El Banco de España se deshace de 16.000 reclamaciones de cláusulas suelo
La auditora Deloitte será la encargada de emitir un veredicto sobre los casos
El Banco de España ha iniciado esta semana los trámites para ceder la gestión de 16.000 reclamaciones por limitaciones del tipo de interés en préstamos hipotecarios, es decir, las cláusulas suelo denunciadas hasta ahora, a la consultora internacional Deloitte, de forma que ya no será el organismo dirigido por Luis María Linde quien emita un “veredicto” sobre los casos.
En cuanto la transacción se ha hecho pública a través de la web del Banco de España, la asociación de usuarios de banca Adicae ha denunciado lo que, a su parecer, no es más que otra muestra de descrédito del organismo y una muy mala noticia, por varios motivos.
Nos costará más de 800.000 euros
El primer motivo en contra es que externalizar este servicio cuesta 825.964 euros (más IVA), tal y como puede verse en la web del organismo. Un gasto que saldrá del bolsillo de todos los españoles.
El servicio de reclamaciones será privatizado
Además, según ha publicado Adicae, asociación que agrupa a miles de afectados por estas abusivas cláusulas suelo, “esta privatización supone un claro perjuicio para los intereses de los consumidores, que verán cómo sus reclamaciones formuladas ante un organismo público serán tramitadas por una consultora con intereses privados, que tiene entre su cartera de clientes a la mayoría de las entidades financieras españolas“.
Adicae reclama una reforma a fondo
El comunicado de la asociación de usuarios termina reclamando “una reforma a fondo de los organismos supervisores en España para avanzar hacia el desarrollo de procesos transparentes que sirvan para garantizar los derechos de los consumidores frente a los abusos bancarios, y que acaben con el permanente sesgo de instituciones como el Banco de España en favor de las entidades y del sector y su solvencia, que ha llevado a una actuación de baja intensidad e incluso abandono por parte del supervisor bancario (a día de hoy una auténtica patronal bancaria) en sus funciones de protección de los consumidores”.
