El apoyo explícito del Gobierno a Conpymes agota la paciencia de la gran empresa

Desde su primera investidura como presidente del Gobierno en junio de 2018 Pedro Sánchez ha publicitado como uno de sus principales objetivos alcanzar acuerdos con la patronal y los sindicatos para lograr grandes acuerdos sobre las reformas estructurales que a su juicio necesitaba -y sigue necesitando- España en todos los ámbitos, como el laboral, el fiscal, el energético o el social.

En estos casi tres años, marcados en el último.ejercicio por la crisis de la Covid-19, el Ejecutivo ha trabajado para intentar persuadir a los empresarios tras numerosos desencuentros protagonizados entre la principal patronal del país, CEOE, y los distintos ministros del Gobierno de Sánchez, principalmente con los de la facción de Unidas Podemos representada hasta hace un mes por Pablo Iglesias y liderada ahora por la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Las relaciones del Ejecutivo con la patronal y la gran empresa se han ido deteriorando a medida que ha avanzado la legislatura a causa principalmente de las discrepancias sobre la reforma laboral, los desencuentros por los apoyos de ERC y Bildu al Ejecutivo de coalición, los impuestos, el salario mínimo o más recientemente por la cruzada del Gobierno contra la banca por los ERE en el sector, el retraso en las ayudas o los fondos europeos.

Sin embargo, la «gota que ha colmado el vaso» en la organización empresarial ha sido el apoyo explícito del Gobierno a la creación de la nueva patronal de pymes y autónomos, Conpymes, configurada como la patronal rival de CEOE y a cuyo acto de presentación acudió tanto Yolanda Díaz como de Begoña Gómez, directora titular de una cátedra de la Universidad Complutense y mujer de Pedro Sánchez.

La «traición» del apoyo a la patronal rival de Cepyme

Desde CEOE señalan a Economía Digital que este apoyo explícito de Díaz y Gómez a la nueva patronal ha generado un gran malestar en el seno de la organización de Garamendi, ya que más allá de la asistencia de Díaz que podían esperar por los vínculos de Unidas Podemos con Uatae, una de las principales asociaciones miembro de Conpymes, el hecho de que acudiese también a la presentación la mujer de Sánchez se ha interpretado como una «traición» y un respaldo velado a la nueva patronal.

Conpymes, impulsada por el presidente de la patronal catalana de las pymes (Pimec), Antoni Cañete, nace con el intento de captar representatividad y como alternativa a Cepyme, la organización de pymes presidida por Gerardo Cuerva y dependiente de la CEOE, por lo que la asistencia de Díaz y Gómez a su puesta de largo es vista en CEOE como una clara muestra de apoyo a una organización de corte más progresista, que vela por la defensa del «capitalismo inclusivo frente al capitalismo clientelar» y que ha cuestionado incluso la representatividad de Cepyme y CEOE.

Garamendi salió al paso recalcando que en CEOE ya están representados “los pequeños, los grandes, los autónomos y los de todos los territorios”, con la participación de 4.500 organizaciones y con “toda la legitimidad y la representatividad de todos los empresarios”.  Al respecto de la presencia del Gobierno en el acto de Conpymes apuntó que “habría que preguntárselo a la ministra o a la mujer del presidente a ver qué hacen ahí”.

La nueva patronal, procedente de la Patronal Pymes creada en 2018, también ha recibido el respaldo político de JxCAT, ERC o el PDeCAT (algunos de sus miembros asistieron a la presentación), así como de la Generalitat y el Gobierno balear, lo que evidencia un distanciamiento ideológico respecto a CEOE, que como defensora de la unidad nacional se. pronunció en varias ocasiones en contra del referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

El plantón del Ibex a Sánchez y su ‘España 2050

Un día antes del acto de Conpymes, cuando ya se sabía de la asistencia de Díaz y Gómez al acto, se produjo otro episodio que evidenció el distanciamiento entre la gran empresa y el Gobierno de Pedro Sánchez, ante la ausencia a una convocatoria del propio presidente para presentar un la estrategia gubernamental para la «España de 2050».

