De Guindos pide a Linde que investigue blindajes como el de Maldonado

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pedido al Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, un informe sobre la política de retribuciones de las entidades financieras con ayudas públicas (participadas por el fondo de rescate Frob), antes de que se materialice la inyección de capital procedente de Bruselas, prevista para mediados de diciembre. La lupa se pondrá en los blindajes y en los salarios de más de 300.000 euros, según fuentes del regulador.

La decisión se ha anunciado el mismo día que Economía Digital desvelaba la indemnización de la mano derecha de Rodrigo Rato en Bankia, Luis Maldonado, que firmó un blindaje de 715.000 euros cuando fue nombrado director general adjunto de Caja Madrid. El suyo no es un caso aislado y el Gobierno quiere garantías de que serán revisados sin excepción para comprobar si son contrarios a las limitaciones europeas impuestas este miércoles. La Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha redundado tras el Consejo de Ministros en que es «necesario» esclarecer esta política de retribuciones y de indemnizaciones.

Limitaciones europeas

«Hay que analizar de qué modo las entidades con ayudas y con una situación patrimonial tan complicada han efectuado su política de retribución e indemnizaciones», ha explicado Sáenz de Santamaría. La Vicepresidenta ha recordado que el Gobierno estableció límites a los salarios de los directivos de las entidades con ayudas. Por ejemplo, el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aceptó la responsabilidad de reflotar uno de los mayores bancos del país por 500.000 euros al año; Rodrigo Rato cobraba 2,3 millones al año por funciones de primer ejecutivo.

La Comisión Europea impuso este miércoles una reducción de tamaño de más del 60% a la banca nacionalizada (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) hasta 2017 que supondrá la destrucción de más de 10.000 empleos en el sector. El redimensionamiento es la condición necesaria que exige Bruselas para autorizar una inyección de capital de 37.000 millones de euros del fondo de rescate con el fin de garantizar su viabilidad. El plan incluye una fuerte condicionalidad en materia retributiva.