CSIF convoca movilizaciones el 25 de mayo por la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios
CSIF cifra en un 15% la pérdida de poder adquisitivo del os funcionarios y acusa al Gobierno de negarse a negociar la subida salarial y de plantear una oferta de empleo público "insuficiente"
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. EFE
Nuevo brete para el Gobierno. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este martes una campaña de movilizaciones en toda España, que se iniciará el 25 de mayo, para exigir una subida salarial ante la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos de un 15% desde 2010, cuando les rebajó el sueldo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El sindicato convoca movilizaciones para exigir al Gobierno que negocie la subida salarial ante su «negativa» a iniciar el proceso, y para denunciar la «insuficiente» propuesta del Ejecutivo para la oferta de empleo público de este año, ya que, según asegura, solo se ganan 4.000 empleos netos, cuando en 10 años se jubilará el 60% de la plantilla.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, subrayó que los empleados públicos llevan contribuyendo al Pacto de Rentas más de diez años, por lo que exige salarios acordes al trabajo que desarrollan al considerar que no pueden seguir sufriendo más recortes. Dado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «no se sienta a negociar», CSIF ha decidido convocar movilizaciones.
Junto a la pérdida de poder adquisitivo, desde el sindicato alertan de la alta temporalidad en las administraciones públicas, que marcó un nuevo récord de un 32,5% en el primer trimestre del año, según los últimos datos de la EPA. Por ello, la organización defiende que l Gobierno debe ser punta de lanza del empleo de calidad y tiene que poner en marcha cuanto antes la ley para reducir la temporalidad en nuestras administraciones.
El área pública de CCOO también ha exigido ya la Gobierno que convoque la Mesa para negociar la subida salarial de más de tres millones de empleados públicos. «El sindicato no va a permitir que se desprecie al personal de los servicios públicos, exigimos subidas salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo y la vinculación al IPC, compromisos que si están contraídos para las pensiones», avisó.
Con motivo de la pandemia en los últimos meses ámbitos como el SEPE o la Seguridad Social han visto agravada su situación ante la falta de personal y la mayor carga de trabajo. En los últimos días el Ministerio de Hacienda y Función Pública se ha reunido con los tres sindicatos principales (CSIF, UGT y CCOO) para abordar la oferta de empleo público y las plazas de estabilización.
Oferta de empleo público «insuficiente»
Tanto para CSIF, como CCOO y UGT la propuesta de oferta de empleo público realizada por el Ministerio es «insuficiente», teniendo en cuenta que solo se crean 4.000 empleos netos, tras haberse perdido 54.000 empleos en los últimos diez años y que en menos de diez años también se habrá jubilado un 60% de su plantilla, señalan desde CSIF.
Según la última propuesta del Ministerio realizada en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, a la que ha tenido acceso Economía Digital, el Gobierno plantea una oferta de empleo público para 2022 de 2.902 plazas, de ellas 13.855 de acceso libre y 9.047 de promoción interna.
UGT agradece el «esfuerzo» pero la ve también insuficiente para paliar la pérdida de 45.000 empleados públicos en la última década, y exige a medio plazo una planificación plurianual de las Ofertas de Empleo público para paliar el déficit crónico de efectivos y a corto plazo que se convocaran Ofertas de Empleo Público extraordinarias, en especial en el ámbito de la Seguridad Social.
Respecto al Plan de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), anunciado por el Gobierno y que se aborda este martes con los sindicatos, el presidente de CSIF, Miguel Borra, explicó en una entrevista en TVE que se trata de un «parche», que llega con retraso y que aún no se ha desarrollado una normativa específica sobre teletrabajo en la AGE, mientras que el sector privado ya cuenta con una regulación clara.
El teletrabajo, según el presidente de CSIF, debía estar desarrollado desde hace más de seis meses en línea con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos. A su juicio, la clave para ahorrar energía debe ser que respetando el acceso a la administración se facilite que los empleados públicos puedan teletrabajar con todas las garantías.
