La CNMC investiga a Repsol, Cepsa y BP por prácticas anticompetitivas
Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre, el regulador inspeccionó las sedes de varias compañías que operan en el secto energético
Cani Fernández, presidenta de la CNMC
Golpe al sector energético español. En medio de una grave crisis de precios en los sectores eléctrico y gasista, la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a diversos operadores activos en el sector energético español por posibles prácticas anticompetitivas.
Estas empresas serían Repsol, Cepsa y Bp. Entre los días 28 de noviembre y 2 de diciembre 2022, la CNMC llevó a cabo inspecciones en la sede de varios operadores del sector energético español en el marco de una información reservada abierta tras la presentación de varias denuncias. Según ha adelantado El Confidencial, los denunciantes habrían alegado unos descuentos frente a los que no pueden competir, además de elevados precios mayoristas.
Esta situación se produce con múltiples frentes abiertos por parte del regulador, sobre todo, en el ámbito de los combustibles, las peleas comerciales de los comercializadores, así como la generación de electricidad en el sistema eléctrico.
En caso de confirmarse la existencia de prácticas anticompetitivas en este mercado, podrían constituir una infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 y 102 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Los pasos de la CNMC
Las inspecciones, según explican desde el regulador, son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas prácticas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades.
Si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se procederá a la incoación formal de un expediente sancionador.
La CNMC recuerda que las prácticas anticompetitivas y los abusos de posición de dominio constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
