Dos años del Gobierno de coalición: el paro baja menos de 60.000 personas y la deuda se dispara un 20%

La coalición del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos presidida por Pedro Sánchez cumple su segundo aniversario marcada por la crisis sanitaria ya económica derivada de la pandemia de la Covid-19, múltiples desencuentros en el seno del Ejecutivo y una gestión económica cuestionada por la oposición ante una ranqueante recuperación con resultados dispares en paro, déficit o deuda pública.

La aritmética parlamentaria ante la fragmentación de fuerzas políticas en el Congreso ha marcado la agenda política y económica en los dos primeros años del primer Gobierno de coalición de la historia de España, tras la etapa anterior del Gobierno del PP de Mariano Rajoy, cuya segunda y última legislatura concluyó a la mitad con una moción de censura que llevó, en 2018, al socialista Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

Desde el acuerdo en diciembre de 2018 de Pedro Sánchez y el por entonces todavía secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la investidura del primero como presidente el 7 de enero de 2020, la coalición gubernamental ha tenido que encargarse de gestionar la grave crisis económica y sanitaria desatada por la pandemia de la Covid-19 desde marzo de 2020.

Con el soporte histórico de los fondos europeos de reconstrucción de la Comisión Europa (y los más de 330.000 millones de euros de compra masiva de activos y deuda española por parte del BCE), el Ejecutivo ha impulsado en torno a medio centenar de leyes en estos dos años de legislatura de intensa actividad, con idas y venidas en el consenso del Gobierno ante las distintas posturas de los socios. En el ecuador de la legislatura, toca hacer balance y calibrar los apoyos ante un panorma a corto y medio plazo plagado de citas electorales determinantes.

Menos paro pero más deuda y déficit

Parejo a la gestión de la crisis sanitaria, la coalición gubernamental ha tenido que centrar sus esfuerzos y priorizar su actividad en tratar de preservar el tejido productivo y la actividad ante el shock histórico de la pandemia del coronavirus, que echó por tierra la senda de crecimiento iniciada en 2012 al provocar la mayor caída de PIB de la historia en su primer año (2020).

La economía española había logrado cerrar el año 2018 con un avance de PIB del 2,4%, que se moderó al 2% en el año 2019 y que dio por completo una vuelta al desplomarse un histórico 10,8% en 2020 por la irrupción de la pandemia y las consecuentes restricciones y Estado de alarma derivados de la misma.

En lo referido al mercado laboral, uno de los puntos candentes en la actividad reformista del Gobierno ante las discrepancias internas en torno al a reforma laboral, las cifras de desempleo muestran una mejora limitada con un descenso de 57.700 parados en los dos años de coalición, al pasar la cifra de paro de los 3.163.605 desempleados en diciembre de 2019 a 3.105.905 personas sin empleo, según los últimos datos de cierre de año 2021 del Ministerio de Trabajo.

En paralelo, la afiliación ha escalado hasta su nivel récord histórico. Nunca antes España había alcanzado un volumen de afiliados medios tan alto, de 19.824.911 ocupados, lo que supone que en dos años marcados por la pandemia se han creado un total de 416.373 puestos de trabajo respecto a los datos de diciembre de 2019.

Eso sí, hay que tener en cuenta en todo momento la incidencia de la pandemia, ya que mientras que en el año previo a la llegada de la Covid España logró bajar su nivel de paro en 38.692 personas, el año de inicio de la pandemia en 724.532, lo que explica la notable creación de más de 775.000 empleos este año, permitiendo una reducción histórica del desempleo de 782.232 personas, aunque un 60% fue generado por el sector público.

Además, el mercado de trabajo español sigue adoleciendo de problemas estructurales por sus altos niveles (más alto de la euro zona) y su dualidad, con una elevada tasa de temporalidad, ya que nueve de cada diez contratos que se crean son de carácter temporal, algo que ha permanecido prácticamente invariable en los últimos ejercicios.

Dos Presupuestos con gasto ‘récord’: la deuda sube en 230.000 millones y sin ajuste a la vista

En medio del ‘tsunami’ de la pandemia y la complicada aritmética parlamentaria, el Gobierno ha logrado sacar adelante dos Presupuestos Generales del Estado (PGE) consecutivos en tiempo y forma tras varios ejercicios de prórrogas y demora, sumando el apoyo de un total de 188 diputados de 11 formaciones distintas (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu, PDeCAT, Más País, Nueva Canarias, Compromís, Teruel Existe y PRC).

Aprovechando la suspensión de las reglas fiscales por parte de la UE para permitir la adopción de medidas de escudo frente al embiste de la pandemia, el Gobierno ha impulso una clara política expansionista con récord de gasto público y social en sus sendas cuentas públicas, pese a dispararse el déficit y la deuda pública.

Organismos como el Banco de España y la AIReF llevan un año reclamando al Ejecutivo que diseñe ya una política de equilibrio presupuestario que especifique el ajuste a desarrollar, sin embargo el Gobierno se resiste, mientras ha ido prorrogando el ‘escudo social’ frente a la pandemia, como los ERTE, los avales del ICO o las moratorias, y delega la profunda reforma fiscal prevista en principio para 2023 en un comité de expertos que dará a conocer sus conclusiones a finales de febrero.

Así las cosas, el déficit público ha escalado desde el 2,5% del PIB en el que se encontraba cuando el Gobierno socialista de Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, al 2,9% en 2019 y al 10,1% del año 2020, aun así por debajo del nivel de 2019 (11,06% del PIB). El Gobierno prevé cerrar este año en el 8,4% y el próximo ejercicio en el 5%.

