El Consejo de Europa alerta sobre la aguda crisis de vivienda en España
La falta de vivienda social y el aumento de los precios agravan la situación, requiriendo medidas urgentes para una solución integral
Imagen de archivo de un cartel de alquiler. EFE/David Arquimbau Sintes
El Consejo de Europa ha emitido una advertencia sobre la crisis de vivienda en España, calificándola como una situación larga, estructural y de graves proporciones. Según el informe de la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, la falta de vivienda social se ha agravado debido a la decisión de algunos gobiernos de permitir que fondos de inversión compren viviendas, lo que ha llevado a un incremento en los precios de alquiler. Esto ha generado una situación de escasez y falta de acceso a la vivienda adecuada para muchos ciudadanos.
Además, el informe destaca que el aumento en los precios de la vivienda en propiedad ha superado ampliamente el aumento del poder adquisitivo de la población, lo que ha acentuado aún más la crisis. Se resalta la preocupante escasez de vivienda social como resultado de años de inversión pública insuficiente en este ámbito.
El informe reconoce que el Gobierno español ha tomado medidas para abordar esta problemática, como el Plan de Recuperación de 2021 y el Plan Nacional de Acción de Acceso a la Vivienda 2022-2025. Sin embargo, la comisaria enfatiza la necesidad de una implementación adecuada de estas iniciativas para lograr una oferta suficiente de vivienda social y accesible.
Es importante tener en cuenta que el informe del Consejo de Europa se elaboró antes de la aprobación, a finales de abril, de la Ley por el Derecho a la Vivienda en el Congreso de los Diputados. La comisaria destaca la importancia de la adopción rápida de esta ley, que incluye medidas como limitar el aumento de los alquileres, brindar mayor protección contra los desahucios y aumentar la oferta de vivienda social.
En cuanto a los desahucios, el informe revela que ha habido más de medio millón de casos en todo el país desde 2013, aunque el Gobierno ha extendido la suspensión de los desahucios que afectan a personas vulnerables. La comisaria insta a que esta suspensión temporal se prolongue hasta que se encuentre una solución integral para las personas más necesitadas en términos de vivienda.
El informe también expresa preocupación por la situación de las infraviviendas, especialmente en la Cañada Real de Madrid, donde aproximadamente 4.500 personas, incluyendo 1.800 menores, se han visto afectadas por el corte del suministro eléctrico. La comisaria destaca que esta situación apremiante requiere acciones inmediatas y menciona que hay conversaciones en curso para buscar soluciones.
En respuesta al informe, el Gobierno español menciona que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente la nueva Ley de la Vivienda, que se encuentra en proceso de examen en el Senado. Esta ley contempla, entre otras medidas, el establecimiento de límites al aumento de los alquileres, mayor protección contra los desahucios y un incremento en la oferta de vivienda social. El Gobierno también argumenta que se han introducido enmiendas desde 2018 en la Ley de Procedimiento Administrativo para abordar los casos de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
