Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr denuncian la falta de rigor de la CNMC por la multa a la trama del G7

La respuesta por parte de ACS, Ferrovial, OHLA, Sacyr, Acciona y FCC a la multa impuesta por la CNMC no se ha hecho esperar. Ha sido una de las grandes patronales de la construcción, Seopan, la que ha querido salir al paso, principalmente cargando contra el órgano regulador, al tender que la forma en que se ha publicado la sanción «perjudica muy gravemente y de forma injusta la reputación de las empresas afectadas”. 

Desde la patronal advierten de que deberán ser los Tribunales de Justicia los que, en su momento, se pronunciarán sobre los hechos imputados, su valoración y efectos en los recursos que las empresas afectadas van a interponer ante la Audiencia Nacional, y «en cuya estimación tienen plena confianza». 

La gran llamada de atención viene porque Seopan denuncia «la falta de rigor de la CNMC, por cuanto prescinde de los necesarios elementos de prueba, basándose en meras apreciaciones subjetivas, opiniones o sospechas, que vulneran el derecho de las empresas a la presunción de inocencia, incurre en error al valorar equivocadamente las conductas investigadas como prácticas colusorias y vulnera el principio de proporcionalidad al imponer unas sanciones manifiestamente desproporcionadas». 

Además, estima que es necesario aclarar que, tal como la propia resolución reconoce expresamente, las prácticas investigadas «no se han calificado de cártel por no tratarse de una colusión de las típicamente sancionadas por las autoridades de competencia«; es decir, la CNMC reconoce que no se ha producido ningún acuerdo sobre fijación de precios o de reparto del mercado, como erróneamente se ha podido interpretar por algunos medios de comunicación.  

De esta forma, desde Seopan se sorprenden de que la nota de prensa publicada por la CNMC induzca a pensar que hay colusión cuando la resolución lo niega y expresa taxativamente. Y es que, aseguran, en ningún momento del expediente se manifiesta que hubiera un reparto del mercado de licitaciones ni que haya existido una ventaja determinante de la adjudicación. Es más, las empresas involucradas han presentado estudios en los que se demuestra con rotundidad que el hecho de compartir estos documentos técnicos no ha mejorado, ni empeorado, las posibilidades de ser adjudicatario de las empresas sancionadas.  

Las explicaciones a años de investigación 

Seopan recalca que debe subrayarse que en los hechos investigados tampoco existe ningún acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera presentar las mismas ofertas técnicas y alterar las licitaciones, sino una práctica de reducción de costes en la preparación de licitaciones que es lícita, normal y eficiente, así como para completar los proyectos mediante la incorporación de los estudios geotécnicos, topográficos o de otra índole de los que el proyecto original carece.  

Asimismo, la patronal de las constructoras asegura que «no hay prueba alguna que acredite que la compartición de estos costes de licitación alterara la calidad de las ofertas técnicas que cada empresa presentaba separadamente o que existiera una ventaja de las empresas por compartir costes de licitación. Es una simple opinión de la CNMC, que no se puede compartir». 

La ley de contrataciones 

Otro de los puntos calientes es la Ley de Contratos. Aquí, Seopan asume que la afirmación contenida en la resolución de que se ha producido una vulneración de la legislación de contratación pública es incierta. En este punto, la CNMC realiza una interpretación sesgada de algunos artículos de la Ley de Contratos del Sector Público.  

Estiman desde la patronal que la práctica de reducción de costes antes mencionada ha beneficiado de forma lícita a miles de licitaciones, sin que se tenga constancia de un solo caso en el que la oferta haya sido rechazada, objetada o de alguna forma considerada irregular por alguna de las administraciones involucradas.