El Banco de España alerta que la economía no recuperará los niveles precrisis hasta 2023
Pide reformas “ambiciosas” e implantar la ‘mochila austriaca’ financiando los 8.000 millones de adaptación con fondos europeos
Pablo Hernandez de Cos, gobernador del Banco de España./ EFE
El Banco de España aprecia ya signos de recuperación en la economía española, si bien cree que la recuperación con “vigor” se producirá a partir de la segunda mitad del año. Eso sí, los “efectos” adversos sobre el nivel del PIB, el empleo y las cuentas públicas perdurarán aún “varios años”, de forma que no se regresará a los niveles de PIB precrisis hasta 2023.
Así se desprende del ‘Informe anual 2020’ elaborado y publicado por el organismo supervisor este jueves, en el que señala que el impacto de la pandemia sobre la economía española ha sido “extraordinariamente elevado”, tanto desde un punto de vista histórico como en una comparativa internacional.
El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, señaló durante la presentación del informe que los indicadores de la última parte de marzo, del mes de abril y lo que va de mayo señalan que se estaría produciendo ya una recuperación tras el “débil” inicio del año, con un retroceso del PIB del 0,5%, según el INE.
El organismo cree que la economía española se recuperará con relativo vigor a partir de la segunda mitad de este año, si bien avisa de que los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel del PIB, el empleo y las cuentas públicas “perdurarán aún varios años”.
A falta de actualizar sus previsiones en junio, mantiene las estimaciones realizadas el pasado mes de marzo, que auguraban en el escenario central un avance del PIB del 6% este año, del 5,3% en 2022 y el 1,7% en 2023, inferior a las ultimas realizadas por distintos organismos como la Comisión Europea o el propio Gobierno, que augura un crecimiento del 6,5%, 7% y 3,5%, respectivamente. De hecho, el nivel del PIB de finales de 2019 no se recuperaría, en el escenario central, hasta 2023.
Plan de Recuperación inconcreto : pide reforzar el control
En todo caso, espera una recuperación “relativamente robusta” desde el segundo semestre del año, en el que la economía se verá favorecida sobre todo por el avance de la campaña de vacunación y un cierto retorno gradual a la normalidad sanitaria, el mantenimiento de una política económica “muy acomodaticia” en materia fiscal y monetaria y por el comienzo de la implementación del programa europeo Next Generation EU (NGEU).
En la presentación del informe, Arce indicó que el grado de concreción de las reformas del Plan de Recuperación remitido a Bruselas “parece hasta ahora limitado”, sobre todo en lo referido a las reformas laboral, de pensiones y la tributaria, para la que el Gobierno ha constituido un grupo de expertos.
“No podemos tener una visión nítida de cuál va a ser el impacto eventual de esa reforma ni del grado de ambición de las mismas”, apuntó Arce, en línea con lo señalado ya anteriormente por la AIReF o la CEOE. Además, subrayó la necesidad de ser “ambiciosos” con las reformas y utilizar la “oportunidad” de los fondos.
Sobre el impacto de los fondos, indicó que se prevé que parte del impacto se retrase a 2022, si bien considera que “no tiene por qué ser negativo”. Además, el organismo plantea elementos para facilitar la selección de los proyectos derivados del Plan de Recuperación, en materia de gobernanza y evaluación es ante y a posteriori.
En todo caso, considera que no es “absolutamente necesario” una agencia de evaluación independiente, sino que “se puede hacer dentro de las herramientas que dispone la administración pública”.
Sí pide en cambio una «selección rigurosa» de los proyectos y cree que una vía de mejora podría ser la elaboración de una guía, por parte del Estado, relativa a los criterios y las ponderaciones que podrían ser utilizados en la valoración de méritos de los concursos que se lancen.
Además, ve oportuno complementar este diseño con el reforzamiento de los mecanismos de control ex post que permitan realizar un seguimiento estrecho de la ejecución de los contratos. Como complemento del papel fiscalizador que ejercen la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y el Tribunal de Cuentas, tanto español como europeo, cree se podría habilitar un espacio público con datos homogéneos y transparentes.
Este espacio, señala, contendría la información referente a los PERTE, concursos públicos, convenios y subvenciones de las administraciones en relación con el Plan de Recuperación. «El ejemplo del Registro de Concursos Públicos puede ser un buen punto de partida, aunque susceptible de algunas mejoras, dado que, en la actualidad, no tiene un carácter exhaustivo y la
información proporcionada presenta algunas limitaciones a la hora de poder «analizar rigurosamente la asignación de fondos», apunta.
