CEOE teme que el Gobierno reparta los fondos europeos con criterios ideológicos

La esperada llegada de los fondos europeos, unos 140.000 millones de euros que le corresponden a España hasta el año 2026, se aproxima ante la previsión de que la próxima semana Bruselas apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. Pero desde la CEOE temen que el reparto no sea transparente sino que responda a «criterios políticos o ideológicos».

Los empresarios de las principales compañías españolas y también de las pymes llevan meses esperando conocer las convocatorias y concursos que les permitirán acceder a estos fondos procedentes de Europa en aras de impulsar proyectos en distintos ámbitos como la digitalización, la transición ecológica, la rehabilitación de viviendas o el hidrógeno verde.

Sin embargo, en este tiempo han denunciado la falta de información y detalle sobre los procesos para acceder a los mismos y ahora se ha sumado una preocupación más tras la polémica por el caso Plus Ultra, la aerolínea aérea de cuatro aviones rescatada por el Gobierno con 53 millones de euros con cargo al fondo de rescate de la SEPI, denunciado por la oposición, que asegura que la compañía no cumplía los requisitos y tiene vínculos con el chavismo.

Esta preocupación la ha expresado el secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José Alberto González-Ruiz, durante su intervención en el Foro Potencia en el que ha analizado la situación económica del país y las propuestas de la patronal de cara a las iniciativas estratégicas para la recuperación. 

«Dosis de transparencia máxima»

González-Ruiz ha indicado que el decreto aprobado por el Gobierno a finales del año pasado para la reforma de la Administración con el fin de agilizar los procedimientos de cara a los fondos europeos, que se encuentra paralizado en su tramitación en el Congreso, busca dar “transparencia” al sistema, sin embargo ha mostrado su temor tras lo sucedido con el rescate a Plus Ultra. 

“Haríamos un flaco favor si al final, tal y como se ha escuchado y escrito en algún medio, verdaderamente este reparto de fondos obedece a criterios que no son los de la libre concurrencia, no llevan implícito una transparente y que al final se puede interpretar que lleva otro tipo de criterios ideológicos o políticos”, ha afirmado. 

El representante de los empresarios ha explicado a colación de esto que desde la patronal han insistido “mucho” en la necesidad de unas “dosis de transparencia máxima” en la tramitación parlamentaria del decreto de la reforma administrativa. 

En cualquier caso, cree que no hay “duda” de que la Unión Europea va a jugar un papel importante al respecto y estará “vigilante” para que en el proceso de concesión de los proyectos de los fondos europeos “no se asista a casos como el del apoyo a una línea aérea semiespañola que no obedece, o da la impresión de que no obedece a unos criterios de transparencia ni objetivos”. 

“Todos estamos por el respeto y el recurrir a una transparencia en lo que va a ser ese proceso de reparto de fondos”, ha añadido.

El caso Plus Ultra

El denominado caso Plus Ultra surgió el pasado mes de marzo cuando el Consejo de Ministros aprobó ayudas par el sector turístico con cargo al fondo de la SEPI constituido para rescatar a empresas estratégica españolas con dificultades financieras como consecuencia de la pandemia.

Entre las ayudas más cuantiosas figuró la destinada a AIR Europa, con 475 millones de euros, lo que propició la compra por parte de Iberia de la compañía aérea por 500 millones, la mitad de lo acordado en noviembre. A ello se sumó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ofrece vuelos entre España y Latinoamérica, a la que la SEPI inyectó un total de 53 millones de euros para ayudarle a hacer frente a sus desequilibrios financieros.

La aprobación de la ayuda fue denunciada por la oposición ante los presuntos vínculos de algunos de sus accionistas de origen venezolano con el chavismo y por el supuesto incumplimiento de los requisitos necesarios para ser considerado una compañía estratégica y así tener derecho a las ayudas de la SEPI.

Desde entonces se han ido sucediendo una cascada de informaciones sobre la operatividad de la aerolínea, con cuatro destinos —Guayaquil y Quito (Ecuador), Caracas (Venezuela) y Lima (Perú)–, su flota de cuatro Airbus, aunque tres podrían estar en régimen de alquiler, o su condición de posible línea minoritaria, con 156.139 pasajeros transportados en 2019 en 823 vuelos, lo que la situarían con un 0,1% de la cuota total nacional

Sin embargo, desde el Gobierno distintos ministros no han dejado de defender que se trata de una aerolínea estratégica para España y la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, apuntó en su momento que en 2019 la aerolínea había obtenido una facturación de 100 millones de euros y genera 350 empleos directos y 2.500 indirectos. Además, argumentó que el hecho de que Plus Ultra fuese la segunda aerolínea rescatada fue por orden cronológico al haber presentado la solicitud antes que otras, en septiembre de 2020.

Ciudadanos, con el eurodiputado Luis Garicano a la cabeza en el tratamiento del caso, ha denunciado el caso ante Bruselas, que ha abierto una investigación al respecto. La formación naranja también ha denunciado el rescate de Plus Ultra ante el Tribunal de Cuentas al considerar que se trata de una «ayuda a dedo».

A la espera del desarrollo reglamentario de los PERTE

Ante este caso, desde CEOE reclaman transparencia en la concesión de los fondos europeos y el secretario general de la patronal se ha referido al real decreto 36/2020 que recogía cambios relevantes en las leyes para la modernización de la administración pública. 

