El CGPJ aprueba por mayoría el informe crítico con la Ley de Vivienda y Podemos pide su dimisión

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves por mayoría, con 15 votos a favor y seis en contra, el informe crítico con el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda del Gobierno, según confirmaron a Economía Digital en fuentes del máximo órgano judicial.

El informe, del que han sido ponentes los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas tras el rechazo al primer informe del vocal y exdiputado socialista Álvaro Cuesta, cuestiona la invasión de competencias autonómicas en la que incurre la norma del Gobierno y la intromisión en el derecho a la propiedad privada.

El documento, de carácter preceptivo pero no vinculante, ve en la nueva Ley de Vivienda un “problemático encaje en el orden constitucional de competencias” al recordar que la política de vivienda es una materia de titularidad pública. Los jueces dejan claro en él que la vivienda es “una materia de titularidad autonómica” y, por consiguiente, el anteproyecto puede ser una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda y de medidas sobre su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, “la ley de vivienda” o “del derecho a la vivienda”.

Una vez aprobado el informe del CGPJ, el Gobierno analizará ahora dicho informe de los jueces y tendrá que decidir si introduce mejoras o no al anteproyecto para mejorar el ámbito jurídico de la norma, algo que baraja el PSOE pero a lo que el ala de Unidas Podemos se opone. Con todo, previsiblemente la nueva ley verá la luz a lo largo del mes de febrero.

Podemos pide la dimisión del CGPJ

Las reacciones no se han hecho esperar y desde Podemos su coportavoz, Pablo Hernández, ha reclamado la dimisión del CGPJ ante su «oposición constante» al Gobierno, al considerar que el órgano está «secuestrado» por el PP, al tiempo que ha vuelto a urgir al PSOE a aprobar la Ley de Vivienda «cuanto antes» y de forma «íntegra», es decir, sin cambios.

La posibilidad de introducir «mejoras» a la norma planteada por el  ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, para conseguir que sea «jurídicamente impecable», ha provocado un nuevo choque en el Gobierno, ya que en el ala de Unidas Podemos se oponen. Tanto, que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha mantenido reuniones con organizaciones y movimientos sociales para blindar la norma ante el temor de que el PSOE ceda a cambios.

Eso sí, tanto el PSOE como Unidas Podemos han coincidido en cuestionar ya públicamente la «imparcialidad» desde el CGPJ, toda vez que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirma que la no renovación del máximo órgano de los jueces desde diciembre de 2018 puede plantear «alguna duda» sobre la «imparcialidad» de sus informes. Desde la formación ‘morada’, no obstante, se han mostrado mucho más críticos denunciando asegurando que detrás de ello están las «élites del ladrillo».

15 votos a favor y 16 en contra

El documento ha recibido los votos a favor (un total de 15) tanto de vocales progresistas como conservadores. Ha recibido el visto bueno del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. 

Por su parte, los seis votos en contra han procedido de los vocales Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo (nombrado a propuesta del PSOE), Concepción Sáez (designada por Izquierda Unida) y Pilar Sepúlveda, que han anunciado la formulación de un voto particular. 

El informe final incluirá algunas observaciones menores al texto de la propuesta, sin alterar su contenido sustancial, según ha informado el CGPJ. El pleno del Poder Judicial rechazó el pasado 14 de eneroel primer informe formulado por el vocal y exdiputado socialista, Álvaro Cuesta, que avalaba la norma aunque detectaba “inconcreciones”.

Invasión de competencias y «farragoso» límite a los precios de alquiler

El órgano de gobierno de los jueces apostilla en el informe que «la vivienda es una materia de titularidad autonómica, en virtud del artículo 18.1.3º de la Constitución española y los estatutos de autonomía». «El núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada una de las comunidades autónomas que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia», señala.

Igualmente, sostienen que lo preendido con la nueva Ley “supone una alternación del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda y la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil donde se sanciona que la propiedad es “el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas ene las leyes”.

“Una cosa es delimitar la función social de la propiedad, en cuanto a los deberes que comporta, y otra, al socaire de ello, regular el contenido de las facultades dominicales” argumentan los vocales del CGPJ, que agregan que “la satisfacción de la necesidad habitacional se funda muy mayoritariamente en la titularidad dominical de la vivienda que, a menudo constituye el principal activo de la familia de forma que puede resultar inoportuna la alteración de su estatuto básico, en momentos de crisis económica como la actual”.

En lo relativo a las medidas de la nueva ley para la contención de precios en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda sostiene que “siendo tema constitucionalmente sensible, tiene un alcance limitado y un farragoso contenido”. “Nacido coyunturalmente para combatir los efectos de la pandemia su generalización y mantenimiento para un momento en que haya decaído la causa determinante de su génesis quizás no resulte adecuada“, considera.

Por otro lado, advierte de que su “complejidad reglamentista” pudiera propiciar “no pocos procedimientos judiciales“. En este punto, apunta que resulta mucha más clara y efectiva la regulación de las limitaciones arrendaticias para los grandes tenedores del artículo 17.7 LAU.

Los jueces también defienden su función ante las críticas del Gobierno. El Poder Judicial recuerda al Gobierno que el alcance de la función consultiva del CGPJ “no depende ni del interés ni e la voluntad del órgano que solicita el informe”. En este sentido, apunta que el Gobierno “carece de toda capacidad de disposición” en este aspecto porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos gobiernos y hasta el momento presente”.