Cinco sombras sobre Sánchez: pensiones, deuda, empleo, inversión y PIB
El año deja numerosos retos sin resolver, en un contexto de ralentización económica y de elevado endeudamiento
Isabel Celaá, ministra de portavoz del gobierno en funciones, arrancaba la rueda de prensa tras la última reunión del consejo de ministros del año reconociendo que la incertidumbre económica reclamaba «medidas inmediatas» que no podía asumir un gobierno en funciones. Celaá excusó a Pedro Sánchez por no realizar el tradicional balance de cierre de año, dada la situación excepcional de las negociaciones con ERC para pactar su investidura. Y resaltó los logros del Ejecutivo socialista en su lugar: exhumación de Francisco Franco y organización de la Cumbre del Clima en Madrid: ninguna medalla en terreno económico.
Desde esa perspectiva, España se encuentra en un punto similar al de los periodistas este viernes con Pedro Sánchez -a la espera-, pero con una serie de sintomatologías que dejan entrever que durante los últimos doce meses su salud económica empeora y las reformas críticas -como la del sistema de pensiones- siguen guardadas en un cajón.
Pensiones, insostenibles a largo plazo
El último consejo de ministros del gobierno socialista coincidió con la publicación del dato actualizado del gasto en pensiones, que ha marcado récord en diciembre y que pone en un brete a las finanzas públicas españolas.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, España abona hoy 9,8 millones de pensiones contributivas al mes. De esa cifra, un 62% se corresponden con pensionistas. Cubrir estos compromisos costó 9.759 millones al país en diciembre, lo que supone un nuevo récord. La factura anual, considerando la cifra de diciembre y 12 pagas, supera los 117.000 millones;
En el caso sólo de los pensionistas, el gasto anual supera los 83.000 millones. Teniendo en cuenta que la hucha de las pensiones de la Seguridad Social se ha quedado este mes en mínimos -tras la disposición de 2.900 millones para abonar la paga extra de Navidad la reserva ha caído hasta los 2.150 millones-, el tiempo para una reforma aprieta.
No son uno, ni dos, ni tres los organismos los que de manera continuada insisten en que la necesidad de que el Pacto de Toledo dé luz a una reforma del modelo de pensiones. Pero este trabajo se retrasa -no ayuda mucho la situación de inestabilidad política que existe-, y el paso del tiempo complica cada vez más el escenario.
Con una población cada vez más envejecida y a la vez más longeva, el pensionista es un votante clave. El Banco de España ha puesto énfasis en alguna ocasión en ello, al advertir que cuánto más se retrasen los cambios, más coste electoral tendrá que asumir el que toque el sistema, porque el número de pensionistas es creciente.
La deuda crece en expansión económica
En septiembre, la deuda de las administraciones españolas, alcanzó los 1,208 billones de euros. La cifra de endeudamiento es inferior al del mismo mes del año pasado -un 97,8% del PIB frente a un 98,9% de 2018-, pero la deuda crece a un ritmo más alto que la economía. En septiembre, el PIB español avanzaba a un ritmo del 2%, pero la deuda pública se incrementaba más; un 2,5%, según el Banco de España.
Este modus operandi -que no es exclusivo del Estado español, sino también de otros países europeos mediterráneos-, no acaba de convencer ni en Bruselas ni en Frankfurt. Nuestro país ha salido del procedimiento de déficit excesivo, pero la Comisión Europea cree que con el proyecto de gasto e ingresos de las últimas previsiones presupuestarias, el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit muy elevado. Nadia Calviño, ministra de Economía está haciendo de dique ante Europa, pero existe temor por el impacto que una recesión podría tener en España por su elevada deuda.
Desde el Banco Central Europeo (BCE) también lanzan continuamente mensajes este sentido. El organismo que hoy preside Christine Lagarde es cómplice de la laxitud en el control de la deuda, ya que el proceso de reducción de tipos, y sus medidas extraordinarias de política monetaria, han dado vía libre al gasto. Aunque era uno de los objetivos del programa -alentar la economía o en el lenguaje del BCE, la inflación-, el coste de financiación de los estados miembros está adulterado a la baja.
