Nuevo defensor del cliente: Calviño se abre a negociar la tasa de 250 euros a la banca por reclamación
El proyecto de ley fija una tasa de 250 euros por cada reclamación que debe pagar cada banco independientemente de la resolución de la misma.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. FE/EPA/OLIVIER HOSLET
El nuevo defensor del cliente bancario avanza en su trámite parlamentario, pero podría haber cambios en el proyecto de ley. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se abre a modificar uno de los puntos que más roces ha provocado en el desarrollo del nuevo organismo: la tasa de 250 euros que se impone a los bancos por cada reclamación presentada.
«La financiación de la Autoridad se podrá abordar sin ningún problema a lo largo de la tramitación de esta ley», ha apuntado la ministra durante el debate, en el que varios grupos han cuestionado la conveniencia de esa tasa, según recoge EFE.
El nuevo defensor del cliente financiero será un organismo que englobe todas las reclamaciones que actualmente se dirigen al Banco de Epaña, la CNMV o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. La financiación de la nueva institución, que surge por la trasposición de una directiva europea, ha generado controversia por la forma de recaudar los fondos para su funcionamiento.
Calviño se ha pronunciado así en el debate en el Congreso donde se votaron dos enmiendas a la totalidad del proyecto por parte de Vox y ERC sobre la forma de financiar el nuevo organismo. Este punto de fricción ya apareció en la comisión de Economía, donde se ha debatido el proyecto de ley presentado por el Gobierno. El propio Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dudó sobre esta tasa de 250 euros que se establece por cada reclamación independientemente del fallo final.
El aumento de la litigiosidad
«El proyecto de ley establece un sistema de financiación de la Autoridad basado fundamentalmente en una tasa aportada desde el propio sector financiero. La tasa se fija en un importe de 250 euros y se devenga por la mera tramitación de las
reclamaciones, con independencia del sentido en el que finalmente se pronuncie la agencia», explicó el gobernador.
Hernández de Cos, consideró que esta cuota podría «provocar que cualquier disputa por un importe inferior a la cantidad de la tasa sea aceptada por la entidad con independencia de que su comportamiento se haya ajustado o no a la normativa y a las buenas prácticas, puesto que continuar el procedimiento ante la Autoridad siempre sería más costoso».
«En este sentido, el Consejo de Estado, en su dictamen al anteproyecto, se ha pronunciado sobre la falta de proporcionalidad del sistema de tasa diseñado. Para evitar estos problemas potenciales, podrían explorarse otras alternativas como, por ejemplo, requerir el cobro de la tasa en función del número de reclamaciones contrarias a una entidad, y no meramente de las tramitadas», propuso el BdE.
La propia patronal bancaria también se manifestó contra esta forma de pago. La presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, apuntó que hubieran preferido mejorar los actuales sistemas de reclamación para evitar costes y más incertidumbres. Además, Kindelán consideró que la existencia de esta tasa sin importar la resolución final genera un incentivo para reclamar y esto podría aumentar la litigiosidad.
Desde el ministerio estiman, según recoge EFE, que la estructura de la nueva Autoridad, que tendrá presidente, vicepresidente y 250 trabajadores, supone un coste de 23 millones de euros, que podrían ser sufragados con una tasa de 250 euros por cada una de las 100.000 reclamaciones que calculan que se podrían tramitar.
