Nueva crisis en el SEPE: un cambio informático deja sin prestación a 50.000 afectados por ERTE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sufrió el pasado mes de marzo un ciberataque que hizo peligrar la gestión de las prestaciones por desempleo, pero ahora se sum un nuevo incidente informático que habría dejado a más de 50.000 personas sin percibir su prestación por desempleo en diciembre, sobre todo en Madrid y Barcelona.

Se trata de la realización de modificaciones técnicas en la aplicación informática que se utiliza para resolver los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que según CSIF habría dejado al menos a 50.000 personas sin la prestación por desempleo a la que tienen derecho estos trabajadores, según cálculos de CSIF.

El responsable de CSIF en el SEPE, Manuel Galdeano, explica en declaraciones a Economía Digital que dichas modificaciones técnicas han afectado en su práctica totalidad a la gestión en las oficinas en Madrid y Barcelona, ya que «no han tenido tiempo ni capacidad para gestionar los ERTE» tras esos retrasos por las modificaciones en la aplicación informática.

En cambio, en las pequeñas provincias sí han podido hacer frente a las modificaciones técnicas de los programas informáticos porque tenían un menor volumen de expedientes a incluir que en el caso de las dos grandes urbes españolas.

Los afectados cobrarán lo debido en enero

El SEPE procede al cierre de la nómina de los beneficiarios de las distintas prestaciones por desempleo el último día hábil del mes anterior, ya que hasta esa fecha la plantilla se encarga de introducir todas las prestaciones para que los perceptores cobren el día 10. «La previsión es que todo el mundo que no ha cobrado este mes cobre el que viene, junto con el mes correspondiente», tranquiliza Galdeano al respecto.

El responsable en el SEPE de CSIF, el sindicato mayoritario del sector público, achaca la incidencia a un problema técnico, ya que denuncia que los trabajadores del organismo trabajan con aplicaciones y sistemas informáticos que «no se corresponden con el siglo XXI».

Según CSIF, es consecuencia, tal y como viene denunciando a lo largo de la pandemia, de la «gravísima carencia de efectivos para gestionar las prestaciones y la obsolescencia de las aplicaciones informáticas».

«En vías de solución»

El responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras (CCOO), Josetxo Gándara, confirma que ha existido «alguna incidencia» en el funcionamiento de los ERTE en las últimas semanas.

No obstante, cree que a día de hoy el organismo está siendo capaz de calibrar su repercusión y está en proceso de solventar la incidencia. Por tanto, se está en «vías de solución» a concretar antes del día 29 de diciembre para que sea efectiva en el próximo abono.

Desde UGT, su representante en el SEPE, Françoise Calvo, liga estas incidencias en los ERTE también a la finalización de los contratos de los 1.500 interinos de refuerzo contratados durante la pandemia (los últimos 500 cesan el 30 de diciembre) que se dedicaban en exclusiva a resolver los ERTE.

Según explican fuentes conocedoras, la dirección del SEPE ha solicitado voluntarios de oficinas para el reconocimiento de los ERTE provenientes de los reconocimientos individuales (estos son para prestaciones por desempleo, subsidios o mayores de 52 años, entre otros). Se ha recurrido a voluntarios para la realización de horas extra y un refuerzo reducido de interinos sin experiencia.

Refuerzo de plantilla de 926 efectivos en 2022: «insuficiente» para los sindicatos

En un contexto de saturación y exceso de carga de trabajo en la plantilla, el Gobierno finalmente ha cedido a las peticiones de los sindicatos, aunque a juicio de estos de una manera «muy insuficiente». Tanto, que CSIF incluso se ha desmarcado del acuerdo.

El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto-ley que contiene una Oferta de Empleo Extraordinaria con 926 plazas para el SEPE, que verán la luz ya el próximo año y lo que supone un refuerzo de la plantilla del SEPE de más de 10%, según han informado a Economía Digital en fuentes del Ministerio de Función Pública.

Estos puestos se dividen de la siguiente manera: 192 corresponden al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado; y los 734 restantes, al Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. La decisión se produce con el acuerdo entre la Administración General del Estado y las organizaciones sindicales CC OO, UGT y CIG, si bien se ha desmarcado del acuerdo CSIF, al considerar la oferta muy lejana a su petición de 3.500 efectivos de refuerzo.

