La empresa española sale de la pandemia menos competitiva y más local

El sector empresarial español lleva 17 meses capeando el embiste de la crisis del coronavirus y las medidas de restricción derivadas de la pandemia, y aunque parte del conglomerado empresarial empieza a notar la recuperación, otra buena parte sigue sufriendo los estragos de la crisis y la afectación en la competitividad.

En torno a un 40% del tejido empresarial existente antes de la pandemia ha desaparecido en este largo año y medio de pandemia, lo que supone el cierre de unas 44.640 empresas en los siete primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, y la llegada paulatina de la recuperación se está produciendo de forma desigual.

Al menos así lo señalan los expertos consultados por Economía Digital, que constatan una reactivación económica desde finales del mes de marzo, pero avisan de que la incertidumbre para las empresas y sobre la economía española perdura y la recuperación dependerá de la situación particular de cada empresa.

Tras un verano que ha podido ser de cierto «espejismo» de recuperación para algunas compañías, avisan de que todavía son muchos los factores que aún están provocando una sombra de dudas respecto a la ansiada y necesaria mejora de resultados empresariales y la mejora de la competitividad.

Aún queda un trecho para recuperar las cifras prepandemia del tejido productivo, en concreto, un 40%, según el último informe de Cepyme, y todo ello a pesar del rebote económico, del 2,8% en el segundo trimestre, y la mejora de las cifras de empleo y paro en el mes de agosto, tradicionalmente malo para el mercado laboral por el fin de la campaña de verano.

Tejido productivo dañado

Cepyme advierte de una pérdida de calidad en el tejido empresarial que repercutirá directamente en el tamaño de las empresas y, por ende, en su competitividad. Los expertos constatan que la empresa española está saliendo de la pandemia menos competitiva y con mayores dificultades para crecer de tamaño y poder optar a su internacionalización por distintos factores como los costes.

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, explica en declaraciones a Economía Digital que tanto la caída de la actividad como la recuperación está siendo «desigual» y varía en función del sector y las dificultades financieras que presentasen cada empresa.

Algunos sectores, como el de la vivienda, despuntan mientras que otros como el de la restauración y hostelería presenta una evolución muy dispar y el número de concursos de acreedores se ha triplicado, lo que da reflejo de la afectación de las restricciones en este sector. De hecho, el sector servicios es el más castigado, con 44.357 compañías menos que en 2019, seguido de la industria (3.399 compañías menos), mientras que han repuntado los sectores de la construcción (2.286 sociedades más) y la agricultura (832 más).

En los últimos meses se ha ido desacelerando la creación de empleo y se mantiene una considerable brecha entre los niveles registrados entre las pymes y las grandes empresas, alcanzando estas últimas los niveles precrisis, mientras que las empresas de menor dimensión siguen estando aún unos 1,2 puntos porcentuales por debajo de dicho nivel. Entre estas destacan las medianas empresas, con un 1,9% menos.

En lo que va de año el número de microempresas ha descendido un 3,1% respecto al mismo periodo de 2019, con 36.135 empresas menos; las pequeñas empresas han caído un 4,8%, con 7.536 empresas de pérdida; y las medianas un 3,8%, con 974 menos, mientras que las grandes han aumentado, con seis empresas más.

El problema de la competitividad

Pich ha incidido en el problema de la competitividad, para lo que ve necesario crecer de manera «muy sostenible» en campos que creen mucho excedente, como puede ser abordar los retos de sostenibilidad y descarbonización, y lograr un modelo turístico más respetuoso con el medio ambiente para ser «más sofisticado» y conseguir que los turistas gasten «más y mejor».

Algunas de las singularidades españolas citadas por Pich que afectan a la competitividad con la situación de la finanzas públicas, con un déficit previsto del 8,4% y un aumento de la deuda de 20 puntos por la crisis, hasta el 119% del PIB. «Nunca se ha visto tanta exuberancia financiera y tan poco control sobre los déficits (de las distintas administraciones», ha lamentado.

A su juicio, se acertó en la adopción de medidas como los ERTE, pero teme que «habrá que hacer cosas dolorosas más tarde que pronto para hacer un salto en competitividad» porque «esto se puede complicar, no hoy, ni mañana, pero los retos son inmensos».

Entre los lastres para la competitividad de la economía española figuran la elevada tasa de paro juvenil, la falta de reformas estructurales, las lagunas en la digitalización de las empresas, ha indicado Pich, quien recuerda que en el año 2019 España ya venía creciendo menos que la media europea.

