CSIF pide implantar en empresas públicas los 3 días de teletrabajo semanal de la Administración
El sindicato reclama implantar el treletrabajo de 3 días a la semana en empresas públicas como Renfe, Adif, Correos o Aena
Una persona usando un portatil/ Pixabay
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama implantar los tres días de teletrabajo a la semana en las empresas públicas, de forma que se extienda a éstas el acuerdo firmado en la Administración General del Estado que establece esa posibilidad de forma voluntaria y reversible.
El sindicato espera implantar el acuerdo en las mismas condiciones en las empresas públicas, tales como Renfe, Adif, Correos, Tragsa, Loterías o Aena, en los puestos en los que se pueda realizar teletrabajo garantizando siempre la igualdad de derechos para el trabajador respecto a la modalidad presencial, en lo referido a retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional, además de otros como el de intimidad o desconexión digital.
Así, el sindicato exigirá que las empresas públicas proporcionen los equipos informáticos con tarjetas de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad, junto a la formación técnica específica, prevención de riesgos laborales (prevención del estrés o el aislamiento social) y protección de datos, sin limitar en ningún caso la prestación de servicios a la ciudadanía.
Desarrollo del Teletrabajo en la Administración General del Estado
La petición de CSIF llega después de la firma del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, de acuerdo con los sindicatos para que la plantilla de la Administración General del Estado (AGE) pueda teletrabajar de manera voluntaria tres días a la semana, mientras que los dos días restantes serán de carácter presencial.
Este acuerdo afectará de manera potencial a 230.395 personas al servicio de ministerios, organismos autónomos, agencias estatales, entre otros, tendrá carácter voluntario y reversible y estará supeditado siempre a que se garantice la prestación presencial de los servicios a la ciudadanía. También se podrá autorizar en situaciones excepcionales de fuerza mayor que supongan una restricción de la movilidad, como ocurrió el pasado invierno con la borrasca Filomena o durante el confinamiento.
Una vez que entre en vigor el acuerdo con carácter normativo, cada departamento, previa negociación con los sindicatos, realizará un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo en función de las tareas. Para cada puesto se identificarán objetivos de trabajo y se evaluará su cumplimiento, conforme a criterios generales negociados, estableciendo un horario fijo de disponibilidad y localización.
Además, por primera vez se establecerá un sistema de acceso al teletrabajo mediante convocatorias públicas, al menos una vez al año.
Igualdad de derechos, desconexión digital y gastos
El acuerdo, igualmente garantiza la igualdad de derechos para el trabajador respecto a la modalidad presencial (retribución, tiempo de trabajo, formación o carrera profesional), además de otros como el de intimidad o desconexión digital.
Respecto a los gastos, la Administración proporcionará los equipos informáticos con tarjetas de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para la actividad, junto a la formación técnica específica, prevención de riesgos laborales (prevención del estrés o el aislamiento social) y protección de datos.
Otra de las principales novedades que contempla el acuerdo es la potenciación del teletrabajo para mejorar la cobertura de servicios a la ciudadanía en la España vaciada, así como en puestos de difícil cobertura por el elevado coste de la vida (por ejemplo, el caso de las Islas Baleares). En estos casos, se podrá establecer una prestación de servicios de carácter presencial de al menos un 10% mensual, de forma que se podrá teletrabajar 20 de los 22 días laborables.
CSIF valora que el acuerdo supone una mejora considerable en las condiciones laborales de la plantilla, garantiza la igualdad en el acceso, la objetividad de los criterios a aplicar y la transparencia en la gestión, la reducción del tiempo en desplazamientos o el ahorro energético, junto a la mejora en la organización del trabajo.
