Díaz pide a Sánchez tener con el SMI la «misma valentía» que con los indultos

“La misma valentía que se ha tenido con el despliegue de los indultos toca ahora tenerla con la gente que lo está pasando mal”. Esta ha sido la tajante petición de la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la necesidad de subir este año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

Díaz ha indicado que, tras haberse reunido ya con Sánchez para abordar el asunto del SMI, que su posición es “conocida” y “el presidente lo va a pensar”, si bien ha defendido que la senda de subida progresiva del SMI realizada por la comisión de expertos hasta alcanzar el 60% del salario medio en 2023 es “bastante prudente”, según ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Economía Digital y en un acto tras la firma de un acuerdo de colaboración entre la Inspección de Trabajo y el Injuve.

En este sentido, ha mantenido su defensa sobre la conveniencia de acometer la senda recomendada por los expertos porque “da certeza a los empresarios” y urge para ayudar, en un contexto de subida del IPC del 2,7% y con una gasolina y una luz que “no paran de subir”, a los trabajadores que no están acogidos al convenio colectivo. 

“Un Gobierno progresista debe de mirar a los más débiles”

“Un Gobierno progresista debe de mirar para los más débiles que son los jóvenes y las mujeres precarias que quedan fuera de los convenios colectivos”, ha apostillado, recordando que los salarios están subiendo entre un 1,5% y un 1,8% en los convenios y reclamando la subida para atajar el problema de «pobreza laboral».

Además, frente a la postura defendida por la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, la CEOE y recogida en buena medida por el presidente del Gobierno, ha tildado de “error” vincular el SMI al crecimiento, ya que, según ha recordado, en 2019 se produjo la mayor subida del SMI, superior al 22%, y se registró el mayor crecimiento económico de Europa. y de empleo. 

De hecho, si no se sube el SMI ha dicho que no se estarían congelando los sueldos sino provocando una pérdida de poder adquisitivo en los más vulnerables ante la alta inflación.  Por ello, ha remarcado que no se puede competir con una política salarial “irrelevante” y ha pedido ser “coherentes” tras elevar las pensiones y con “prácticamente todos” los países de la UE subiendo salarios en la actual crisis. 

Con la mesa de diálogo social aún pendiente de convocar, Díaz ha avisado de que se trata de un factor de “crispación social” por lo “injusto” que sería no elevar el SMI al afectar al “eslabón más débil”. “Me duele mucho”, ha admitido. La comisión de expertos designada por Trabajo propuso subir este año el SMI entre 12 y 19 euros, hasta un máximo de 669 euros desde los 950 actuales, y una horquilla de entre 61 y 99 euros, para situarlo entre 1.011 euros y 1.049 euros en 2023, el equivalente al 60% del sueldo medio.

Pide unos PGE “ambiciosos” 

De cara a los impuestos y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, en cuyo borrador ya trabaja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Díaz ve “sustancial” lo avanzado en el marco de la OCDE para fijar un tipo mínimo de Sociedades a escala internacional. 

A su juicio, los impuestos que se pagan en España son “muy semejantes” a los europeos pero hay “enormes agujeros” por las bonificaciones fiscales, que hacen que las compañías acaben pagan “un 1% o un 3% frente al 15%, generando una brecha de “miles de millones”. 

“Hay que hacer pedagogía, no se trata de subir o bajar impuestos, sino de quién paga los impuestos”, ha apostillado Díaz, quien ha pedido unos Presupuestos “ambiciosos”, con mantenimiento de servicios públicos y en los que se aborden las pensiones mínima y no contributivas. Todo ello a negociar ahora entre PSOE y Unidas Podemos. 

Nueva prórroga de los ERTE

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha avanzado que “sin lugar a dudas” habrá que acometer previsiblemente tras el 30 de septiembre una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que considera sobre este mecanismo que “no tiene sentido dejarlo caer”. 

Con un impacto actual de 555 millones de euros y con algo menos de 450.000 trabajadores bajo el mecanismo, Díaz desea que no sea necesario tener que prorrogarlo pero cree que «por desgracia» será necesario en función de los efectos e la pandemia sobre el turismo internacional, por lo que ha querido lanzar un mensaje de “certeza” respecto a que las compañías que lo necesiten seguirán acompañadas tras septiembre. 

Y es que este mecanismo ha resultado “muy eficaz”, por lo que tal y como se ha comprometido con Bruselas el Gobierno, si hay una crisis puntual se continuará protegiendo las rentas y los trabajadores mediante el mecanismo estructural de flexibilidad interna que evite los despidos que se stá negociando en el marco del diálogo social.

En cualquier caso, Díaz ha negado que las empresas que permanecen bajo un ERTE estén «en dificultades», ya que un tercio de los trabajadores en ERTE está con reducción de jornada y a medida que mejore la pandemia «retornarán a su situación anterior.

«La reforma laboral es tan marxista como la que recomienda el Papa»

Por otra parte, la vicepresidenta ha recurrido al humor para reaccionar al documento de la CEOE en la que tildaba de «marxista» la reforma laboral que propone Trabajo. Díaz ha respondido que «es tan marxista como la que recomienda el Papa, Biden o la Comisión Europea».

Con todo, el Ejecutivo abordará las recomendaciones país realizadas por la Comisión Europea y Díaz se ha “autoimpuesto” aprobar y recoger en el BOE todos los cambios de la primera tanda en materia laboral antes del 31 de diciembre. Ha querido reconocer le trabajo de los agentes sociales y haber “estado a la altura” durante la crisis. 

Entre otras propuestas, Trabajo plantea fijar la contratación fija como la ordinaria, limitar la contratación temporal, recuperar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en los salarios y establecer un mecanismo con el fin de priorizar la reducción de jornada frente a los despidos. Propone sustituir los contratos temporales para trabajadores estacionales por los nuevos contratos fijos-discontinuos y que las empresas tengan que realizar un censo de los empleados bajo esa modalidad.