros de los españoles son más evidentes.

Además de la urgencia sanitaria y social, el volumen de clientes bancarios que se está acogiendo a moratorias -un primer germen de la morosidad que viene por delante- esta aumentando ante la reducción de ingresos por los ERTE, el parón de la actividad en el caso de autónomos y empresarios, y el incremento del desempleo.

Caixabank, que celebró su junta de accionistas el pasado viernes, adelantó que hasta el 13 de mayo había recibido un total de 344.000 peticiones de moratorias entre hipotecas y crédito al consumo. Es un cifra un 56% más alta que la que aportó hace un mes cuando presentó sus resultados del primer trimestre de 2020. Entonces, adelantó que, a 23 de abril, las peticiones de moratorias eran 220.000.

Los bancos ya anticipaban que probablemente sería en abril y mayo cuando se registraran el mayor incremento de peticiones de retrasados en los pago. En la medida en que la desescalada fuera cogiendo forma, y los trabajadores reincorporándose a trabajar, su impresión era que solicitudes se reducirían.

Según la patronal de los bancos, la AEB, las entidades integradas en la asociación habían aprobado hasta el 15 de mayo moratorias voluntarias (las que se han ofrecido a los clientes sin estar obligados por la normativa del estado de alarma) a un volumen de crédito de 6.615 millones. En el caso de la CECA, donde se integra Caixabank, hasta el 8 de mayo, se había dado el visto bueno a moratorias en créditos valorados en 2.177 millones.

El volumen de conversión a morosidad, pendiente del desempleo

Las moratorias, además de permitir a los clientes retrasar el pago del principal del crédito, también dan tiempo a la banca ganar tiempo hasta que aflore la morosidad -y así ir construyendo provisiones-. Con este tipo de operaciones, los usuarios no impagan, porque siguen abonando intereses, de manera que la financiación sigue siendo a niveles contables «buena».

Sin embargo, se espera que una parte de estas operaciones acaben siendo morosas; además de que se teme que también se produzca un incremento en el caso del crédito a empresas, si bien esas cifras podrían irse viendo más adelante. Por ejemplo, los créditos con aval del ICO que se están concediendo cuentan con plazos de amortización de hasta cinco años y también con periodos de carencia el primer año; por lo que es improbable que generen morosidad a corto plazo.

Por el momento, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, adelantó hace pocos días en el Congreso que no espera un incremento de la morosidad muy significativo en 2020. En concreto, pronosticó que esta ratio podría irse al 6% este año, solo 1,25 puntos porcentuales más que antes de que estallara la pandemia. Al cierre de marzo, la morosidad era del 4,75%. 

En millones de euros, ese incremento, supondría elevar en unos 14.200 millones el saldo de créditos en mora, que al cierre del primer trimestre era de 54.113 millones. Sería una cifar de mínimos, ya que para ellos las entidades no tendrían que ampliar su cartera de crédito y se espera que este ejercicio crezca por el incremento del crédito a empresas. Los volúmenes hipotecarios y de consumo, previsiblemente, retrocederán.

Estos datos solo recogerían la morosidad de los residentes en España; es decir que no tendría en cuenta los impagos que puedan acumular entidades como el Banco Santander, BBVA o Banco Sabadell -con mayor exposición al exterior que Caixabank, Bankia o Bankinter- en otros países.