Pero sin duda uno de los puntos flacos en la gestión del Gobierno es el enorme aumento de la deuda pública registrado en el primer año y medio de la coalición de Gobierno, pasando de un pasivo de 1,11 billones de euros al término de 2019 a 1,42 billones de euros en octubre del año pasado (121,2% del PIB), según el último dato del Banco de España, lo que supone un alza ni más ni menos que de 232.835 millones de euros.

La crisis energética, la inflación y el maná de los fondos europeos

Junto a la deuda pública, la gran preocupación actual a nivel económico es la crisis energética y de precios actual, con varios meses de incremento del IPC, hasta el 6,7% en diciembre, el mayor nivel en tres décadas, por el incesante aumento de los precios de la electricidad, que ha forzado al Gobierno a rebajar los impuestos de la luz ante la presión de la oposición y civil.

Se añade a todo ello la crisis de suministro actual a escala internacional que está afectando a las cadenas globales y que en el caso de España podría tener un impacto entre 2021 y 2022 de más de 13.000 millones de euros. Con todo, los expertos vaticinan que la crisis energética, es decir, el alto volumen de los precios de la electricidad y el gas, así como la crisis de materias primas podría dar por un giro a partir de la primavera.

Otro de los grandes capítulos de la gestión de la coalición gubernamental es el referido al ‘salvavidas’ europeo del Mecanismo de reconstrucción, dotado con 750.000 millones, de ellos 160.000 millones para España hasta 2026 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye 212 reformas e inversiones.

Bruselas ya ha desembolsado a España 19.000 millones de euros en transferencias pero la sombra de la escasa ejecución y las dificultades de acceso de pymes y autónomos a estos recursos ha sobrevolado desde el inicio de la ejecución. Hasta la fecha, el Gobierno solo ha inyectado en la economía el 48% de los fondos recibidos.

Grandes discrepancias internas: Ley de Vivienda, reforma laboral o el SMI

En el terreno político las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos se han ido sucediendo con motivo de la renovación de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (iCGPJ), la política en torno al desafío independentista catalán y los indultos por el ‘procés’ y por dos de las principales reformas de la legislatura: la reforma laboral y la nueva Ley de Vivienda.

Algunos de estos escollos evidenciaron las discrepancias internas, hasta el punto que Sánchez decidió acometer una profunda renovación de Gobierno el pasado mes de julio. Calviño será vicepresidenta primera. Abandonan el Ejecutivo pesos fuertes del PSOE, como Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Juan Carlos Campo, Arancha González Laya, Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes y Pedro Duque y entraron ministros más jóvenes, tres alcaldesas del PSOE (Raquel Sánchez, Pilar Alegría y la portavoz Isabel Rodríguez). Iván Redondo dejó de ser jefe de Gabinete del presidente y fue sustituido por Óscar López.

Tanto el PSOE como Podemos llevaban años prometiendo la derogación de la reforma laboral del PP de 2012, sin embargo, tras nueve meses de discrepancias en el seno del Gobierno (principalmente entre la vicepresidenta primera Nadia Calviño y la segunda, Yolanda Díaz) y de arduas negociaciones con los agentes sociales, el Gobierno logró un acuerdo para una reforma «de mínimos» acordada con CEOE y sindicatos.

Este se ha sumado a la larga lista de pactos en el diálogo social suscritos a lo largo de la crisis sanitaria en materias como los ERTEs, para proteger el tejido empresarial, o de otra índole, a diferencia de lo sucedido con la Ley de Vivienda, cuya aprobación se postergó nueve meses por las diferencias en el seno del Gobierno.

También fue sonado el encontronazo por el alza del SMI para el último cuatrimestre de 2021, de 15 euros, hasta 965 euros al mes en 14 pagas, que se cerró sin el apoyo de CEOE y tras meses de reproches entre el ala socialista y el de Unidas Podemos, de nuevo con Calviño y Díaz protagonizando sobre todo el choque mediático.

47 leyes aprobadas y un 44% de compromisos de coalición cumplidos

A pesar de las discrepancias entre los socios y de la complicada aritmética parlamentaria, el Gobierno de coalición ha conseguido aprobar 47 leyes, por encima de las 39 leyes de los últimos años de mandato de Mariano Rajoy, según los datos del Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes.

Según Moncloa, el Gobierno ya ha cumplido el 50,2% de los compromisos que adquirió el jefe del Ejecutivo en su discurso de investidura ante las Cortes Generales y en 2021 se habrían cumplido el 19,3% del global de compromisos adquiridos desde la investidura. De los 428 compromisos procedentes del acuerdo de coalición progresista, se han cumplido el 44,4%, con la previsión de alcanzar el 51,2% a mitad de este año.

El acelerón de su acción normativa, en parte para cumplir con los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, ha incluido reformas y normas trascendentales como el ingreso mínimo vital, la nueva Ley de Educación, la de Vivienda, la de Cambio Climático y Transición Energética o la ley de protección integral a la infancia.

En materia fiscal el Gobierno ha impulsado un alza del IRPF a las rentas altas, el aumento del impuesto de Patrimonio, así como de los planes de pensiones para impulsar los de empresa frente a los individuales, al tiempo que ha subido el IVA de las bebidas azucaradas, de las primas de seguro y ha fijado un tipo mínimo del 15% en Sociedades, además de haber creado las tasas ‘Tobin’ y Google’, sin esperar finalmente al consenso internacional.