La oferta de empleo extraordinaria no sustituye, sino que es adicional a la adjudicación de plazas al SEPE por Oferta de Empleo Público ordinaria.  En 2021 han incorporado al SEPE 373 personas procedentes de la oferta, además de 250 interinos, todos ellos adicionales a los 926 de la oferta extraordinaria. Así, Hacienda destaca que en el conjunto del año, el refuerzo de la plantilla habría sido de un 20%. 

Pérdida de 3.500 efectivos en una década

La plantilla del SEPE ha perdido más de 3.400 efectivos estructurales en los últimos diez años, a lo que se suma el cese inapelable de 1.500 funcionarios interinos de refuerzo incorporados por la pandemia.

De esos 1.500 trabajadores, el Gobierno solo había aceptado finalmente contratar a 250 funcionarios interinos, tras haber cesado a 500 en junio, otros 500 en septiembre y los últimos 500 este próximo 30 de diciembre.

Se reducirá así la plantilla a unos 6.500 trabajadores, lejos de loa 10.174 que había a cierre de 2009. Aunque el refuerzo de 926 efectivos es bien recibido, CSIF lo ve «muy insuficiente» y exige que se contraten al menos 3.500.

No se solventa el problema porque hay que llegar a 10.500 efectivos, pero se da un paso importante

De su lado, Gándara (CCOO) apunta que, aunque «insuficiente», la oferta extraordinaria de empleo es un paso desde el momento en el que la Secretaría de Estado de Función Pública admite con ello que no se solventa el problema de efectivos pero se da «un paso importante».

CCOO defiende que el organismo debe llegar a los 10.500 efectivos, por lo que con la nueva medida «en el mejor de los casos se alcanzan los 8.500», de forma que «queda camino y hay que dotarse de una estrategia plurianual para responder a este déficit».

En la misma línea, Calvo (UGT) ve insuficiente la oferta pero celebra que al menos se haya conseguido cierto refuerzo, en un contexto en el que desde el cese de la segunda remesa de interinos contratados por el Covid se marchó al vencer sus contratos «no se levanta cabeza», acumulándose los retrasos a pesar de las horas extra.

Los inspectores amenazan con huelga

Lo cierto es que los trabajadores del SEPE llevan meses denunciando la elevada carga de trabajo desatada con la pandemia, así como la falta de renovación de materiales informáticos y de refuerzo de la plantilla, reducida a unos 2.800 empleados en la actualidad, unas críticas que se replican también en la Inspección de Trabajo.

En este organismo sus ocho sindicatos —CCOO,UGT, CSIF, el Sindicato Inspectores de Trabajo (Sitss), CIG, Fesess, Sislass y UPIT— se han unido para denunciar su situación y amenazar con huelga si el Gobierno no acomete el acuerdo suscrito el pasado mes de julio son los sindicatos para mejorar las condiciones laborales., apuntando directamente a Yolanda Díaz pero en última instancia a la ministra de Hacienda María Jesús Montero por ser, aseguran, la persona que está bloqueando el desarrollo del acuerdo.

En la actualidad la Inspección de Trabajo está dotada con un total de 1.852 efectivos, entre los 858 inspectores y los 994 subinspectores, pero este nivel queda lejos del que recomienda la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que aconseja un inspector o subinspector por cada 10.000 trabajadores, con el fin de ampliar su actividad planificada de visitas a empresas, algo que en la actualidad no sucede.

Los 1.852 inspectores y subinspectores existentes en España para controlar a todas las empresa del país suponen una ratio de un profesional por cada 15.000 trabajadores. La comparativa con otros países deja en evidencia lo menguada que se encuentra la plantilla en España, ya que la media europea es de uno por cada 7.300. En Francia es incluso de un funcionario por cada 5.000.

Los sindicatos han calculado que harían falta como mínimo 600 efectivos, los prometidos de incorporación en el mes de julio, aunque cifran en 1.250 efectivos adicionales el mínimo necesario para alcanzar un nivel de plantilla óptimo.