CEOE y sindicatos niegan el acuerdo en pensiones y Escrivá maniobra para cerrarlo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lleva varias semanas adelantando un acuerdo «inminente» con los agentes sociales en el marco del diálogo social para la primera fase de la reforma de las pensiones y este mismo viernes aseguró que el acuerdo se producirá incluso «en días».

Sin embargo, fuentes del diálogo social, tanto del lado empresarial como sindical, señalan a Economía Digital que el acuerdo no se ha cerrado aún y quedan varios puntos aún pendientes de consensuar para poder llegar a firmar lo que será la primera fase de una de las principales reformas que tendrá que acometer el Gobierno a lo largo de este año y el próximo, con medida a desplegar en varios ejercicios.

Tras la rúbrica ‘in extremis’ este pasado miércoles del quinto acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar al 30 de septiembre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de actividad de los autónomos, después de una negociación convulsa con discrepancias y críticas en público entre el ministro Escrivá y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el Gobierno se afana por conseguir cerrar el acuerdo de las pensiones y poder anunciar un nuevo pacto del diálogo social.

Desde el diálogo social descartan que se pueda alcanzar por ahora un acuerdo que permita cerrar la reforma para su aprobación en el Consejo de Ministros del martes, por lo que creen que como mínimo se demorará una semana más y no sería hasta mediados del mes de junio cuando podría ver la luz el acuerdo, aunque admiten que se está cerca del mismo y se trabaja en el texto normativo tras haberse consensuado las grandes líneas «políticas».

El primer paquete incluye la revalorización de las pensiones con el IPC, así como la revisión de la penalización de la jubilación anticipada, elevando el coeficiente reductor al 20% en el caso de las bases máximas, y la revisión también de los incentivos a la jubilación demorada para aproximar la edad efectiva de retiro a la edad legal, que alcanzará los 67 años en 2027.

La jubilación forzosa, el principal escollo

Fuentes de CEOE critican que Escrivá «lleva un mes anunciando un acuerdo y filtrando temas que no están cerrados», ya que, según explican, quedan aún varios flecos por concretar y resolver, siendo uno de los principales escollos el punto relativo a la jubilación forzosa.

Desde la patronal no ven bien subir cotizaciones y rechazan que se pretenda extraer la jubilación forzosa en los convenios del Acuerdo para el Empleo y l Negociación Colectiva (AENC) suscrito con los sindicatos, pendiente de renovación.

Sobre la denominada jubilación forzosa ,aquella que se recoge en los convenios colectivos y que obliga a los trabajadores a retirarse quieran o no una vez alcanzan la edad de retiro, se plantea en la negociación la prohibición de las cláusulas convencionales que prevean la jubilación forzosa del trabajador por el cumplimiento de una edad inferior a 68 años. 

No obstante, para las cláusulas sobre jubilación forzosa que se hubieran incluido en los convenios colectivos al amparo de la legislación hasta ahora vigente podrán ser aplicadas mientras tales convenios mantengan su vigencia., se prevé un régimen transitorio conforme al cual solamente podrán tener eficacia hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada del convenio en cuestión.

Escrivá maniobra: deja fuera el sistema de cotización por ingresos reales

Para intentar rubricar el acuerdo, Escrivá está maniobrando y realizando guiños. En cuanto al nuevo sistema de cotización por ingresos reales, intrínseco en la “inminente” reforma de las pensiones, las fuentes explican a Economía Digital que de la última propuesta que realizó el Ministerio de Inclusión se han eliminado unas tablas y unos tramos que no se habían negociado, uno de los puntos que explicaban el rechazo frontal de CEOE.

De hecho, se negociarán los tramos y las cuotas, así como la transición prevista de 9 años en un proyecto de ley diferente al de la reforma general de las pensiones más allá de que se recojan en ella los principales «enunciados».

Según el borrador al que tuvo acceso Economía Digital, el Gobierno plantea un sistema de cotización por ingresos reales que conllevaría unas cuotas de los trabajadores por cuenta propia que oscilarían, una vez transcurrido el periodo de nueve años, entre un mínimo de 90 euros para los autónomos que ganen menos de 3.000 euros al año y un máximo de 1.220 euros al mes para los que perciban unos rendimientos superiores a los 48.800 euros anuales.

