Díaz promete cumplir con la UE mientras desmonta la reforma laboral

Los compromisos en materia laboral adquiridos por el Gobierno con Bruselas, como la simplificación de los contratos, se irán acometiendo a lo largo del año 2021 en paralelo al ‘desmontaje’ de la reforma laboral de 2012 o, al menos, de una parte de ella. 

Así lo ha dejado claro este lunes la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante su comparecencia ante la comisión del ramo en el Congreso para hacer balance de sus 15 primeros meses al frente y de sus planes futuros, en medio del reinicio del diálogo social sobre los cambios laborales y previo a su cercano nombramiento como vicepresidenta tercera del Gobierno, en sustitución de Pablo Iglesias.

Díaz ha tratado en su intervención de acercar posturas con la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ante la oposición de la segunda a derogar la reforma laboral del pasado y priorizar las reformas comprometidas con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, en línea con la CEOE. 

Para ello, ha restado cierta prioridad al desmontaje de la reforma laboral asegurando que el acuerdo de coalición no hablaba de los aspectos más lesivos de la norma, sino de los “más urgentes” en tres fases, si bien “todas las reformas se harán a lo largo de este año”. 

El calendario fijado por Díaz pasa por acometer las reformas más urgentes, atender las recomendaciones y reformas estructurales comprometidas con Bruselas este mismo año y modificar las políticas activas de empleo, en paralelo al ‘desmontaje’ de la reforma laboral de 2012. 

De cualquier forma, ha garantizado que «todos se va a hacer con diálogo social», más allá de que se pueda lograr el acuerdo o no, pero recogerá la «impronta» del diálogo, como sucedió con algún acuerdo previo al que no se sumaron finalmente CEOE y Cepyme.

Base de acuerdo para políticas activas de empleo 

Según Díaz, para las 17 reformas estructurales en materia laboral y las 10 inversiones apalabradas con la CE “no hay matices” al estar “mancomunadas”, si bien cree que hay que ir más allá y modificar el marco de relaciones laborales, lo que en parte pasa por legislar de nuevas o derogar algunos aspectos de la norma del PP. 

Ha aprovechado para anunciar que a finales de marzo o principios de abril el Gobierno tendrá listo el borrador que modificará la Ley de Empleo para poder modificar las políticas activas de empleo, uno de los puntos de mayor interés para la patronal. 

Esta reforma, una de las remitidas a Bruselas, dará prioridad a una nueva generación de políticas activas de empleo que garantizarán un buen perfilado de desempleados, un itinerario laboral y formativo individualizado, una tutorización individual y un acompañamiento efectivo en la búsqueda de empleo, formación y transiciones profesionales (upskilling y reskilling). 

Para ello, se modernizará y digitalizarán los servicios de empleos, mediante Big data, inteligencia artificial y situando buena partes de las políticas activas en el móvil. Ya hay incluso una “base de acuerdo” con CCAA y agentes sociales sobre dicha reforma de las políticas activas de empleo respecto a la estrategia de apoyo activo al empleo y en el programa de garantía juvenil plus, ha dicho. 

Aspectos de la reforma laboral: subcontratación, ultraactividad y descuelges 

La ministra ha priorizado en cierta forma los compromisos con Bruselas, tal y como reclamaba Calviño y la CEOE, pero ha mantenido el espíritu de la derogación de la reforma laboral, sobre todo en algunos puntos, a los que se sumarán otros no recogidos en dicha norma. 

Por ello, ha confirmado que se va a proceder a limitar la subcontratación y “reequilibrar la negociación colectiva”, a través de la flexibilización de la vigencia de los convenios (ultraactividad), las modificaciones sustanciales y las cláusulas de descuelgue. 

Aunque ha recordado que, por ejemplo, el artículo 42 relativo a la subcontratación no pertenece a la norma de la reforma laboral, este asunto, uno de los más controvertidos y que genera mayor rechazo en la CEOE, se abordará, tras haber quedado cerca del acuerdo los trabajos realizados antes de la pandemia. 

La elaboración del nuevo Estatuto de los Trabajadores “va a llevar tiempo” e irá en paralelo con los cambios sobre la reforma del 2012, mientras que otros asuntos que precisan de una reflexión “más sosegada” quedarán para más adelante, como la ampliación de la protección de los trabajadores de plataformas, más allá de los repartidores, y la regulación del tiempo de trabajo. 

Conclusiones sobre el SMI, en tres meses 

Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuya subida generó discrepancias también en el Gobierno y se pospuso la decisión, primando la postura de Calviño, ha dicho que los resultados de la comisión de expertos verán la luz dentro de tres meses. 

En cualquier caso, ha remarcado que se alcanzará el objetivo de legislatura de conseguir que el SMI alcance el 60% del salario medio, como marca la Carta Social europea, una cuantía que será establecida por la comisión de expertos constituida para establecer la senda más adecuada para alcanzar ese nivel. 

La ministra se ha marcado como meta también abordar la asignatura pendiente en la democracia de España, que es el trabajo decente, ya que «dar respuesta al problema del desempleo y la precariedad continúa siendo la principal asignatura pendiente del país», y avanzar hacia «Uberlandia», donde el trabajo es «fuente de riqueza y derechos».

Tensión con el PP

Durante la comparecencia se ha producido un momento de tensión después de que el diputado del PP Diego Movellán afirmase que en Unidas Podemos “las mujeres solo suben de escalafón si se agarran a una coleta”, en alusión a Pablo Iglesias e Irene Montero. 

La ministra ha exigido que se retiraran esas palabras del diario de sesión al considerarlas “machismo”, algo que ha aceptado el diputado pese a insistir en que “todo el mundo sabe lo que pasa en ese partido”.