Moncloa llevaba diseñando semanas la gran puesta en escena para la presentación del Plan ‘España 2050’ elaborado desde hace casi un año por un grupo multidisciplinar de 100 expertos que ha diseñado 50 objetivos y 200 medidas para acercar a España ala vanguardia de los líderes europeos en tres décadas.

in embargo, la presencia de los grandes empresarios en el acto celebrado en el Museo Reina Sofía quedó descafeinada ante la ausencia de buena parte de los principales líderes empresariales del Ibex-35, como la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que se encontraba en la presentación del Espacio Pereda en Santander, y en su lugar se ha personado el consejero delegado, José Antonio Álvarez.

El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar tampoco acudieron al evento por encontrarse en una comisión ejecutiva en Barcelona, a los que se sumaron a la ausencia otros nombres destacados que se han ausentado del evento, como el del presidente de Repsol, Antonio Brufau, el presidente ejecutivo de Mercadona, Juan Roig, el presidente de Inditex, Pablo Isla, o el empresario y presidente del grupo ACS y del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez, además de

Tampoco asistieron la presidenta de El Corte Inglés, Marta Álvarez, el presidente de la primera hotelera de España Meliá, Gabriel Escarrer, o en el sector de infraestructuras y servicios las del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, el presidente ejecutivo de Acciona, José Manuel Entrecanale, las presidentas de FCC, Esther Alcocer Koplowitz. Al acto tampoco acudió Garamendi, que se encontraba en Aragón, y desde Cepyme señalaron a Economía Digital que directamente no habían recibido invitación alguna.

Los ERE en la banca

La ausencia de algunos pesos destacados de la banca cobró titulares, y es que a raíz de los ERE anunciados en el sector bancario por Caixabank y BBVA, la vicepresidenta Calviño y la ministra Díaz se han mostrado a favor de revisar los salarios de los directivos de la banca. “Díaz dijo ver “preocupantes e inasumibles” los ERE en las entidades financieras y abogó por “poner la mirada en los salarios” de los directivos de los bancos.

Hasta el propio presidente del Gobierno criticó los ERE en «en empresas de sectores ganadores de la crisis mientras se tienen salarios de seis cifras» y se incrementan beneficios y bonus». «No creo que sea aceptable y necesitamos dar una respuesta fuerte«, sostuvo tajante.

Estos pronunciamientos también despertaron la crítica pública de Garamendi, que dijo ver un acto de “demagogia” por parte del Ejecutivo y defendió la legitimidad de las grandes corporaciones españolas para determinar los salarios de acuerdo a la demanda del mercado. “El Gobierno entiende poco lo que es la empresa”, sentenció.

En cualquier caso, frente al anunciado «gran diálogo nacional» por Sánchez en el acto de ‘España 2050’, desde la oposición y los entornos empresariales criticaron incluso antes de presentarse el Plan ‘España 2050’, al no haber sido invitado el líder de la oposición (Pablo Casado) ni tan siquiera a sus principales socios del Gobierno, en lo que consideran un acto propagandístico para resurgir al Ejecutivo tras los resultados electorales en Madrid y la crisis que se había abierto con Marruecos por los inmigrantes llegados a Ceuta.

Los fondos europeos y las ayudas

El Gobierno ha diseñado una estrategia, tras las elecciones madrileñas y la abrumadora victoria de la ‘popular’ Isabel Díaz Ayuso, que pasa por centrarse en el Plan de Recuperación y los 140.000 millones de euros que recibirá España hasta 2026 de los fondos europeos para trasladar a la opinión pública la reactivación económica, en paralelo al avance de la campaña de vacunación.

En el Ejecutivo también se afanan por vender el Plan de Recuperación que permitirá la obtención de esa ingente cantidad de fondos europeos hasta 2026 mediante la ejecución y el cumplimiento de los hitos de las 212 reformas e inversiones que contiene el plan, sin embargo esto también ha despertado recelos entre los empresarios.

El documento remitido a Bruselas por el Gobierno, con 2.000 folios, es visto como falto de concreción por parte de CEOE, que considera que las grandes reformas (laboral, fiscal y pensiones) tendrán que abordarse en el marco del diálogo social y, en todo caso, prima las peticiones de Bruselas.

