Los consejeros de Empleo del PP denuncian falta de flexibilidad en convocatorias de fondos europeos

El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para el reparto de 2.798 millones de euros para financiar las Políticas Activas de Empleo (PAE), pero los consejeros de Empleo del PP han aprovechado para denunciar la falta de flexibilidad en las convocatorias de los fondos europeos.

Los ‘populares’ han criticado las inversiones diseñadas por el Gobierno y el anteproyecto de Ley de Empleo en el marco de la LXXXI Conferencia sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, presidida por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto con el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.

Los consejeros de empleo de las CCAA gobernadas por el PP han denunciado de nuevo la «falta de flexibilidad y de adaptación a las distintas características de los territorios en el diseño de las convocatorias de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; así como de los fondos repartidos con cargo a los PGE”, ya que sostienen que se dificulta que se apliquen con la máxima “eficacia y eficiencia”.

En el transcurso de la Conferencia Sectorial han manifestado de nuevo que el Gobierno “está diseñando inversiones asociadas al Plan de Reconstrucción en competencias propias de las CCAA», por lo que generarán gastos en futuros ejercicios que tendrán que ser asumidos por las CCAA sin previsión sobre cómo se financiarán.

Del mismo modo, se ha informado sobre los proyectos piloto para el reequilibrio y la equidad que generaron un profundo malestar en el mes de octubre, cuando se les asignó directamente 9 millones de euros a Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura y Navarra y «se excluyó al resto». Incluso la Comunidad de Madrid judicializó el asunto. Sobre este apartado, se ha informado de que a lo largo del mes de abril se abrirá un plazo para que todas las autonomías puedan presentar proyectos piloto de importancia o interés en ámbitos como el emprendimiento, los microcréditos o los colectivos vulnerables.

Por último, los consejeros de empleo indicado también que el anteproyecto de Ley de Empleo plantea una cartera de servicios garantizados sin valoración del coste efectivo y sin memoria económica; y han preguntado al gobierno cómo lo van a financiar «sin obtener respuesta una vez más». En opinión de los responsables populares, establecer obligaciones sin garantizar los fondos necesarios es una «irresponsabilidad».

Los consejeros ‘populares’ lamentan que la nueva Ley de Empleo que tramita el Gobierno central carezca de mecanismos de financiación que garanticen la efectiva prestación de los servicios que plantea y una vez más traslade a las comunidades autónomas una serie de obligaciones ante los ciudadanos sin contemplar el respaldo económico para llevarlas a cabo.

2.800 millones para políticas activas de empleo

Los casi 2.800 millones de reparto acordados entre el Gobierno y las CCAA son resultado de sumar los 2.415.153.580 a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 2022, que se han repartido con el acuerdo unánime de las comunidades autónomas, y los 383.423.450 euros provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, según ha detallado el Ministerio.

En detalle, se destinan 83,36 millones de euros a reforzar los medios personales a cargo de las labores de orientación y prospección de empleo en los Servicios Públicos de Empleo con 3.000 personas, según programa estatal recogido en el PAPE 2021. Supone una apuesta central para realizar un enfoque centrado en las personas y las empresas.

La plantilla de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo, recibirá un total de 26.209.750 euros para que pueden beneficiarse de la subida de sus retribuciones desde el 50% al 55% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De la cantidad restante de fondos, es decir, de un total de 2.295.455.250 euros se reparte, en un 55% atendiendo al reparto de fondos de 2021 y el 45% en función del grado de cumplimiento de objetivos del Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE) de 2021.

De igual forma, la Conferencia Sectorial de Empleo ha sido informada sobre el Plan Anual de Política de Empleo 2022 (PAPE) que se ha elaborado en colaboración con las comunidades autónomas con carácter previo a su aprobación por el Gobierno en Consejo de Ministros.

Este Plan comprende un conjunto de medidas que, en el marco de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, incorpora las reformas e inversiones que responden a los planteamientos del Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes, que se inscribe en el Plan Estratégico Juventud Avanza o el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral.

Las CCAA y el SEPE han propuesto para su inclusión en el Plan 2022 un total de 729 servicios y programas distintos, de los cuales 59 son comunes y 670 propios, inscritos en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, Igualdad de oportunidades, emprendimiento y mejora del marco institucional de acceso al empleo.

Evaluación: un 45% ligado a objetivos

En cuanto a la evaluación, implica determinar de manera «objetiva y acreditable» de las actuaciones para identificar las mejoras prácticas también poner en marcha de nuevas líneas de actuación. Los resultados se aplican directamente al cálculo de la distribución de los fondos que se distribuyen para su ejecución por las comunidades autónomas, vinculados al cumplimiento de los objetivos establecidos en un porcentaje fijado anualmente por el Gobierno, y que para este año 2022 se situó en el 45%.

La evaluación incorporará, entre otros aspectos: evaluaciones ex – ante; medición y gestión de impacto social; evaluaciones de ciclo de programa y secuencia causal de procesos, productos y resultados; y evaluaciones de calidad y satisfacción de usuarios. En la ejecución del PAPE 2021, 14 de las 17 comunidades autónomas han mejorado su Índice de Cumplimiento de Objetivos global con respecto al obtenido en el año 2020.

Igualmente, la Conferencia Sectorial ha abordado los diferentes programas piloto que se están llevando a cabo en las distintas comunidades autónomas con el objetivo de mejorar la atención a ciudadanos a los que prestan servicio y la gestión de las oficinas. También la introducción de nuevas tecnologías a la hora de realizar gestiones.

Otros proyectos piloto que se han analizado en la Conferencia Sectorial son los proyectos en los sectores ecológico, digital y otros de carácter estratégico. El objetivo es la formación permanente de las personas trabajadoras, incluyendo las que desarrollan su actividad por cuenta propia, para mejorar sus competencias profesionales, trayectorias de empleo y formación, su desarrollo profesional y personal, así como mejorar su empleabilidad.