También reclama que la información relativa a las convocatorias se difunda ampliamente, para favorecer, en particular, el
acceso de las pymes, así como explorar vías adicionales para ampliar el acceso a las convocatorias.
Factores clave: recuperación del turismo y bolsa de ahorro
El Banco de España sostiene que la intensidad, el alcance de la duración y la potencia de la recuperación será “incierta” y sujeta a “factores de incertidumbre”, indicó Arce, apuntando a la velocidad con la que se recuperen los flujos de turismo internacional y la intensidad con la que los hogares españoles hagan uso de la bolsa de ahorro que han acumulado desde el comienzo de la pandemia.
También influirán factores como la evolución de la recuperación de la inversión empresarial y el entorno exterior, en lo referido a las políticas expansivas a escala global, los riesgos geopolíticos y la evolución del comercio mundial.
Efectos de la pandemia
Según la institución, la magnitud y persistencia de los efectos sobre el producto potencial dependerá de la duración de la perturbación, si bien apunta que algunos posibles efectos negativos discurren a través del mercado de trabajo, como la pérdida de capital humano a medida que se alarga la duración del período en el paro, en particular, en una situación que requiere “reasignación sectorial”.
Además, avisa de que la permanencia en el desempleo puede inducir un efecto desánimo, que reduzca la intensidad de la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo, a lo que se suman posibles efectos negativos de la pandemia sobre el stock de capital y también el nivel de endeudamiento elevado de las empresas que emerjan de la crisis, ya que mermará su capacidad de inversión durante un tiempo.
También cita como efectos de la pandemia los cambios en los patrones de las actividades diarias de los hogares: movilidad, teletrabajo y hábitos de consumo, al tiempo que avisa de que el aumento del teletrabajo podría afectar a la recuperación de la demanda de determinados productos, sobre todo en las grandes ciudades.
No obstante, la demografía española (con ciudades relativamente pequeñas), el reducido tamaño empresarial, el alto grado de temporalidad y el menor nivel de inversión en activos intangibles son elementos que podrían limitar el crecimiento del teletrabajo en España, en tanto que el comercio online seguirá al alza.
En cuanto al impacto negativo de la pandemia sobre el empleo, señala que está siendo «especialmente intenso” en el colectivo de trabajadores más vulnerables (asalariados temporales, jóvenes y empleados con bajo nivel de formación), lo que podría incidir en la desigualdad, al tiempo que la pandemia puede acelerar el proceso de automatización de ciertas ocupaciones y la necesidad de reasignación de trabajadores hacia otras tareas, lo que afectaría sobre todo a mujeres y colectivos con poca formación.
Agilizar ayudas e incentivar la reinserción en los ERTE
El grado de vigor de la actividad económica española a corto plazo también dependerá de cómo se ajusten a una coyuntura en continua evolución los principales instrumentos de política económica que se han desplegado para hacer frente a la pandemia, en especial, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las medidas de apoyo a la liquidez y la solvencia empresarial.
El organismo destaca que la respuesta de política económica al igual que la europea fue “rápida y decidida” en la fase inicial de la pandemia, como los ERTE, los avales del ICO o más recientemente el programa de ayudas públicas de 11.000 millones para la solvencia de autónomos y pymes, cuya eficacia cree que dependerá de una “aplicación ágil y efectiva y de su capacidad de adaptación, en cuanto a tamaño y diseño”.
Actualmente el Gobierno negocia con los agentes la prórroga de este mecanismo más allá del 31 de mayo, con un consenso de extenderlo hasta el 30 de septiembre con un esquema similar, prorrogable a todo el año.
Para el Banco de España los ERTE han de seguir adaptándose a la evolución de la coyuntura económica y sanitaria, para lo cual “se precisa de una configuración crecientemente focalizada que facilite la necesaria reasignación del empleo hacia las empresas y los sectores más productivos”.
Este planteamiento se alinea con el de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quienes abogan por introducir de nuevo incentivos a la reincorporación, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, opta por mantener el esquema actual.
Reestructuración de deuda: aboga por que el sector público asuma más coste
En paralelo, ve necesario mejorar los mecanismos de reestructuración de deudas mediante el fomento de los mecanismos preconcursales y revisar el papel de los acreedores públicos, así como diseñar mecanismos concursales específicos para sociedades de dimensión reducida.
