Los ERTE reducen la productividad, según Fedea

Las restricciones impuestas al despido en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) tienden a reducir la productividad aparente del trabajo y ello es uno de los factores que explica la «atonía» del PIB, al crecer en los últimos trimestres a un ritmo inferior al del empleo efectivo.

Así lo señala la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en su último boletín de seguimiento de la crisis de la Covid, en el que cuestiona el veto al despido durante seis meses vinculado a los ERTE, en línea con CEOE, que pide el fin de la prohibición de poder despedir en las empresas acogidas a estos mecanismos.

La fundación avisa de que estas restricciones al despido están obligando a mantener en plantilla durante al menos seis meses a trabajadores «en principio redundantes«, y ello a su vez tiende a reducir la productividad aparente del trabajo.

En este sentido, Fedea ve «poco acertada» la continuidad del veto al despido y la «extensión indiscriminada» de los ERTE hasta el 28 de febrero más allá de los sectores afectados por la pandemia, al tiempo que ve «un tanto tardía», aunque «positiva», la fijación de bonificaciones introduciendo fuertes incentivos a la formación de trabajadores afectados, frente a la prioridad anterior de reincorporar.

La regulación de ayuda directas plantea «los mismos problemas»

Por otra parte, sobre el nuevo texto que regula a las ayudas directas a empresas avisa de que «sigue planteando los mismos problemas que el original«, tras la denuncia de organizaciones de pymes y autónomos de las dificultades a la hora de acceder a las mismas.

Aunque se clarifica que las ayudas pueden, en principio, cubrir también los costes fijos no pendientes de pago, esta posibilidad se subordina a la devolución de la deuda con aval público, lo que «en la mayor parte de los casos la hace irrelevante».

Tras meses de críticas de comunidades autónomas y asociaciones de autónomos y pymes por las dificultades para poder ejecutar y obtener las ayudas directas, el Gobierno amplió el plazo de cobertura de las ayudas directas a autónomos y empresas afectados por la Covid-19 hasta el 30 de septiembre, en lugar del hasta el pasado 31 de mayo como estaba fijado hasta ahora.

Ley de Vivienda: agravará la escasez de alquiler y desincentivará la inversión privada

Asimismo, Fedea ve «preocupante» el reciente acuerdo alcanzado entre los socios de la coalición de Gobierno sobre la futura ley de vivienda, ya que que «se incluyen medidas que tenderán a agravar los problemas ya existentes de escasez de vivienda de alquiler, desincentivando la inversión privada en el sector», tal y como ya han avisado desde el sector.

La nueva ley habilitará habilitará a las CCAA para bajar los precios de los alquileres de grandes propietarios (10 o más inmuebles) en base a un índice de referencia, y congelar precios y dar incentivos fiscales para bajarlos a los pequeños propietarios.

Por el contrario, Fedea valora las reformas en materia concursal, potenciando los procedimientos preconcursales dando un mayor poder de decisión a las partes, y de evaluación de políticas públicas, con la creación de una nueva división de evaluación de la AIReF.

Cuestiona las pretendida reforma laboral y la de pensiones

También apunta Fedea que se mantiene una «considerable incertidumbre» sobre algunas de las cuestiones más sensibles en materia laboral, como la simplificación de las modalidades de contratación y la regulación de la negociación colectiva y de la subcontratación, que deberían concretarse en este ultimo trimestre del 2021.

En este sentido, señala que mientras que Unidas Podemos y sindicatos apuestan por «derogar sin más» la reforma de 2012, la patronal lo rechaza y el PSOE apuesta por una mayor prudencia. Recuerda al respecto que el documento de la Comisión que da luz verde a la puesta en marcha del Plan de Recuperación «incluye una advertencia explícita de que la reforma no debe dar lugar a “obstáculos desproporcionados” para que las empresas se adapten a las circunstancias económicas».

En materia de pensiones, considera que lo que se ha hecho hasta el momento «no contribuye precisamente a la sostenibilidad del sistema«, que en principio debería ser la primera prioridad en este campo, o a mejorar su equidad intergeneracional. La sostenibilidad del sistema parece fiarse a medidas, como el nuevo factor de equidad intergeneracional, la subida de las bases máximas de cotización o un cambio en el período de cómputo de la pensión inicial, que se acordarían a finales de 2022 y que no se han precisado en el Plan de Recuperación.

De momento, indica que la llamada “separación de fuentes” en la que se ha avanzado en los PGE de 2020, y en el proyecto de PGE de 2021, incrementa «muy sustancialmente» las transferencias del Estado para sufragar supuestos “gastos impropios” de la Seguridad Social que, a juicio de Fedea, en la mayoría de los casos» no son tales», «traspasando así el déficit al Estado y a futuras cohortes de trabajadores sin hacer nada por atajarlo».

Por otro lado, sostiene que «el ahorro que se puede obtener incentivando la prolongación de la vida laboral no parece ni de lejos suficiente como para compensar el muy elevado coste de la vuelta a la indexación total de las pensiones a la inflación y de la derogación del llamado factor de sostenibilidad».

Plan de Recuperación: proyectos por 12.000 millones y ejecución de 4.400 millones

Por otra parte, sobre el ritmo de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia señala que el gasto ejecutado a finales de agosto era todavía «modesto» y corresponde casi exclusivamente a partidas que han sido ya transferidas por el Estado a las comunidades autónomas u organismos públicos encargados de ejecutarlas.

Hasta el momento, se ha comenzado a poner en marcha proyectos y programas por una cuantía total de unos 12.000 millones de euros, lo que supone en torno a un sexto del gasto total a comprometer en los tres años que el Plan de Recuperación permite a estos efectos.

Con cargo a estos fondos se han realizado pagos por un importe total de unos 4.400 millones euros que corresponden fundamentalmente a transferencias en bloque a otras administraciones encargadas de la ejecución final de los proyectos. «El proceso de ejecución del Plan está todavía en su comienzo y es seguramente demasiado pronto para valorar su ritmo«, añade Fedea.