Por ahora, España continúa financiándose a tipos históricamente bajos, pero los intereses ya han dejado de caer. El euríbor comenzó a subir en agosto, tirando al alza de la rentabilidad que el mercado exigía a la deuda pública, entre ellas a la española. Un giro que nos deja en una situación de vulnerabilidad; especialmente ante un giro económico negativo si no rebajamos nuestras cifras de deuda.
La inestabilidad crea desconfianza internacional
2019 está siendo un año trágico para la inversión extranjera en España. Tal como adelantó Economía Digital, este año va camino de ser el peor desde 2014, con una caída de las inversiones internacionales superior al 60%.
El contexto global no ayuda -la guerra comercial y el futuro brexit está sobre la mesa-, pero los problemas internos españoles, que no acaba de dar vida a una legislatura sólida y además tiene sin resolver el problema del independentismo-, tampoco es un aliciente para atraer capitales. La falta de Presupuestos deja en el aire dos temas relevantes para los inversores: la política impositiva y el coste de contratar.
Por el momento, todos los mensajes que ha ido lanzando el ejecutivo socialista abren la puerta a un entorno más negativo en materia fiscal para las empresas, especialmente las grandes, y también de costes laborales. El pacto PSOE- Unidas Podemos debería dar continuidad a la subida del SMI aprobada ahora hace un año. Esa posibilidad y la amenaza de modificación de la reforma laboral, invitan al dinero a ser prudente a la hora de llevar a cabo hoy inversiones significativas.
Aunque el desplome de la inversión extranjera en solitario no significa nada, sí pone una alerta sobre la actividad económica a futuro. Al igual que la creación de empresas o la inversión interna, la caída de las inversiones internacionales arrojan interrogantes sobre los motores de crecimiento futuro de la economía española. Sin un motor -sea el Estado, sean las empresas-, la rueda económica se frena y pinta un escenario a futuro de menor creación de empleo y, que podría derivar en menor crecimiento, si el consumo empieza a flaquear.
PIB y empleo
Uno de los mayores encontronazos entre el Ejecutivo y el Banco de España a lo largo de 2019 vino por la alerta recogida en un documento publicado por la institución sobre los efectos que podría tener la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el empleo. Aunque el artículo especifica que las opiniones son únicamente de sus autores, las conclusiones eran de tal rotundidad que generaron controversia.
«La subida aprobada para el SMI en 2019 es muy superior a las observadas en el pasado, lo que eleva considerablemente el número de trabajadores afectados y la incertidumbre en torno a los efectos negativos sobre la probabilidad de mantener su empleo. De acuerdo con las estimaciones presentadas en este artículo, estos efectos negativos podrían ser significativos», apuntaba en su introducción.
Por el momento, con los datos que tenemos, España continuó generando empleo durante este año y, en principio, se espera que mantenga esta tendencia en el futuro, aunque la mejoría ha sido insuficiente para recuperar los niveles previos a la crisis. En su punto más bajo, a mediados de 2007, la tasa de paro se colocó en la zona del 8%.
De acuerdo con las previsiones de Funcas, el desempleo finalizará este año en el 14,1%, para caer al 13 y al 12,2%, en 2020 y 2021, respectivamente. Lo hará, eso sí, en un escenario de crecimiento económico que se moderará desde el 1,9% de 2019, hasta el 1,5 o el 1,8%, de los próximos dos ejercicios.
Tanto la fundación creada por las antiguas caja de ahorro, como el Banco de España, creen que España es capaz de crear empleo con un crecimiento por debajo del 1%, tras la reforma del mercado laboral. Históricamente, esta capacidad se ligaba a un crecimiento mínimo del 2%, que ahora se habría dado por superado.
El impacto del nuevo SMI y de sus futuras subidas, sin embargo, puede condicionarlo. Isabel Celaá recordó este viernes que una de las promesas electorales del PSOE -y en esto no parece que vaya a haber enfrentamiento con Unidas-Podemos-, era subir el salario medio un 60% a lo largo de la legislatura. Sobre la carga concreta para 2020, no quiso pillarse los dedos y la emplazó a las negociaciones con los «agentes sociales».