Además, las principales organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por el retraso en los proyectos y por el desconocimiento de los pasos dar para poder acceder a los recursos europeos. También desde organismos como la AIReF o el Banco de España han reducido el impacto económico previsto por el Gobierno para este año por los fondos y lo postergan a 2022 ante el retraso de la aprobación del plan y la previsible demora en los concursos y adjudicación de contratos, y por tanto en la implementación de los proyectos.

Junto a cierto escepticismo sobre los fondos europeos y su impacto en 2021, los empresarios llevan semanas denunciando que el paquete de 7.000 millones d euros en ayudas directas directas a pymes y autónomos aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo sigue sin llegar por los retrasos también en los convenios y los trámites con las comunidades autónomas, que serán las encargadas de realizar las transferencias de los importes.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, criticó que esa línea de ayuda, encuadrada en un paquete total de 11.000 millones de euros, no está siendo recibida por pymes y autónomos por el «farragoso» procedimiento aprobado por el Gobierno, algo que compartió también presidente de la patronal Cepyme, Gerardo Cuerva, quien ve las ayudas «congeladas en la burocracia»

El choque por los ERTE y la llamada de Sánchez a Garamendi

Tras la considerada como «traición» del Gobierno a Conpymes y el plantón del Ibex a Sánchez se produjo un nuevo capítulo de choque en el marco del diálogo social en las negociaciones para prorrogar los expedientes de regulacón temporal de empleo (ERTE). Aunque finalmente el Gobierno y los agentes sociales han logrado un acuerdo para extender tanto los ERTE como la prestación por cese de actividad de los autónomos al 30 de septiembre, las partes evidenciaron públicamente sus diferencias.

Tras el inicial ‘no’ de CEOE a la propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Esrivá, que abogaba por reducir las exoneraciones a los trabajadores que permanezcan en ERTE e incentivar en mayor medida la reinserción de empleados, protagonizó un cruce de reproches y críticas con Garamendi.

Entre los vericuetos hasta lograr el acuerdo ‘in extremis’ se produjo el miércoles por la mañana una breve conversación informal entre Sánchez y Garamendi encuentro en un acto organizado por el ICEX para presentar el Plan de Internacionalización de la Economía Española 2021-2022.

Además, también se produjo una llamada telefónica entre ambos que habría servido para lograr terminar de cerrar el acuerdo sobre los ERTE y para mantener la paz social, además de para calmar el malestar en CEOE por la «traición» del apoyo del Ejecutivo a Conpymes, según indicaron fuentes gubernamentales a Economía Digital.

No obstante, el ministro José Luis Escrivá negó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario del jueves convocado para aprobar la prórroga de los ERTE que el detonante que facilitase el acuerdo hubiese sido la llamada de Sánchez.

“El presidente del Gobierno no ha intervenido en ningún momento y yo cerré la última propuesta con el presidente de la patronal en torno a las 15.30 unilateralmente, una vez habíamos desatascado el punto de conflicto elevamos la propuesta a la mesa tripartita donde conjuntamente cerró el acuerdo”, especificó. 

Lo cierto es que se produjo una videoconferencia tripartita y al mismo jueves por la mañana se convocó para el acto de firma del acuerdo con los líderes empresariales y sindicales, y con la presencia también de Yolanda Díaz, tras recibir el alta después de un día de baja médica. 

La oposición a la derogación de la reforma laboral

A nivel político el punto álgido de las desavenencias entre el Gobierno y la patronal se vivió en mayo de 2020, cuando el Ejecutivo selló, en el marco de las negociaciones por los Presupuestos de 2021, un acuerdo con Bildu para acometer la derogación de la reforma laboral del año 2012 elaborada por Fátima Báñez en el anterior Ejecutivo del PP, lo que provocó que CEOE llegase a anunciar incluso la suspensión del diálogo social al considerar que el Gobierno había roto toda la confianza que mantenía con los empresarios en la gestión de la crisis.

Finalmente el pacto ‘anti-reforma laboral’ del PSOE y Bildu no prosperó, pero los encontronazos entre el Gobierno, y concretamente la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y los empresarios por las pretensiones de derogar la normativa de 2012 o al menos los aspectos más lesivos se han ido sucediendo hasta la actualidad.

