Díaz se alinea con los sindicatos y complica el diálogo social a un Garamendi con elecciones a la vista

Todavía no hay una fecha marcada en el calendario, pero ya hay varios temas pendientes. El diálogo social retomará las conversaciones a partir de este mes de septiembre, un mes en el que los sindicatos ya han amenazado con convocar movilizaciones si logran que se apruebe un alza salarial.  

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) está garantizada. El Gobierno al completo y el Ministerio de Trabajo se han comprometido a ello y aunque es marca de la casa lo de sentarse con los sindicatos y la CEOE, la vicepresidenta podría llevar a cabo un incremento sin contar con el visto bueno de todos. 

Así fue en la última subida, en la que la patronal decidió salir de la negociación y dejarla en manos de los sindicatos y del Ministerio. Finalmente, el SMI se subió hasta los 1.000 euros mensuales. 

La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, aprovechó la vuelta al Congreso de los Diputados esta semana para manifestar su «apoyo explícito» a las movilizaciones de los sindicatos. La vicepresidenta pidió al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “compromiso con su país”, pero ante los últimos datos de empleo, conocidos a principios de mes y correspondientes a julio, la patronal ya habla de “moderación salarial”. 

Díaz está de parte de los sindicatos, que exigen que la subida del SMI se sitúe por encima de los 1.100 euros, por lo que las negociaciones de la administración con los representantes de los trabajadores y, por otra parte, la patronal se antojan tensas y complicadas.

Además, Garamendi tiene su propia hoja de ruta, con unas elecciones en la organización empresarial y las críticas de sus socios por aceptar los pactos que ha ido proponiendo el Ejecutivo. Con esta situación, el presidente de los empresarios tendrá que defender su postura ante otra negociación clave. 

Sin el Gobierno en la mesa de negociación, aunque impulsándola, la CEOE y los sindicatos están emplazados a lograr un pacto de rentas que contribuya a la moderación de los salarios, mientras se garantiza el poder adquisitivo de los empleados, a la vez que se insta a las empresas a regular sus beneficios. 

Tal como publicó este periódico, la negociación del SMI y la del pacto de rentas se llevarán a cabo de forma independiente. Esa es la voluntad del Ministerio de Trabajo, y es que el Ejecutivo quiere mantenerse al margen de las conversaciones para la moderación salarial y de los márgenes empresariales y considera que el acuerdo deben lograrlo los representantes de empresarios y trabajadores.

Funcionarios

Los salarios del ámbito privado no serán los únicos que deban discutirse en el diálogo social. Los funcionarios también esperan que se compense la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. De hecho, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ya prepara una «gran movilización» este mes de septiembre en Madrid.

La CEOE ha instado al Gobierno a que incluya a los empleados públicos en el pacto de rentas, algo a lo que se ha mostrado dispuesta la titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, siempre y cuando haya acuerdo para los salarios de las empresas privadas.

La CEOE ha instado al Gobierno a que incluya a los empleados públicos en el pacto de rentas

Los funcionarios también están a la espera de que se publique el real decreto de teletrabajo. Aunque el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y el Ministerio de Función Pública llegó en abril de 2021, la norma todavía no ha visto la luz, un paso fundamental para su implantación.

Pensiones

En septiembre también comenzará la negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones, la que hace referencia al periodo de cómputo para calcular las prestaciones y a las bases de cotización máximas. Ambas están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explican que «hay muchas opciones encima de la mesa», tras la polémica que han suscitado en otras ocasiones borradores sobre ampliaciones del periodo de cómputo para las pensiones y añaden que todavía no conocen las posturas de los sindicatos y de la CEOE porque la negociación no ha comenzado.

El curso que comienza estas semanas será intenso en el diálogo social y también entre los distintos grupos políticos. El Gobierno deberá recabar apoyos para los que serán los últimos presupuestos generales del Estado (PGE) de la legislatura, unas cuentas públicas que aunque se esperaba que se centrasen en consolidar la recuperación de la crisis del coronavirus, deberán estar preparados para afrontar un escenario económico e internacional incierto.