El año en funciones cuesta a España 30.000 millones

El desacuerdo en política goza de un prestigio exagerado. Y el desacuerdo ritualizado entre Partido Popular (PP) y PSOE ha supuesto para la economía española cerca de 30.000 millones de euros (el 90% en materia de inversión), el 2,5% aproximado del producto interior bruto (PIB), según las cifras aportadas a Economía Digital por los sectores punteros.

El Ministerio de Economía se niega de momento a contrastar las cifras calculadas por este medio debido a la ausencia de una estadística fiable, pero sí  acepta que el lucro cesante de la actividad económica provocada de la falta de Gobierno ha impedido que la expansión del PIB superase el 4 o el 4,5%.

Luis de Guindos ha presentado esta semana el horizonte presupuestario ante el Eurogrupo sabiendo que debe ajustar en 5.000 millones por la exigencia de estabilidad presupuestaria de la zona del euro. Pero, al mismo tiempo, el ministro está convencido de que creciendo por encima del 2%, en 2017, la economía española seguirá creando empleo.  

Aunque las cuentas empiezan a ser preocupantes, España ha cumplido con las dos exigencias: cierre del presupuesto en julio, y la modificación de los pagos a cuenta del impuesto de sociedades. De Guindos tiene por lo menos un conejo más en la chistera, lo que habría de permitirle cerrar la boca al presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, un socialdemócrata sin empaque intelectual, situado entre la flojera histórica de Tony Blair y el nacionalismo rampante de sus compatriotas.

Tiempo perdido

Cuando se habla del tiempo perdido, lo primero son los contratos de obra pública congelados. El interregno electoralista 2015-2016 ha intensificado la caída de la licitación en torno a un 80% en territorios preferentes como Andalucía y Cataluña. Las constructoras agrupadas en Seopan y las de segundo nivel que actúan de subcontratadas están afectadas además por las malas  prácticas de pago, que se han acentuado en este periodo.

Los grandes adjudicatarios se retrasan en los pagos o efectúan aplazamientos muy dilatados a la parte más débil de la cadena de valor. Y la conclusión no podía ser otra: entre cierres temporales y aplazamientos de proyectos, la construcción ha vuelto a los años de los bajos costes del porlan aluminoso.

Promotores, constructores e ingenieros no dudan en señalar que la actual situación es insostenible, no sólo para los empresarios o empleados del sector, sino desde el punto de vista ciudadano, que requiere unas mínimas inversiones en infraestructuras -transportes, sanitarios, educativos, medioambientales-. Sin embargo, con el presupuesto actual de las distintas administraciones públicas apenas da para el mantenimiento de las infraestructuras ya construidas.

La caída de la contratación parecía hacerse frenado tras 2012, cuando las licitaciones de obra pública por debajo de los 3.000 millones de euros, y comenzó una tímida recuperación a partir de 2013 y 2014. En ese último año las licitaciones superaron los 5.000 millones, cifra muy alejada de los casi 17.000 millones de 2007, pero que empezaban a vislumbrar un cambio de tendencia.

Sin embargo, fue un espejismo. Los recortes para cumplir con los objetivos de déficit unidos al año electoral han llevado a la obra pública a unos mínimos históricos en 2016 y con un sector que da el año por perdido. Para acabar de empeorar el clima, dos empresas españolas van  a la greña lejos del país: OHL y Cobra (filial de ACS) se han peleado por el trayecto de alta velocidad entre La Meca y Medina, conocido como el AVE del desierto; y la misma cabecera de Florentino Pérez pone pies enpolvorosa en el Tunel de El Pertus.

El sector no recuerda una buena noticia como no sea la inauguración del emblemático Puente de Cádiz, nexo entre la tacita y la Península, a cargo de Mariano Rajoy, Susana Díaz y el alcalde González Kichi. La inexistencia de Gobierno ha afectado de manera diversa y no a todos les ha ido tan mal. Los químicos por ejemplo exportan mucho más que antes de la crisis y sus plantillas totalizan más de 200.000 empleos directos; es decir, no han notado el bache político gracias a su poderoso comercio exterior, destaca Feique (la patronal química española).

La «mala regulación»

En Farmaindustria, uno de los lobbies más poderosos y opacos del país, solo se deslizan quejas dirigidas al mal funcionamiento de los organismos reguladores y, en última instancia, a la inoperancia del Ministerio de Industria. Para los laboratorios, éste es un déficit que viene de lejos y que el actual vació de poder no ha hecho más que acrecentar.

La penetración de los genéricos y el impago de las administraciones a los distribuidoras han roto la cadena de valor, lo que, a criterio de compañías emblemáticas (como los laboratorios catalanes como Almirall, Uriach y Ferrer Internacional), está laminando el i d i, la piedra angular. Hay una segunda derivada de importancia capital que suele pasar desapercibida: la conexión Universidad-empresa en el mundo de la farmacopea.