Y es que en el seno del Gobierno el ala de Unidas Podemos liderado por Díaz insiste en la derogación; tanto es así que la propia vicepresidenta proclamó recientemente en el Congreso Federal de UGT y a Bildu en el Congreso su compromiso de derogar la reforma laboral del PP, tal y como reivindican los sindicatos y los socios de la coalición de Gobierno, frente al rechazo y los pronunciamiento contrarios de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, en línea con CEOE, e incluso en buena medida con Sánchez, que elude hablar de derogación y solo promete una «actualización de la normativa laboral».

En el Plan de Recuperación remitido a Bruselas el Gobierno plasma su hoja de ruta laboral pero no contempla la derogación de la reforma laboral al uso, si bien Díaz insiste en que derogará la normativa del PP y acometerá los principales cambios. Los empresarios reclaman dar prioridad a las peticiones de Bruselas, que pasan por las políticas activas de empleo, atajar la dualidad y la reducción de los contratos, en línea con lo defendido por Calviño.

De hecho, en CEOE no vieron con buenos ojos el primer borrador presentado por Trabajo en el marco del diálogo social para rmodernizar el mercado laboral, que contempla limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en varios puntos, como para fijar sueldos y horarios.

Antes de que acabe el año el. Gobierno deberá haber acometido la simplificación de contratos, la reducción de temporalidad, el establecimiento de un mecanismo de flexibilidad permanente, la adecuación de la regulación de las subcontratas y la modernización de la negociación colectiva. 

Entre tanto, el nuevo presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, nombrado el pasado mes de marzo, ha defendido en sus primeros pasos en el cargo una vieja petición del lobby empresarial, como es es reducir el número de contratos y recortar el coste del despido.

Impuestos y SMI

Los empresarios consideran que dar marcha atrás a la reforma laboral “afectará negativamente a la creación de empleo y el crecimiento», según señalan a Economía Digital, y estos son también algunos de los principales argumentos que arguyen para rechazar también la reforma fiscal del Gobierno y el previsible aumento de impuestos, así como para mostrarse contrarios a un alza de los salarios, especialmente del Salario Mínimo.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a mediados de abril la constitución de un comité de expertos encargado de elaborar recomendaciones, con margen hasta febrero de 2022, para la futura reforma fiscal. Fuentes de CEOE señalaron a Economía Digital que el pretendido aumento impositivo de Montero, con el foco en grandes corporaciones, sería perjudicial en este momento para la economía y podría perjudicar a la recuperación, así como dañar a la generación de empleo o incluso precipitar despidos en determinadas compañías.

Tras la remisión del documento definitivo del Plan de Recuperación el. pasado 30 de abril, desde la patronal acusaron al Ejecutivo de ocultar el «sablazo fiscal», ya que en texto se planteaba y dejaba entrever la fijación de un tipo mínimo de Sociedades, el aumento del impuesto de Patrimonio, la revisión de bonificaciones fiscales como las deducciones en el IVA o la imposición de carburantes, así como el impuesto a los plásticos, una tasa aérea, otro gravamen a los residuos o el posible establecimiento de peajes en todas las carreteras.

Otra ‘batalla’ entre el Gobierno y los empresarios, con tregua por el momento, se refiere a los salarios, y es que tras la lucha de Yolanda Díaz por acometer un nuevo alza del Salario Mínimo (subió a 950 euros en 2020) también este año, en 2021, finalmente la negativa de Nadia Calviño, en connivencia con los empresarios, se impuso y quedó aparcado.

Está por ver cuándo verá la luz el informe encargado por el Ministerio de Trabajo para estudiar el impacto del SMI, al que también mostraron reticencias por su posible repercusión en el empleo desde organismos como el Banco de España. Mientras ,patronal y sindicatos comienzan a hablar de una posible moderación de los salarios e incluso una bajada de los mismos para los tres próximos años en el marco del nuevo y V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Pese a no haberse cumplido el alza generalizado de los salarios al 3% ni que los convenios tengan un salario mínimo de 1.000 euros como se había establecido, tal y como se consensuó en el IV acuerdo firmado por sindicatos y patronal para los años 2018, 2019 y 2020, la situación económica podría empujar a las partes a acordar una congelación o incluso una disminución salarial. Actualmente los alzas acordados en convenio son de entorno al 1,6%, frente al casi 2% de hace un año.