La CNMC avisa al Gobierno: no podrán controlar a las empresas en su reforma eléctrica
El Ejecutivo ha encomendado al regulador, de nuevo, una tarea que está por encima de sus capacidades logísticas para llevarla a cabo
La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, en una imagen de archivo.
El Gobierno sigue con su senda reformista, sobre todo, en el ámbito energético. Aunque como ha sucedido con su propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo, que no ha sido muy bien acogida; los cambios en clave nacional de la tarifa regulada (PVPC) tampoco van muy bien. Además, el regulador ha hecho duras advertencias sobre el proyecto.
En este proceso de reforma del PVPC, que llega con un retraso considerable -puesto que debía estar listo para octubre de 2022-, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha elaborado un informe no vinculante donde no es precisamente optimista.
En primer lugar, estima que la rebaja de precios puede no ser tal como se ha indicado. Pero hay otro punto, sobre todo, donde queda demasiado en el aire las competencias del Gobierno y las implicaciones que debe tener la CNMC. Se trata del negocio de empresas, que también se verá afectado por esta reforma. Llegue cuando llegue.
En concreto, la situación tiene que ver con qué tipo de empresas pueden acogerse a la tarifa regulada, y cuáles no. En el nuevo texto se delega la acreditación de la condición de microempresa -que sí pueden- a la presentación de una declaración responsable por la entidad interesada. En este caso, el proyecto que ha presentado el Gobierno entiende que será la CNMC, en el ejercicio de sus funciones de supervisión y comprobación, quien requiera -en su caso-, la documentación que acredite la realidad de los datos declarados.
Una respuesta muy concreta de la CNMC
Sin embargo, en el informe elaborado por el regulador, sus palabras son muy tajantes. Se considera que, dado el elevado número de microempresas, 881.360 según la memoria que acompaña al real decreto, «esta labor no podría ser acometida por la CNMC por falta de medios. Además, podrían existir otras opciones digitales más eficientes para realizar esta tarea».
Ante este escenario, el regulador estima que sería deseable la implementación de un proceso de validación por parte de la Administración, con los datos que ésta dispone, ampliando, por ejemplo, la funcionalidad de la herramienta BOSCO, que actualmente acredita los requisitos exigidos para tener derecho al bono social, lo cual permitiría a las COR (empresas que pueden ofrecer la tarifa regulada) comprobar si una persona jurídica puede o no acogerse al PVPC de manera inmediata.
Una disputa corporativa
Otra derivada de este asunto tiene como protagonistas a las empresas. Principalmente a los dos gigantes eléctricos: Iberdrola y Endesa. Con el objetivo de avanzar en la liberalización del sector eléctrico, es donde ambas compañías deberán pelear por miles de clientes empresariales. De esta forma, tendrán un ejercicio para conseguir que los más de 9.000 contratos empresariales que tienen entre ambos en el mercado regulado de pymes se queden en su compañía.
Y es que, a partir de enero de 2024, solo las microempresas que lo acrediten podrán acogerse a la PVPC. Todas las demás empresas, locales comerciales, etc., deberán irse al mercado libre. Esto no significa que tengan que dejar su actual compañía, pero lo que sí supone ‘de facto’ es que será más difícil competir, puesto que en ese nicho de negocio están todas las comercializadoras independientes que ahora podrán captar a las empresas.
Ese es el gran objetivo y la contradicción en todos los movimientos que afectan al mercado regulado. Por un lado, el Gobierno asume que existe una gran volatilidad y que, por lo tanto, sacará a las empresas de esta tarifa para que no se vean afectadas y, de paso, cumplir con el real objetivo, que es beneficiar a los potenciales clientes vulnerables.
Por otra parte, se saca a las empresas al mercado libre, para que puedan firmar sus contratos fijos, mientras se reforma el PVPC con la promesa de que se pagará menos, y que las micropymes sí podrán contratar estas tarifas. Algo que puede llevar a muchas empresas a reducir su potencia con el objetivo de tener un precio más barato, o que al menos esté protegido por el Gobierno, como es su intención.