La reforma, que entraría en vigor desde el año 2023, establecerá una cotización intermedia por tramos que se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan a lo largo del periodo, partiendo de unos tramos de entre 200 y 400 euros el primer año. Se revisará cada tres años y se posibilitará modificar la elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos. 

No penalizará la jubilación adelantada de despedidos en 2021

Además, Escrivá confirmó el viernes la información adelantada este viernes por El País, relativa a que los despidos de 2021 tendrán una cláusula de salvaguarda para que no les apliquen los nuevos coeficientes reductores cuando se jubilen antes de tiempo. de forma que no se penalizará la jubilación adelantada de los trabajadores despedidos en 2021.

Asimismo, el ministro confirmó que con carácter general la reforma se implantará gradualmente para que a nadie le afecte súbitamente.«Tampoco queremos que alguien que tenía pensado tomar una decisión se vea afectado por un cambio normativo sobrevenido y tenga que modificarla de forma súbita», aseguró.

El Gobierno ya renuncio también a la propuesta que venía pareja a la revalorización de pensiones y que fijaba que en los años en los que el IPC fuese negativo y se produjese una ganancia de poder adquisitivo de las pensiones ésta se tuviese que devolver los años siguientes.

De esta forma, el acuerdo para revalorizar las pensiones en función del IPC no incluirá finalmente rebajar las futuras subidas de estas prestaciones para compensar por los años en los que se produzcan caídas de los precios o se registre deflación, según ha señalado el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.

Esto supone que el Ejecutivo acepta que las pensiones ganen poder adquisitivo en los ejercicios que la inflación negativa, de forma que cuando se registre un año de IPC positivo estas prestaciones se revalorizarán conforme a ese indicador y cuando el IPC sea negativo las pensiones se congelarán y los pensionistas ganarán poder adquisitivo. Esa ganancia indirecta, por tanto, no tendrá que compensarse en los ejercicios sucesivos con subidas inferiores al IPC hasta neutralizar ese alza del poder adquisitivo, tal y como había planteado el Ministerio de Seguridad Social.

Las medidas que verán la luz: penalización de jubilación anticipada del 20%

En lo referido a las revalorización de las pensiones, se garantiza como estaba previsto el mantenimiento del poder adquisitivo a través del incremento de las pensiones el 1 de enero de cada año de acuerdo con la inflación media registrada en el ejercicio anterior.

En cuanto a los coeficientes reductores por jubilación anticipada, el ministro avanzó que se aumentará al entorno del 20% en el caso de las pensiones máximas. El borrador contempla para aquellos trabajadores que tengan cotizados menos de 38 años y 6 meses, el adelanto de su jubilación 24 meses supondrá una reducción de entre el 21% y el 3,26% (1 mes antes); para los que tengan más de 38 años cotizados y 6 meses, pero menos de 41 años y 6 meses, la reducción máxima será del 19% (24 meses) y la mínima del 3,11% (1 mes).

El coeficiente reductor pasará a ser del 17% si los que tienen más de 41 años y 6 meses cotizados, pero menos de 44 años y 6 meses, se jubilan dos años antes. Si lo hacen un año antes, la reducción será del 2,96%. Por último, los que tengan más de 44 años y medio cotizados tendrán una reducción del 13% por jubilarse dos años antes, pero ésta irá modulándose según se acerque a su edad de acceso a la jubilación y se situará en el 2,81% un año antes.

El borrador también contempla sobre la jubilación demorada aplicar la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en cada caso.

También se plantea mejorar los incentivos para la prolongación de la carrera profesional más allá de la edad ordinaria de jubilación, mediante tres tipo de incentivos a elegir por el trabajador por cada año de demora.

En detalle, se contempla un porcentaje adicional del 4% (este porcentaje adicional se sumará al que corresponda de acuerdo con el número de años cotizados y se aplicará a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión); una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas o una combinación de ambas. El pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros, conforme al último borrador.

Otras medidas pasan por la transferencia de 8.647 millones de euros de gastos ‘impropios’ de la Seguridad Social al Estado o la cotización de becarios en prácticas.