Miles de afectados por las cláusulas abusivas de las hipotecas podrán reclamar su dinero

Cientos de miles de personas hipotecadas que han sufrido de las cláusulas abusivas de los bancos y que incluso llegaron a perder su casa podrán reclamar su dinero.

Así lo asegura la organización Asufin tras analizar los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo de España.

Según precisa, antes de 2013 no cabía la posibilidad de examinar contratos y escrituras que llevaran a paralizar ejecuciones hipotecarias.

Los cambios legales a favor de los hipotecados

Eso cambió con la ley 1/2013, que contemplaba medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, así como a la reestructuración de deuda y el alquiler social.

Por ello, a partir de ese momento, fue posible revisar los contratos para denunciar las cláusulas abusivas de los bancos.

Un hito importante, precisa Asufin, que la sentencia 526/2017 del Tribunal Supremo, que en diciembre de ese año abrió la puerta para revisar miles de liquidaciones de intereses junto a otras cláusulas abusivas “como los suelos, que a tipos desorbitados del 20% o incluso el 29% fueron aprobadas en infinidad de ejecuciones”.

Algunas cláusulas de hipotecas permitían a los bancos cobrar intereses de hasta el 29%

El antecedente de ese fallo, indica, está en un dictamen del TJUE del 20 de octubre de 2015, que consideraba que la promulgación de aquella ley de 2013 era contraria al derecho de la UE.

Más concretamente indicaba que el problema estaba en el plazo de un mes para que el consumidor pueda oponerse a la ejecución bancaria.

Eso, consideraba, “permite ensanchar el trámite más allá del legalmente establecido para que en cualquier momento se pueda plantear la nulidad por abusiva de cualquier cláusula” del préstamo.

Más de 90.000 viviendas perdidas

En términos concretos, los afectados por ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013 pueden reclamar las cláusulas abusivas, sobre todo las que dieron lugar a una sanción económica como los intereses de demora -que dispararon la deuda y que derivó en una ejecución-, así como por comisiones como la de posiciones deudoras o las cláusulas suelo.

Según Asufin, entre 2008 y 2013 se entregaron 90.000 viviendas a los bancos por los procedimientos de ejecución.

De ellas, casi la mitad quedaron en manos de los bancos en 2012, de los que 19.716 entregas fueron voluntarias (tres de cada cuatro como dación de pago) y unas 19.335 tomadas por la vía judicial, donde el 15% hubo que padecer el desalojo de los residentes.