Cerca de 100 ayuntamientos tardan más de un año en pagar a los proveedores

El Estado y las comunidades autónomas han logrado reducir por debajo de los 30 días el límite que marca la ley para pagar a los proveedores, mientras que las comunidades autónomas lo duplican, con 69 días. De hecho, hay 96 ayuntamientos que tardan más de un año, con una deuda de casi 213 millones de euros.

Estos son los últimos datos disponibles del informe del Ministerio de Hacienda analizados y presentados en rueda de prensa por el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), Antoni Cañete, quien ha celebrado que el periodo medio de pago del Estado (27,59 días) y de las CCAA (23,19) se sitúa por debajo del límite de 30 días, aunque con matices.

En el caso del Estado la ratio de operaciones pendientes de pago excede dicho límite al situarse en 34,09 días, con un importe de pagos pendientes de 656 millones de euros, si bien Cañete ha puesto el foco especialmente en los ayuntamientos, especialmente en los de cesión (los de más de 75.000 habitantes).

Ayuntamientos de mayor tamaño

Es en estos ayuntamientos de mayor tamaño, pertenecientes a capitales de provincia y grandes municipios como Hospitalet, Tarrasa o Leganés, en los que se registra un mayor nivel de morosidad (69,09 días) que en las entidades locales variables -ayuntamientos de menos de 75.000 habitantes- (55,48), aunque en estos últimos también se supera el límite. El total de ayuntamientos paga con una media de 60,46 días, el doble del límite legal.

Los ayuntamientos más morosos de España son el de Rubite (Granada), que tarda 1.199 días en pagar, el de Castilleja de Guzmán (Sevilla), con 1.193,8 días, La Bisbal d’Empordà (Tarragona), con 1.163,4 días, y Moraleja de Enmedio (Madrid), con 1.122 días de demora.

Ante estos datos, Cañete ha exigido que se implementen de una vez medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad, tanto en el sector privado como en el público, y más aún cuando está sobre la mesa la posible multa que está estudiando imponer a España por parte la Unión Europea, que analiza las medidas implementadas para atajar la morosidad.

El presidente de la CNMC ha recordado que ya hay mecanismos recogidos en la Ley de Administración Pública del año 2011 para actuar sobre los ayuntamientos morosos, ya que en los casos en los que los municipios no paguen en tiempo y forma el Gobierno central podría pagar directamente, restándose después de las transferencias que hace el Estado a las administraciones locales la parte abonada a los proveedores. También puede intervenir directamente a la administración morosa y sancionar por incumplimiento de la ley española y la directiva europea que fija el plazo límite de pago en 30 días.

La nueva ley es una «cortina de humo»

En este sentido, Cañete ha criticado que transcurrido un año desde que el Congreso aprobase por unanimidad el régimen sancionador se hayan registrado 34 ampliaciones del plazo de enmiendas, y ha recordado que el Gobierno tiene potestad para cerrar dicho plazo y que el régimen de sanciones a la morosidad vea la luz tras años reivindicándolo como vía para frenar los abusos en los pagos.

A su juicio, la ley ‘Crea y Crece’ aprobada recientemente por el Consejo de Ministros es una «cortina de humo» que se presenta para hacer ver a la Comisión Europea que España actúa contra la morosidad y no implementar la ley de régimen de sanciones, pero en realidad es «insuficiente» y no resolverá los problemas de morosidad.

También ha criticado la PMcM la «afrenta» que supone que el anteproyecto de ley establezca que para acceder a los fondos Next Generation UE sea necesario presentarsolo una «declaración responsable» para alegar que se paga en plazo y así poder acceder a los fondos.

En su lugar, la PMcM pide imponer que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores, así como conseguir que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago para que se tengan en cuenta los confirming, ya que «enmascaran la realidad de los plazos de pago”.

Factura electrónica

Lo que sí ha valorado la PMcM es la propuesta de implantar la factura electrónica en todas las pymes que recoge el anteproyecto, puesto que supondrá “un gran avance para el control de los periodos de pago en el país», si bien cree que no ser reducirán ni los costes ni las cargas administrativas de pymes y autónomos.

En cuanto a la modificación de la ley de contratos del sector público, la PMcM ha defendido que la capacidad de impugnar contratos no sea sólo una potestad de los contratistas y las administraciones públicas, sino que se extienda a los subcontratistas. Según Cañete, no se está registrando en FACE la facturación de los contratistas y ello podría provocar la ruptura de la cadena de pago.

Las empresas del Ibex pagan en 200 días y cobran en 66

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo que obligue a los grandes contratistas a que paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal, y mejorar el control en ese tipo de contratos, ya que la Administración paga bien a los grandes contratistas pero éstos a su vez no a los pequeños.

Según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019, y sin embargo cobran en 66 días.

Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales, y todo ello, ha afeado Cañete, a pesar de que el Banco Central Europeo (BCE) puso en marcha un mecanismo de compra masiva de activos financieros para grandes empresa que ha elevado la liquidez de las grandes compañías a máximos, pasando de un 15% en 2019 al 30% en el año del Covid.

«Tienen más dinero que nunca en disposición, pero pagan en 200 días, eso no es morosidad, es morrosidad», ha añadido Cañete.

Los impagos suben al 5,3%: «Vendrá un drama importante»

El presidente de la PMcM ha mostrado su «inquietud» por el aumento de la morosidad y por el aumento de los niveles de impagos, que han subido hasta el 5,2% o 5,3% de la facturcón de las empresas, lo que anticipa «la inviabilidad de muchas empresas».

Según Cañete, actualmente no hay tantas quiebras, cierres o concursos como habría habido de no ser por el «dopaje» en el ámbito empresarial como consecuencia de la batería de medidas adoptadas por el Gobierno, como los ERTE, los avales del ICO o la moratoria concursal, pero cuando finalice cree que será «casi imposible» hacer frente a la deuda adquirida previo a la Covid más la acumulada durante la pandemia.

Será entonces cuando se verá un «drama importante y se romperá la cadena de pagos«. Los niveles de impagos están ya en máximos de la crisis anterior. Aun así, ha valorado que el paquete de ayudas de 11.000 millones se priorizase para pagar la deuda pendiente de los proveedores, pero pese a esa «voluntad» insiste en la necesidad de actuar contra la morosidad.