Trabas a las empresas

Concretamente sobre la empresa, los expertos consultados por Economía Digital apuntan al exceso regulatorio como una de las principales trabas a las que se enfrentan las empresas a la hora de intentar aumentar su tamaño, y es que, por ejemplo, CEOE estima que los comercios se ven afectados por más de 3.000 normas, con un coste sobrevenido anual de 1.475 millones de euros, añadiéndose una larga lista de umbrales fiscales, administrativos, contables, mercantiles y laborales

El escollo que supone para las empresas los umbrales se debe a que a medida que aumenta el tamaño de las pymes o medianas empresas reciben un tratamiento fiscal distinto al cambiar los términos de facturación, beneficios o empleo. 

A ellas se suman otras trabas en materia mercantil y de auditoría de cuentas, así como las fiscales, por los impuestos, que acaban mermando la capacidad de competir de las empresas españolas frente a sus competidores del exterior y dificultando sus posibilidades de abrir mercados e internacionalizarse.

El número de empresas que venden bienes durante cuatro años seguidos (exportadores regulares) aumentó un 4,1% en el año 2021 pese a la pandemia, hasta las 55.133 compañías, un nuevo máximo histórico, si bien la base exportadora, que representa a todas las empresas vendedoras, cayó un 7,5% rompiendo la tendencia de crecimiento de los cuatro ejercicios previos.

Los costes empresariales: SMI y precios industriales

Una de las mayores dificultades que se presenta en esta nueva fase para las empresas es el referido al aumento de los costes, como el energético, cuyo precio no ha dejado de marcar máximos históricos en las últimas semanas y ha impulsado el IPC hasta el 3,3% en agosto, máximos desde 2012.

A ello se suma, señala el economista investigador del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), Carlos Victoria, el aumento de los costes laborales, que podría agudizarse con la subida inmediata del Salario Mínimo que ultima el Gobierno.

Según estimaciones aportadas por ATA y otras organizaciones a Economía Digital, el incremento podría suponer más de 350 euros más de coste por trabajador a las empresas. Victoria (EsadeEcPol) avisa del posible impacot en determinados sectores y regiones con los salarios medios más bajos donde la subida del SMI puede ser más difícil de absorber, como el caso de Extremadura y el sector agrario.

También se ha referido Victoria (EsadeEcPol) al incremento de los precios industriales, no solo los energéticos, lo que puede provocar complicaciones de cara a la campaña de Navidad en materia de bienes de consumo debido a las tensiones en los mercados internacionales, particularmente en la distribución y logística por problemas de transporte marítimo o interrupcion de las cadenas de suministro.

Y todo esto en un contexto de escasez de materias primas y problemas de falta de chips que ya ha llevado a paralizar la producción de automóviles en varias fábricas españolas. La falta de componentes electrónicos, de cobre, acero, plásticos o semiconductores ya ha provocado el paro parcial de producción de varios fabricantes de automóviles, y comienza a tensionar a otras industrias auxiliares o fabricantes de maquinaria original, ante el acaparamiento de China.

Las medidas y los retos

El economista investigador del Centro de Políticas Económicas de Esade (EsadeEcPol), Carlos Victoria, ha indicado a Economía Digital que algunos de los principales puntos de incertidumbre sobre las empresas en su salida de la pandemia pasan por la recuperación del empleo, si se conseguirá sacar a las 270.000 personas en ERTE concentradas en determinados sectores, como el turístico.

Además, al igual que Pich, se ha referido a la baja ejecución de algunas líneas de ayudas transferidas a las CCAA, como el paquete de 7.000 millones de euros para la solvencia de pymes y autónomos. Las distintas organizaciones de autónomos, como ATA y UPTA, han denunciado las dificultades en el acceso a las ayudas por los requisitos y las imposibilidades de acceder a las mismas.

Como retos focalizan en la digitalización y adaptación de las empresas a la revolución tecnológica, con la consecuente inversión en maquinaria, equipos y formación; la transición ecológica y la adaptación de las empresas a la misma, y la recualificación de los trabajadores.

Para Victoria (EsadeEcPol) es necesario aprobar una nueva prórroga de los ERTE hasta finales de año y avanzar en el nuevo mecanismo permanente pospandemia, así como mantener las medidas de liquidez y estudiar mecanismos que permitan la refinanciación de créditos o que inyecten liquidez en el tejido empresarial hasta que no se recupere totalmente el empleo.

De igual forma, desde Esade y especialmente desde la patronal CEOE urgen a acelerar la ejecución y licitación de proyectos derivados de los fondos europeos del Plan de Recuperación de 70.000 millones hasta 2023, para impulsar la transformación del tejido productivo.

Respecto a la internacionalización, los expertos remarcan la importancia de la colaboración entre las grandes y las pequeñas empresas, y apuntan a la necesidad de avanzar en materia de financiación mejorando los instrumentos de garantía y los avales, con medidas para incrementar y especializar el capital de algunos organismos públicos de apoyo a la financiación de empresas, como Cersa, ICO o Enissa.