Hoy, esta conexión es una plataforma que se hunde lentamente bajo nuestros pies y aleja a los laboratorios de las correlaciones alcanzadas por los clústers tecnológicos o los centros de excelencia aeronáuticos. Otros, como el lobby eléctrico Unesa, que integra a las tres grandes Endesa, Iberdrola y Gas Natural así como al resto de compañías de tamaño menor, ha seguido sin inmutarse incrementado ganancias en sus cuentas resultados, gracias al precio de la energía fósil.

Los lobbies que no pierden

A Unesa no le cuesta defender a los suyos, con o sin ministro de Industria, con o sin el sobreentendido sustituto, Rafael Catalá. Su secreto es muy simple: 28 millones de consumidores han visto cómo el precio de la luz ha aumentado más del 80% mientras los beneficios de las eléctricas no han dejado de crecer, incluso en los peores años de la crisis.

Y aunque el 16,6% de los españoles tiene serios problemas para afrontar los pagos de la luz y de la calefacción (entre los 5,5 millones que se encuentran en el umbral de pobreza) una cosa nunca falla: el déficit tarifario.

El lobby eléctrico gana con o sin Gobierno; su presión no depende de la coyuntura sabiendo que en la Unión Europea, sólo los habitantes de Ale­mania, Irlanda y Dinamarca pagan más que los españoles en la factura de la luz. La energía es concomitante con el metal y con el cemento, dos sectores muy intensivos en calor.

El metal, eje troncal de la cuarta economía de la UE, sufre menos de los vaivenes de la política gracias a las cabeceras automovilísticas implantadas en España (General Motors, Volkswagen, Nissan, PSA, Renault o Ford) y, si ha tenido altibajos serios se han debido más a las consecuencias de la crisis de las marcas en los mercados internacionales (caso Volkswagen). El 75% de los coches que se fabrican en España se exportan, con lo que la parte del león se pone a salvo en la locomotora del PIB salvador del último trienio.

La banca también es un sector. Y sus baches señalan directamente a la ausencia de una acción decidida del Ministerio de Economía, que un día nacionalizó Bankia y fusionó los bancos malos a escote en el balance de los muy buenos; y después, parece haberse olvidado del resto.

Hoy, tras un ajuste silencioso de 75.000 empleados, ajuste bien pagado en su mayoría, el sector no duerme tranquilo. Y así será mientras la tasa de retorno de los activos de la banca española sea del 4,7% y el precio del dinero importado ronde el 8%, según datos del Banco de España.

Directivos que recelan de los políticos

Con este esquema en la mano, el negocio tradicional bancario está muerto. Ahora, las entidades esperan a que Rajoy sea investido y que De Guindos, en calidad ya de vicepresidente de Economía, se saque realmente el último conejo. A lo largo del casi año electoral se nos han hecho pesadas varias cosas. La peor de todas ha sido comprobar que los líderes políticos esgrimen razones democráticas para hacer discursos diferentes.

Viven inmersos en un elogio a la singularidad y, cuando se dirigen a la ciudadanía, radicalizan sus programas  para alejarse de sus contrincantes. Mientras tanto, la lógica de los mercados prosigue su marcha hacia un punto cenital de no retorno. Llegará un momento en que un puñado de nuevas leyes para impulsar la economía productiva serán insuficientes. Quienes peor viven el impasse son los directivos. La opinión de estos últimos pesa tanto como un tercio de la economía (casi lo mismo que la economía sumergida).

La volatilidad del tipo de cambio o el encarecimiento de las materias primas, teniendo en cuenta que todavía se mantiene el acusado descenso del precio del petróleo, son vistas como las amenazas con menor impacto en la evolución de los negocios. La incertidumbre política y la inseguridad jurídica son dos de los principales escollos para la evolución de las empresas.

Ineficiencia política

En el capítulo de peticiones al Gobierno, el 24% de los directivos cree que la reducción de la carga regulatoria mejoraría el clima de negocios, mientras que la falta de flexibilidad en las relaciones laborales se sitúa, según el 13%, como la tercera amenaza más importante para las empresas españolas. Pero en este último extremo, los directivos van a contracorriente. No parecen saber que vamos hacia una refundación de la reforma laboral del PP, exigida por el PSOE a cambio de su abstención en el Congreso.

España, el país que haría las delicias del economista clásico David Ricardo por su alta productividad (salarios muy bajos) y competitividad (tipo de cambio del euro favorable) tiene un comercio exterior envidiable, con una tasa de cobertura que la convierte en una economía netamente abierta. Pero se han perdido meses decisivos e inversiones por valor de 30.000 millones de euros. Si el frenazo fuese la próxima parada, la causa sería claramente  la ineficiencia de la política.