Crisis Covid: 110.000 empresas corren el riesgo de desaparecer

La crisis de la Covid-19 se ha llevado por delante ya a más de 175.000 negocios que se han visto obligados a cerrar desde que comenzó la pandemia, si bien otras 110.000 empresas corren el riesgo de desaparecer si se eliminan las medidas de contención, como las distintas moratorias o los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Estas son algunas de las dramáticas cifras del barómetro correspondiente al mes de junio elaborado y publicado este martes por los gestores administrativos, que refleja los estragos económicos de la crisis desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado y la afectación que puede llegar a provocar en función de la implementación y retirada de las medidas.

Actualmente hay unas 150.000 empresas que mantienen a algún trabajador en ERTE y de éstas, el barómetro indica que 95.000 no van a recuperar a todo su personal. El presidente de los gestores administrativos, Fernando Santiago, ha denunciado que 16 meses después del decreto del primer estado de alarma la mayor parte de las empresas siguen sin percibir las ayudas directas y avisa de que «no van a ser suficiente tabla de salvación para muchas de ellas».

Un 8,2% de las pymes va a despedir personal y un 12,5% va a contratar

Según el barómetro, el 8,2% de las pymes van a despedir personal en los próximos meses, pero el 12,5% de los negocios van a contratar personal en los próximos meses.  Santiago confía en que haya mayores contrataciones que despidos ante el posible otoño e invierno «muy complicado» entre autónomos en cese de actividad, personal en ERTE y la desaparición de negocios derivada del fin de medidas.

En este sentido, insiste en que además de contar con las medidas correctoras que aprobó el Gobierno, se han de empezar a establecer mecanismos que ayuden a los negocios a no hundirse cuando les falten dichas medidas y pueda garantizarse su solvencia tras el fin de las medidas en vigor.

El presidente de los gestores administrativos apunta que hay miles de empresas fantasma que se apoyan en la moratoria concursal o en las moratorias de alquileres, en los propios ERTE que, cuando estas facilidades desaparezcan «no van a poder hacer frente a sus compromisos”.

El daño de la subida del SMI, la contrarreforma laboral o el alza de impuestos

En su anterior barómetro los gestores administrativos señalaron que los síntomas reales de recuperación no se empezarían a percibir hasta el año 2023, a pesar de que desde el Gobierno indican que «los indicios son más optimistas de lo esperado y que la recuperación está muy cerca».

A juicio de los gestores, el ritmo de vacunación, la campaña de verano o la reducción de trabajadores en ERTE induce a pensar que se está «en el buen camino», pero consideran que «no se han establecido los mecanismos necesarios» para retirar la “respiración asistida” que suponen los ERTE, moratorias y demás, lo que «hace temer que las cosas no están todavía en el buen camino”.

A todo ello se suma el «daño» que los gestores administrativos advierten que hace en la confianza de los pequeños y medianos inversores anuncios como una posible nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, la contrarreforma laboral o una eventual subida de los impuestos. Según el barómetro, el 65% de los gestores creen que un alza del SMI supondrá despidos, frente a un 28% que no lo cree.

Los negocios no demandan para evitar represalias

Asimismo, el 36% de los gestores administrativos considera que los negocios no han demandado al Estado por la prohibición de trabajar que supuso el primer Estado de alarma para evitar represalias. Según Santiago, “hay numerosas plataformas que se crearon para gestionar demandas colectivas que nos han trasladado el efecto ‘temor’ que supone en los empresarios la posibilidad de que les inunden con distintas inspecciones, lo que les ha coartado a la hora de demandar”.

Así las cosas, el 60% de los gestores administrativos, según refleja el barómetro, indica que es necesaria la creación de una nueva organización que defienda los intereses de las pymes, frente al 18% que considera que no es necesario y al 5% que entiende que las existentes lo hacen bien.

El 70% de gestores cree que estas organizaciones deben financiarse con las cuotas de sus asociados, el 52% opina que deberían hacerlo con la venta de servicios y productos a las pymes y menos del 40% creen que deberían financiarse con subvenciones. «Debemos plantearnos seriamente contar con una organización empresarial que defienda, de manera independiente, los intereses de las pymes que, en general, no tienen por qué coincidir con los de la gran empresa”, ha añadido Santiago.