Cataluña, colista en renovables, ultima al fin la apertura de cuatro parques eólicos en los próximos meses
Dos de los proyectos iniciaron su tramitación hace más de una década y los otros se quedaron suspendidos por falta de rentabilidad
Parque eólico de Rubió, en la provincia de Barcelona, que se inauguró en 2005. EFE
Cataluña está a la cola de España en energías renovables, sobre todo en eólica. Entre 2009 y 2019 muchos proyectos quedaron totalmente paralizados por un marco legal restrictivo y falta de acuerdos entre el territorio y las administraciones locales. Pero, entre los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023, cuatro nuevas instalaciones se pondrán en marcha.
Según adelanta El Economista, se trata de dos parques promovidos por Eòlica Tramuntana, de Naturgy Renovables, por una inversión total de 58 millones. Uno dotado con 26,6 MW en Vilalba dels Arcs y otro con 22,8 MW ubicado entre este municipio y las localidades vecinas de La Pobla de Massaluca y Batea.
El tercero es, en realidad, una ampliación de 9 MW de la instalación eólica de La collada en el Perelló gestionada por Eòlica del Perelló. Y el cuarto, el más grande, sería un nuevo parque en Llardecans, Segrià y La Granadella promovido por Eolia Renovables (actual Engie) con 44 MW. Este parque estaría operativo en el primer trimestre de 2023, ya que las obras están prácticamente terminadas y ya se ha iniciado el proceso administrativo necesario.
Parques proyectados desde hace años
Síntoma de las trabas administrativas existentes es que los dos parques de Naturgy provienen de un concurso eólico realizado por la Generalitat en 2010 y los otros dos quedaron suspendidos hace años porque no eran rentables tras el fin de las primas a las renovables.
Según fuentes del departamento de Acción Climática de la Generalitat, en 2009, el segundo govern del tripartito aprobó un decreto “muy restrictivo” que marcaba en qué zonas se podían instalar tanto parques eólicos como fotovoltaicos. Sumado a la inseguridad jurídica por los cambios legislativos estatales, se desincentivó la inversión de los promotores. Durante esta época, se tramitaron solo 386 MW, pero ninguno se acabó desarrollando.
Las tramitaciones con la nueva normativa llevan retraso
En 2019 la Generalitat modificó este decreto para dar más libertad a las empresas para poder presentar sus proyectos, lo que a su vez provocó un aluvión de solicitudes, con una potencia total de hasta 14.000 MW. Sin embargo, estos expedientes tampoco se pudieron tramitar con facilidad porque no fueron consensuados con los ayuntamientos y provocaron saturación en la administración. A esto se suma la existente oposición social a la instalación de estas plantas por su impacto ambiental y la diferente realidad territorial y demográfica.
Para poner orden, en 2021 el Govern de Pere Aragonés volvió a cambiar la legislación para garantizar que los grandes proyectos de más de 5 MW, dialogaran con el territorio y encontrar un equilibrio entre “la sostenibilidad energética y la agraria”.
No obstante, las tramitaciones de eólica bajo la nueva normativa no se han iniciado hasta este año y no se prevé la aprobación de ninguno de ellos hasta 2023. Esta lentitud administrativa podría poner en peligro la instalación de más de 1.000 MW de potencia eólica en la región, ya que se podrían perder los derechos de punto de conexión si los proyectos no disponen de declaración de impacto ambiental en enero de 2023 y de autorización administrativa previa y de construcción en abril.
