Colapso en la Seguridad Social: 100.000 casos al año para 400 letrados

Los sindicatos de los trabajadores de la Seguridad Social llevan meses denunciando el colapso que sufren en la gestión ante la mayor carga de trabajo y la falta de efectivos, y ahora se suma otro de los colectivos de la plantilla, los letrados, que denuncian la falta de efectivos de apoyo ante una situación «insostenible» que ya está colapsando también a la Justicia: hay más de 100.000 procedimientos al año para 400 letrados con apoyo de 330 personas.

Así lo advierte la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, cuyo presidente, Luis Ángel López Prieto, denuncia en declaraciones a Economía Digital el elevado volumen de trabajo actual tras asumir el cuerpo la defensa de las actas inspectoras y trámites en fraude, sanciones y los puntos de las reformas del Código Penal con gran cantidad de acciones penales en materia de fraude a la Seguridad Social.

El estallido público de los letrados se produce apenas unos días después de que los tres grandes sindicatos -CSIF, CCOO y UGT- denunciasen, como llevan haciendo años, la situación de «siniestro total» en la Seguridad Social ante la obligatoriedad encubierta de la atención telefónica y telemática para disminuir la presencial, la existencia de 7.468 puestos sin cubrir y la previsión de que un 64% de la plantilla se jubile en diez años. Recientemente los inspectores de Trabajo desconvocaron su primera huelga general por motivos similares.

«Estamos a las puertas de una auténtica “administración vaciada” si no se pone remedio», alertan los letrados, que avisan de que este déficit de personal afecta a todos los ámbitos de gestión y está provocando un colapso en materia de Justicia, toda vez que han tenido que asumir mucha más carga pese no tener una estructura «adecuada» a las nuevas necesidades, competencias y rentos a afrontar.

Más de 130 casos por letrado al año: obstrucción de la justicia

Actualmente el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social enfrenta un número cercano a los 100.000 procedimientos anuales en todas las instancias y órdenes jurisdiccionales. En ellos se discute una cantidad de dinero público que, solo en los juicios sobre pensiones, alcanza los 9.000 millones de euros anuales. La defensa de estos pleitos se lleva a cabo por 402 letrados de la Seguridad Social en activo, que son asistidos por unas oficinas de apoyo en las que prestan servicios, actualmente, 332 personas.

La Asociación de letrados denuncia que estas unidades, que actúan como auténticas oficinas de enlace entre la Administración de Justicia y la de Seguridad Social, se encuentran «incomprensiblemente marginadas» desde hace más de 20 años, preteridas en cualquier iniciativa de los sucesivos Ministerios de los que han dependido.

Todo este colapso provoca el retraso o defecto en el envío de expedientes a los juzgados, lo que aboca a la suspensión de vistas señaladas desde hace meses o años; la falta de resolución de recursos administrativos en plazo genera pleitos innecesarios y multiplica trámites judiciales; la dilación en el cumplimiento de las sentencias conduce a la apertura de procedimientos de ejecución, generando nuevos costes e impone a las arcas públicas el pago de intereses.

También denuncia la asociación que comienza a generalizarse el apercibimiento de imposición de multas a la Administración Pública. Esta realidad, inevitable pese a la dedicada voluntad del personal encargado de estas funciones, sobrecarga y entorpece -aún más, si cabe-, la Administración de Justicia.

«La situación descrita coloca a los servicios jurídicos delegados en situaciones límite y, pese a los esfuerzos hechos por los titulares de las unidades con mayor pérdida de efectivos para mitigar las dificultades, deberemos asumir que su funcionamiento, próximamente, deje de resultar eficaz. Si esta situación no se aborda correctamente, añadirá más motivos de colapso a la ya resentida Justicia«, alerta la asociación.

Organización propia, triplicar personal de apoyo y Agencia Estatal de Seguridad Social

«Lo más preocupante es la falta de personal de apoyo», subraya López Prieto, quien estima que sería necesario multiplicar por entre 2,5 y 3 el número de estos efectivos para poder cumplir con las necesidades, sobre todo ante el «poquísimo» personal en provincias como Madrid o A Coruña.

El presidente de la Asociación de letrados explica que hay un problema de personal en el órgano de gestión que a su vez complica al servicio jurídico y todo ello está entorpeciendo a la Administración de Justicia. «Es una cadena, está muy saturado y necesita darse una vuelta; se quiere soslayar con unas soluciones imaginativas mandado a la gente a la web para que hagan sus solicitudes«, algo que critica porque «tras 38 años trabajando los jubilados tienen derecho a sentarse delante de un funcionario que les diga qué pensión les queda».

Bajo los principios de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y para su mejor cumplimiento, los letrados reclaman una organización autónoma como auténtico Servicio Común con el rango de Dirección General y dotado con una especifica relación de puestos de trabajo que ordene racionalmente al personal especializado que lo integra, algo que llevan pidiendo desde el año 2001 sin respuesta de la Administración.

Los letrados ven urgente que en el plan de choque anunciado por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se incluya la convocatoria inmediata de una oferta de empleo público extraordinaria que frene la pérdida continua de personal administrativo. También inciden, a tres meses de que venza el plazo comprometido para aprobar el proyecto de ley de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social, llamada a resolver los problemas organizativos, que de verdad se de la atención que merece a la asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad del Estado.

Déficit de plantilla y envejecimiento

Los sindicatos han dado de tope temporal hasta el 20 de abril al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá para que dé una respuesta ante la compleja situación de la plantilla del subsector. Todo ello después de que la huelga convocada para el pasado 30 de marzo por el colectivo de inspectores de Trabajo se desconvocase y aplazase tres meses, como margen para que Hacienda desbloquee el acuerdo suscrito el pasado julio de mejora de plantilla y material, habiendo conseguido 6 millones en productividad y 200 interinos.

Según un estudio presentado recientemente por CCOO, de los 31.766 puestos de trabajo de la Seguridad Social que deberían estar ocupados (30.200 de personal funcionario y 1.566 de personal laboral), solamente lo están 24.298 puestos (23.059 de personal funcionario y 1.239 de personal laboral), por lo que hay 7.468 puestos de trabajo sin cubrir, el 23,% de los puestos.

A ello se suma el problema de envejecimiento, puesto que el 64,3% del personal de la Seguridad Social se jubilará en 10 años. Actualmente cuenta con 495 empleados mayores de 65 años, un 2,05%, mientras que 6.321 trabajadores se encuentran en la franja de edad de 60 a 54 años, un 26,20%. Un 36,08% de la plantilla, unos 8.704 empleados, tienen entre 55 y los 59 años, y el 16,93% (4.084 personas) entre 50 a 54 años. El personal menor de 50 años, con unos 4.521 empleados, supone el 18,74% de la plantilla.