Díaz retomará el miércoles la negociación de la reforma laboral

El diálogo social lleva dos semanas en tensión con motivo de las negociaciones sobre la subida de entre 12 y 19 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobará el Gobierno en breve haya o no acuerdo, en medio del rechazo de la patronal y la falta de consenso con los sindicatos, que reclaman un alza de entre 25 y 30 euros, pero a este frente se sumará el miércoles que viene otro pendiente desde antes del verano: la reforma laboral.

Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lleva días apelando al consenso y trabajando por coincidir las distintas posturas sobre el SMI, y en ese clima de llamamiento al acuerdo ha ido recordando que toca ya retomar la negociación para abordar la reforma laboral antes del 31 de diciembre, fecha comprometida con Bruselas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación.

Así las cosas, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para el próximo miércoles –el día habitual en el que se venía trabajando sobre esta reforma–, con el fin de reanudar los trabajos y acelerarlos para lograr alcanzar un acuerdo, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

Con toda probabilidad la nueva etapa de la negociación no será fácil por la tensión actual respecto al SMI y por las desavenencias que ya presentaba la patronal con el Gobierno y los sindicatos antes del verano en materia de reforma laboral, sobre todo en lo referido a la temporalidad.

SMI, reforma laboral, pensiones y ERTEs

Y es que tras las vacaciones de verano han coincidido en el tiempo prácticamente a la vez tres de los principales asuntos que generan mayor discrepancia en el seno del diálogo social, como son la subida del SMI, cuya negociación formal se cerró la semana pasada sin acuerdo y continúan los contactos informales para alcanzar un acuerdo; y también la de pensiones y la de la reforma laboral.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado ya a sindicatos y patronal a una reunión este lunes 13 de septiembre para tratar los principales flecos pendientes de la primera pata de la reforma de las pensiones, para la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha pedido respaldo a la oposición para sacarla adelante en su tramitación parlamentario que arranca este mes de septiembre.

Uno de los puntos más relevantes a negociar después de la aprobación del primer bloque de la reforma de las pensiones es el referido al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta primera parte de la reforma y que sustituirá al factor de sostenibilidad, así como la el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos desde 2023, la Agencia Estatal de la Seguridad Social, las pensiones de viudedad de las parejas de hecho o la cotización de los becarios.

Pero sin duda la negociación que podrá acarrear mayores desavenencias es la de la reforma laboral ante las discrepancias palpables y expresadas por las partes en los trabajos realizados antes del verano por las propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo y su pretensión de derogar la reforma laboral del año 2012 del anterior Gobierno del PP.

Además, para el jueves día 16 se ha convocado la mesa para negociar la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en la que CEOE batallará para eliminar el veto a los despidos y, en un punto de coincidencia con los sindicatos, para mantener las exoneraciones y bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se tendrá que empezar a trabajar también en el nuevo mecanismo de

Díaz se compromete a aprobar su reforma antes de fin de año

DE cualquier forma, Yolanda Díaz ha mantenido esta misma semana su compromiso de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique antes del 31 de diciembre la reforma laboral que derogue la del PP del año 2012 para evitar el «daño» que ha hecho a España, «con despidos masivos», negando que sea por motivos «ideológicos».

Tanto Díaz como Calviño han apelado en los últimos días a la «sensibilidad» de la patronal para aprobar el SMI e incluso Calviño llegó a afear su rechazo a la subida del Salario Mínimo cuando en breve se negociarán los ERTE y reclamarán exoneraciones y bonificaciones, teniendo además en cuenta el esfuerzo realizado para apoyar al tejido productivo ante la crisis que conllevará una emisión de deuda de 150.000 millones de euros.

Del lado sindical, CCOO y UGT apoyan las propuestas de Trabajo sobre la temporalidad aunque piden mayor precisión del contenido. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostró el miércoles confiado en que el Gobierno concluya este mes las negociaciones sobre la reforma laboral para que pase el trámite parlamentario y pueda cumplir su compromiso con la Unión Europea (UE) en diciembre.

CEOE calificó de «inaceptable» la reforma sobre temporalidad

En el mes de julio  las patronales CEOE y Cepyme lanzaron un duro comunicado contra la que consideran una “inaceptable, regresiva e ideológica” propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la reforma laboral, concretamente sobre la contratación formativa y a las alternativas al modelo de temporalidad.

El último borrador del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso Economía Digital, se elimina el contrato por obra y servicio y se establece de forma ordinaria el contrato indefinido y contempla el temporal por razones de carácter productivo y organizativo, cuando sea preciso ante aumentos de la demanda o para sustitución de un trabajador, eso sí, debidamente justificado.

La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campaña no se contemplarán como causa productiva, sino que su contratación deberá formularse a través de los contratos de fijos-discontinuos.

Conforme a la propuesta de trabajo, el contrato de duración determinada tampoco podrá utilizarse para trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas.