Hacienda maniobra para salvar los 2.500 millones que aporta la plusvalía municipal anulada por el TC

El Ministerio de Hacienda trabaja a toda velocidad en un «borrador legal» para ofrecer seguridad jurídica a contribuyentes y entidades locales tras la declaración de nulidad del impuesto de la plusvalía municipal por parte del Tribunal Constitucional.

Fuentes gubernamentales explican a Economía Digital que los servicios jurídicos del departamento de Hacienda y la Abogacía del Estado están analizando la sentencia del TC que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 párrafo segundo, 107.2
A) y 107.4 del texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales.

La intención es actualizar lo más rápido posible la Ley de Haciendas Locales con una redacción que se ajuste a la Carta Magna para dar seguridad jurídica y poder ‘salvar’ la recaudación de unos 2.500 millones de euros que aporta anualmente este tributo a las arcas municipales, en torno al 6,3% de los ingresos tributarios de los ayuntamientos.

En el Ministerio de Hacienda señalan que aunque está previsto que los ayuntamientos registren equilibrio presupuestario e incluso un pequeño superávit, este ‘mazazo’ del TC al impuesto de la plusvalía podría poner en peligro las cuentas de las entidades locales y generar un desajuste que podría acabar ampliando el ya de por sí abultado déficit público, previsto del 8,4% del PIB para este año y del 7% en 2022.

Y es que la recaudación que obtienen los ayuntamientos se configura como una de las principales fuentes de financiación de los municipios para poder asumir sus competencias en materias como Educación, Sanidad o dependencia.

Artículos inconstitucionales

Los artículos declarados inconstitucionales hacen referencia al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tributo que recaudan los ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

A la espera de que el Tribunal Constitucional publique la sentencia íntegra, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha avanzado que ultima un borrador legal que «garantizará la constitucionalidad del tributo, ofrecerá seguridad jurídica a los contribuyentes y certidumbre a los ayuntamientos».

La FEMP pide una nueva norma

A expensas de una evaluación definitiva de la decisión del TC sobre plusvalía, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que representa a los entes locales de España, ya se ha pronunciado y considera necesaria una nueva norma.

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, señaló que aunque hay que esperar a conocer la exactitud de la decisión del Alto Tribunal, de confirmarse la primera interpretación se plantearía una nueva norma que permita restablecer el impuesto con “justicia de recaudación”.

Una vez que se conozca la sentencia en profundidad, se convocará una Junta de Gobierno Extraordinaria de la FEMP y, desde la Federación se pondrán en contacto con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y procederán a interpretar la sentencia conjuntamente. «Pediremos al Gobierno de España analizar de forma conjunta la solución”, avanzó.