Las constructoras echan en cara a Escrivá la dificultad para contratar personal cualificado

La construcción se enfrenta a la combinación perfecta entre inflación, incertidumbre económica y falta de mano de obra. En cuanto a los dos primeros problemas, poco pueden hacer; y con respecto al ámbito laboral, las constructoras creen que el Gobierno debería facilitar la entrada trabajadores extranjeros, sobre todo cuando se da en la ecuación la cualificación en origen y la necesidad de las empresas.

Así lo han expresado algunas de las principales constructoras españolas en el ‘XIII Encuentro del Sector de Infraestructuras, el Transporte y la Movilidad Sostenible’ que han organizado Deloitte y ABC. El que ha tenido un tono más rotundo en una de las mesas redondas ha sido el CEO de OHLA, José Antonio Fernández Gallar, que yendo a la raíz ha explicado que «tenemos un grave problema de inflación que impacta de manera directa con los recursos humanos».

El directivo de la constructora ha detallado que «antes tenía prestigio social trabajar en la construcción, y ahora gusta más trabajar en temas tecnológicos o entornos relacionados con la informática. Y eso hay que revertirlo».

El argumento para poner solución a esto lo antes posible, según esgrime Fernández Gallar, es que «la construcción tiene unas necesidades de infraestructuras brutales; y es evidente que se necesita mano de obra cualificada». Aquí es donde se agolpan los problemas con respecto a la mano de obra.

«En España terminarán trabajando las personas mayores. Hay que traer mano de obra de otros países, pero hay que traerla formada». En este sentido, y por lo que respecta a España también ha recordado que en nuestro país existe un grave problema con la formación profesional.

Pero el gran asunto de debate que disponía el CEO de OHLA es: ¿por qué no llega a España con más facilidad mano de obra cualificada para trabajar en la construcción? «Hay mano de obra fuera de España muy cualificada y con ganas de venir. Pero hay que solucionar las distancias entre esa mano de obra y cómo traer a esos trabajadores de Latinoamérica u otras regiones que quieren trabajar aquí».

¿Un problema político?

Aquí el mensaje va para el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Fernández Gallar recuerda que «entre las cuestiones a resolver: permisos de trabajo, marco regulatorio, que vengan con contratos en origen, que haya convenios con universidades o centros de formación«. Y eso es un déficit que debe abordar el Gobierno.

Desde las constructoras no ven lógico que habiendo una necesidad de mano de obra existan tantas dificultades para la contratación de personas de fuera de España. Y sobre todo cuando además existe una alta cualificación para los puestos demandados.

El Gobierno da vueltas

Ante esa situación, el Gobierno viene desde hace meses estudiando diversas alternativas sobre políticas migratorias en materia laboral que, en parte, colmaría parte de las demandas de las constructoras. Pero se ha montado cierto revuelo sobre la medida.

UGT y CCOO han lamentado que el Gobierno rompa el consenso existente hasta ahora respecto a la política de migración laboral, tras el anuncio de reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, una propuesta «clasista» que «responde a los intereses de ciertos sectores económicos» y no de los trabajadores.

Así lo indicaron hace unos días ambos sindicatos en un comunicado, después de que El País adelantase una posible reforma de la Ley de Extranjería que facilitaría la incorporación de miles de trabajadores extranjeros al mercado laboral y la regularización de inmigrantes. Sobre este asunto, el ministro Escrivá no ha querido pronunciarse y solo ha admitido que «hay margen de mejora y de perfección en el procedimiento».

UGT y CCOO reconocen que el Reglamento de la Ley de Extranjería y algunos de sus elementos necesitan una reforma y así lo han reclamado, pero insisten en que no podían esperar la forma en la que ha actuado el Gobierno.

El resultado será que haya «trabajadores migrantes de primera clase y trabajadores migrantes de segunda»

A su juicio, en los últimos meses el Ejecutivo ha roto el equilibrio y el consenso en torno a la política de migración laboral, pero también ha acentuado «la segmentación» para convertirla «en un traje a medida» de ciertos «intereses económicos» y de las necesidades de algunos sectores, pero no de los trabajadores migrantes.

El anuncio de la reforma trata de evitar, según dicen, la participación de las organizaciones sindicales más representativas de este país e incluso que puedan dar su opinión. Ambos sindicatos coinciden en destacar que si las competencias en torno a este ámbito quedan repartidas en distintos ministerios, el resultado será que haya «trabajadores migrantes de primera clase y trabajadores migrantes de segunda».

Por otra parte, lamentan que «se llegue a la conclusión de que hay puestos de trabajo que no se cubren porque deben mejorar sus precarias condiciones», pero que «se asuma que estas condiciones sí son aceptables» para personas que proceden de otros países.

Por ello, acusan al ministerio de actuar «de una forma clasista» teniendo en cuenta «que transmiten a la sociedad española la idea de que hay unos migrantes más aceptables que otros» y que «solo son aceptables si se puede extraer un beneficio económico».