El drama de los hoteles y agencias con el Imserso: trabajan a pérdidas

Hoteleros y agencias de viajes urgen al Gobierno a mejorar los viajes del Imserso para percibir un margen mayor que el actual, que en algunos casos les supone trabajar a pérdidas, en un programa sobre el que han alertado también distintas administraciones territoriales, algunas de las cuales incluso han establecido complementos para compensar a los alojamientos.

Ya desde su creación a mediados de los años 80 el programa de turismo para mayores gestionado por el Imserso se reveló como un acierto. Permitía conjugar la necesidad de mantener abiertos los hoteles -y el empleo- en temporada baja con la aspiración de viajar de personas mayores, para las que en muchos casos se trataba de las primeras vacaciones de sus vidas.

Pero los hoteleros, que cobran una media de 26,6 euros por persona y día, y las agencias, que perciben 14 euros por cada viaje que gestionan, según datos de ambos gremios, consideran que se debe actualizar el programa y subir los precios, máxime en un escenario de elevada inflación como el actual.

Los precios para el usuario final oscilan esta temporada entre los 116 euros del programa de turismo interior en capitales de provincia con transporte, tres noches de hotel y media pensión, hasta los 405 euros en las islas Canarias para estancias de 9 noches también con transporte incluido y, en este caso, con pensión completa.

Los precios para el usuario final oscilan esta temporada entre los 116 euros

Los viajes se financian en un 80% con la aportación de los usuarios y en el 20 % restante, con fondos públicos. El coste diario por persona (pensión completa con agua y vino) para un hotel está en unos 30 euros, pero perciben 26,62 euros, en cifras medias.

En septiembre de 2021 se adjudicó el concurso para la temporada 2021-2022, prorrogable por dos más, a Mundiplan (una UTE de Iberia, IAG7 y Alsa), que se hizo con los lotes 1 y 2, correspondientes a zonas de costa peninsular e insular, respectivamente, y a Turismo Social (Ávoris), que se quedó con el número 3, de turismo de interior y procedencia europea.

Las agencias piden un 10%

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Carlos Garrido, ha explicado a Efe que el margen operativo de estos servicios debería alcanzar el 10% del precio del paquete, mientras que ahora cobran 14 euros por cada uno, lo que significa que en el caso de los viajes más caros apenas se llevan un 3,4 % bruto.

Por ello, la demanda de subir precios «viene de lejos», dice Garrido, que insta al Gobierno a que explique si habrá una nueva prórroga del contrato vigente (que admite una temporada más) o si se va a hacer un nuevo concurso.

En todo caso, si se replanteara el modelo pide la participación de las agencias en su definición porque conocen bien al cliente y tienen identificadas las novedades y destinos más atractivos para este segmento del mercado.

Los hoteleros alertan: peligran las empresas

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, ha dicho a Efe que en algunos casos las empresas del sector se ven en peligro «por los pasivos sociales que acumulan y porque se sienten rehenes».

Por ello, defiende un nuevo concurso «más actual, más moderno» en el que los hoteleros no sean «convidados de piedra».

Gobierno dividido: Maroto Vs Belarra

En el seno del Gobierno hay dos sensibilidades enfrentadas, según coinciden distintas fuentes del sector consultadas por Efe: por un lado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, (PSOE), que apoya las demandas del sector turístico, y por otro, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos), de quien depende el instituto gestor del programa y que se resiste a subir las tarifas.

La ministra de Industria considera que es preciso «modernizar» el programa y atender las demandas del Consejo Estatal de las Personas Mayores y del sector turístico para «garantizar su continuidad y sus buenos resultados».

Fuentes del Ministerio de Asuntos Sociales señalan que «cabe recordar» que la razón de ser de los viajes del Imserso son los «intereses de las personas mayores, de la actividad y la interacción social como envejecimiento activo y saludable». Por ello, añaden, «se configuran más como un derecho de los y las pensionistas españolas».

Unas 844.000 plazas

Para esta edición se han ofertado 844.000 plazas, más de la mitad para la costa peninsular, seguida de las costas insulares y el turismo de interior.

Más de 6.000 agencias de viajes -prácticamente todas las generalistas que hay en España- trabajan en la venta de estas vacaciones, en las que el perfil del viajero va cambiando con el tiempo porque cada vez demandan más turismo cultural, de capitales de provincia y ligado a la naturaleza.

En esta convocatoria se suprimieron las estancias de 15 días porque apenas eran demandadas por un 3 % de los viajeros, que buscan ahora estancias más cortas y, en algunos casos, con mayor autonomía para desplazarse por sus propios medios.

Las administraciones territoriales completan el programa

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, defendió en el marco de Fitur que el Imserso se debe pagar «al precio que vale» y no por debajo del coste y destacó el «alineamiento claro» con el Ministerio que dirige Reyes Maroto, al tiempo que pidió una subida de precios a la ministra Ione Belarra.

El Gobierno regional valenciano aporta al programa cinco millones de euros a los establecimientos adheridos para «fortalecer al sector hotelero» y facilitar el mantenimiento del empleo.

El pasado octubre el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, pidió al Gobierno central que revise el programa para que se mantenga «en términos razonables» para las empresas, después de que este año se haya desplomado la oferta de hoteles participantes, según sus datos.

También el Parlamento balear instó al Gobierno central a garantizar «precios unitarios con valores de mercado, ajustados a los costes de producción» en la actual coyuntura, preservando los parámetros de calidad en la oferta de los viajes.

El Consell de Ibiza y los ayuntamientos de Santa Eulària y Sant Antoni anunciaron por entonces que aportarán cerca de 400.000 euros para garantizar el programa, una cantidad que iría directamente a los establecimientos.

Igualmente, los hoteleros de Murcia apelaron a una solución «urgente, real y efectiva» que les permita evitar la «ruina» ante los bajos precios ofrecidos por Derechos Sociales.