El CGPJ rechaza el informe de la Ley de Vivienda del ponente progresista y estudiará otro el día 27

Enmienda a la totalidad al informe del anteproyecto de la Ley de Vivienda. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han rechazado por mayoría este viernes el informe y han acordado cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, por otros dos nuevos ponentes para volver a estudiar un nuevo informe el próximo 27 de enero.

Así lo confirman fuentes del consejo a Economía Digital, que precisan que el informe del anteproyecto de la ley de Vivienda ha sido rechazado por 15 votos en contra frente a seis a favor en la sesión extraordinaria de este viernes para estudiar la propuesta de dicho informe, de forma que el Pleno ha estimado las alegaciones, convertidas en enmiendas a la totalidad, formuladas por el vocal Enrique Lucas.

Asimismo, se ha decidido proceder al cambio del ponente encargado del informe tumbado, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, y en su lugar se han designado a otros dos, los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, que se encargará de elaborar una nueva propuesta.

El nuevo documento previsiblemente se estudiará en el pleno ordinario del próximo jueves 27 de enero, según apuntan las mismas fuentes, por lo que será entonces cuando el Consejo dilucidará si da su visto bueno al informe de la nueva Ley de Vivienda que el Gobierno tenía previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, 18 de enero, en segunda lectura, pero que ahora se retrasará hasta febrero.

De esta forma, se vuelve a retrasar la aprobación del anteproyecto de la Ley de Vivienda, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó en diciembre su intención de que llegase al Consejo de Ministros antes de que concluyese el año 2021, algo que finalmente no se produjo por la falta del informe preceptivo del CGPJ. Ahora se vuelve a retrasar por segunda vez tras ser rechazado el informe por el Pleno del órgano de los jueces.

El nuevo ponente cuestiona la competencia del Estado

Lucas señala en sus alegaciones las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º. El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.

El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.

Han votado a favor de las alegaciones el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto a estas alegaciones los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

El informe tumbado avalaba la ley aunque detectaba «inconcreciones»

El borrador el informe rechazado avalaba en términos generales la nueva norma pero detecta “inconcreciones” en algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar.

A modo de ejemplo, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, señalaba la “ausencia de un mínimo grado de concreción” en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.   

También echaba de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda. Pese a su carácter básico, señala la propuesta de informe, el anteproyecto requiere un “mayor grado de claridad”, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.

Cuestionaba el límite a los precios de alquiler

Especialmente el informe cuestionaba el límite a los precios del alquiler, al menos tal y como se plasma su configuración al echar en falta una “justificación suficiente” de la necesidad de medidas de contención de los precios.

Por ello, sugería la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.

Asimismo, advertía de que el límite a los precios tendrá “una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada”, aunque dejaba claro eque la medida es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución. Desde la oposición y la CEOE denunciaron la “distorsión brutal e injerencia” de la Ley de Vivienda contra la propiedad privada.