Con la reforma aprobada se eliminaban ‘cuellos de botella’ y trabas de la Administración con el fin de agilizar la ejecución de los 27.000 millones de euros de los fondos europeos adelantados en los Presupuestos. de 2021, así como de cara a los procesos de adjudicación de proyectos posteriores, con los 69.528 millones de euros contemplados en el Plan de Recuperación español hasta 2023, y los restantes 70.000 millones a modo de préstamos que solicitará España desde el próximo año hasta 2026.

Entre otras medidas, se recoge un impulso de las sociedades de economía mixtas, se recuperan las agencias estatales, se reducen a la mitad los plazos de tramitación, la fiscalización de las operaciones no superará los 5 días hábiles y se contemplaba la creación del portal web para registrar todos los proyectos.

Además, en esa reforma de la Administración se recogían los denominados proyectos estratégicos para la recuperación y transformación del país (PERTE), la figura contemplada para canalizar los grandes proyectos intersectoriales con una visión de país. 

En este sentido, González-Ruiz ha indicado que hay aún una serie de aspectos no desarrollados, por lo que espera que la Administración apruebe “cuanto antes” un desarrollo reglamentario para dar seguridad jurídica a las empresas que quieren participar en los PERTE. En su opinión, para que el desarrollo de los proyectos y el Plan de Recuperación sean un «éxito», es necesario el desarrollo y fortalecimiento de los instrumentos de colaboración público-privada.

Presencia española en proyectos europeos

Por el momento, el Ejecutivo anunció un primer PERTE consistente en el plan del vehículo eléctrico, por el que se contempla la creación de un gran consorcio público-privado del Gobierno con el Grupo Volkswagen e Iberdrola para montar una de las primeras plantas de baterías en Europa.

A él se ha sumado a posteriori el PERTE sobre salud de vanguardia para incorporar avances innovadores de la biotecnología en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el manejo clínico de los pacientes, entre otros.

En la patronal también ven necesario el desarrollo reglamentario para las compañías españolas que puedan participar en un proyectos europeos en el marco de la reconstrucción.  De hecho, entre los proyectos planteados por CEOE se incluyen algunos “de calado” para ir fomentando la participación de las compañías españolas en grandes proyectos a nivel europeo. 

En las últimas semanas se han lanzado manifestaciones de interés a nivel europeo que “pueden dar entrada a ciertos grupos empresariales españoles” para liderar temas relacionados con baterías, hidrógeno verde y microelectrónica.  “Probablemente veamos presencia española”, ha adelantado. 

Las iniciativas de CEOE

Más de 100 grupos empresariales y 60 organizaciones empresariales sectoriales y territoriales trabajaron de manera conjunta para poner a disposición del Gobierno 21 propuestas de parte de CEOE, con 114 líneas de inversión , que, a su vez, se implementan a través de más de 400 proyectos específicos.

La ejecución de dichos proyectos se llevaría a cabo por medio de los mecanismos que mejor encajen para cada uno de ellos, como la colaboración público-privada, los PERTES, los consorcios, las licitaciones de contratos públicos o las convocatorias de subvenciones.

En el ámbito de la transición digital, CEOE lanza propuestas relacionadas con el turismo, la digitalización de las PYMES, el sector agroalimentario, la salud y la investigación clínica, los medios de comunicación y los medios de pago

En el eje de transición ecológica propone iniciativas relacionadas con el agua; las redes y las energías renovables; la movilidad sostenible; la economía azul; la descarbonización de la industria; el hidrógeno; las infraestructuras y la logística; España como hub aeronáutico y multimodal; la economía circular; y la reforma y rehabilitación integral de edificios y la regeneración urbana.

Para el eje de cohesión social y territorial, aborda rorpuestas en materia de industrias culturales y creativas; deporte; reto demográfico y competitividad territorial; formación profesional; y acercamiento de la educación al mundo de la empresaa y, por último, una iniciativa estratégica de país relacionada con el compromiso empresarial con la igualdad.

Los fondos europeos empezarán a llegar en julio

El Gobierno aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a finales de abril y lo remitió a Bruselas el día 30 de ese mes con 212 medidas, distribuidas entre 110 inversiones y 102 reformas.

Quedan por terminar de perfilar las más destacadas, como la fiscal, la laboral o la de pensiones, y cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Desde entonces la Comisión Europea dispone de un plazo de dos meses para su evaluación, si bien esta próxima semana empezará a aprobar varios planes de recuperación de distintos Estados miembros. A continuación los transmitirá al Ecofin, con otro mes adicional de plazo para validar o no definitivamente los planes. 

La previsión es que España pueda recibir un anticipo de unos 9.000 millones de euros en julio y el segundo desembolso de alrededor de 16.000 millones a final de año.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en que se puedan empezar a recibir transferencias en el segundo semestre y movilizar ya en 2022 los créditos para financiar iniciativas del Plan, como los fondos Next-Tech o el fondo Cofides de reestructuración de empresas, además de para sufragar el nuevo mecanismo permanente de estabilidad y flexibilidad inspirado en los ERTE. 

Esto supone un cambio respecto a la intención inicial, ya que estaba previsto priorizar los 70.000 millones de transferencias en el periodo 2021-2023 y los restantes 70.000 millones en préstamos en los tres ejercicios sucesivos hasta 2026.