A su juicio, hay que rebajar la prioridad máxima de los acreedores públicos en los concursos, de forma que el sector público asuma “algo más de coste”, al tener “sentido” en un contexto de crisis, puesto que el sector está mejor diversificado y tiene mejor acceso de financiación que una empresa individual o un acreedor concreto.
A este respecto, Arce apuntó que el 90% de las empresas en concursos de acreedores acaban siendo liquidadas, por lo que ante esa elevada tasa de mortalidad cree que “merece la pena” apostar por un sistema en el que las empresas viables puedan mantenerse mediante procesos de reestructuración de deuda.
‘Mochila austriaca’: pide pagar el coste de transición de 8.000 millones con fondos UE
En el informe el Banco de España retoma la idea de recuperar la ‘mochila austriaca’, el sistema que conlleva la acumulación de un fondo individual a lo largo de la vida laboral, con el que las empresas contribuyen todos los meses a un fondo a nombre del trabajador, que este puede recuperar cuando se produce una pérdida involuntaria del empleo, ya sea por despido o por fin de contrato.
El Gobierno, principalmente la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, mostró en la pasada legislatura su intención de implantar este sistema en España, si bien la iniciativa ha quedado aparcada e incluso se ha quedado aparcado un dossier que se solicitó a la OCDE sobre este sistema.
En caso de baja voluntaria, el trabajador no pierde el importe acumulado en el fondo y puede seguir ampliando su cuantía con aportaciones de otros empleadores. Si no lo ha recuperado antes, el trabajador puede disponer del volumen total de recursos acumulado en este fondo en el momento de la jubilación. Como contrapartida a las contribuciones mensuales de las empresas a los fondos individuales de sus trabajadores, en este sistema, la indemnización que las empresas tendrían que pagar en el momento preciso de producirse un despido se reduce.
En la transición al nuevo sistema, durante el período 2013‑2016, el coste total al que tendrían que hacer frente las empresas —que incluye tanto las aportaciones a los fondos individuales de los trabajadores como las indemnizaciones por despido o extinción de contrato— sería superior en unos 9.000 millones de euros al que deberían abonar bajo el sistema actual.
Para cubrir esta brecha, se considera la posibilidad de que el Estado financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo, si bien solo en el corto plazo y de manera decreciente en el tiempo: cinco días por año trabajado en el primer año después de la reforma, cuatro días en el segundo año, y así sucesivamente, de modo que las empresas se harían cargo totalmente de los pagos al fondo seis años después de aprobarse la reforma.
Dicho coste se iría reduciendo gradualmente cada año y supondría unos 8.000 millones de euros durante el período 2013‑2016. Si estas cantidades se extrapolan a 2017, el coste total para las arcas públicas de financiar la transición sería de unos 8.660 millones de euros, que a su juicio podrían financiarse, al menos parcialmente, mediante el recurso a los fondos del programa NGEU.
Según el organismo, la denominada ‘mochila austriaca’ tiene “ventajas relevantes”, puesto que el reparto de los derechos adquiridos a lo largo de la vida laboral sería menos desigual entre los trabajadores, además de suponer un mayor incentivo a la movilidad laboral a lo largo de las carreras profesionales, ya que las contribuciones acumuladas en el fondo se mantienen en caso de baja voluntaria.
Además, subraya que las empresas podrían suavizar en el tiempo posibles tensiones de liquidez al ir realizar aportaciones financieras periódicas a los trabajadores en vez de golpe en el momento de un eventual despido.
Plan de reequilibrio: reconstrucción de los márgenes de actuación fiscal
A pesar de que el organismo ve necesario mantener un tono expansivo de la política fiscal durante la crisis actual, vuelve a insistir en que, una vez que se asiente la recuperación, se debería dar paso a un proceso de saneamiento de las cuentas públicas que permita “reconstruir los márgenes de actuación fiscal”.
Para reforzar la credibilidad de este proceso reitera que sería deseable una definición y comunicación temprana de los principales detalles del plan de reequilibrio, en un contexto en el que como consecuencia de la crisis ha aumentado la vulnerabilidad de las finanzas públicas y se han reducido los márgenes de actuación de política fiscal”.
“Resulta crucial abordar un proceso de consolidación presupuestaria una vez que se asiente la recuperación”, enfatiza.
La decisión sobre cómo distribuir el ajuste fiscal entre las distintas partidas presupuestarias cree que debería estar basada en una revisión integral de todos los capítulos de gastos e ingresos públicos y en un análisis de las implicaciones que cualquier actuación fiscal presenta en términos de eficiencia y equidad.
