CEOE y los sindicatos apuestan por prorrogar los ERTE sin cambios hasta final de año

Arranca la negociación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos para acordar las condiciones de la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, los que serán los llamados «ERTE de transición» hasta que se consensúe el nuevo esquema en 2022 comprometido con Bruselas. CEOE y las organizaciones sindicales exigen que se extienda el esquema actual hasta final de año o probablemente hasta el 31 de enero.

Se trata de la sexta y previsiblemente última prórroga de los ERTE, al menos bajo el mecanismo actual proveniente de la reforma laboral de 2012 pero configurado y adaptado desde abril del año pasado cuando se impulsaron para salvaguardar el tejido empresarial ante el estallido de la pandemia, llegando a proteger a 3,6 millones de trabajadores en el punto álgido y todavía a unos 260.000.

Y es que fuentes gubernamentales y del diálogo social confirman a Economía Digital que está previsto que se empiece a negociar también con los agentes sociales una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, que pasan por un sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición.

El Gobierno tiene la intención de concentrar los recursos en los trabajadores que se reincorporen al mercado laboral con el fin de reducir el número de empleados en ERTE, para los que se reducirían las exoneraciones en sus cuotas, ya que, sostienen desde el Ejecutivo, puede suceder que buena parte de los 150.000 trabajadores que permanecen inactivos a tiempo completo nunca lleguen a reincorporarse a sus puestos pese al dinero invertido en bonificar sus cuotas.

CEOE y sindicatos exigen mantener el esquema actual

Los agentes sociales reclaman el mantenimiento del esquema de exoneraciones actual de los ERTE, frente a la postura del Gobierno de reducir las cuantías de las exoneraciones a los trabajadores que permanezcan en un ERTE, actualmente unos 260.000, y aumentarla para los que salgan con el fin de incentivar la reinserción.

Patronal y sindicatos consideran necesario que se extienda el mecanismo actual al menos lo que resta de año y que las exoneraciones se mantengan para seguir ayudando a las empresas que se vean forzadas a continuar teniendo a parte de su plantilla en un ERTE ante las restricciones por la Covid.

Los sindicatos piden mantener así el esquema de derecho de los trabajadores afectados por ERTE; que pasa por el acceso a la prestación sin periodo de carencia, el denominado ‘contador a cero’ por el que no computa el periodo consumido de paro hasta enero de 2022 y una prestación equivalente al 70% de la base reguladora como la existente hasta la fecha.

También van a reclamar especialmente la permanencia del sector de la hostelería y el comercio en los ERTE, ya que actualmente el 24% de los trabajadores protegidos pertenece a la hostelería, servicios de comida y bebida (65.373 afectados) y en torno al 14,3% de los trabajadores en ERTE se encuentran en los servicios de alojamiento (39.091 trabajadores)

La prohibición de despidos, uno de los escollos

Uno de los principales escollos en todas las anteriores prórrogas de los ERTE que previsiblemente se repetirá en la negociación de la actual es el referido a la prohibición a las empresas que se acojan a un ERTE de despedir e interrumpir contratos temporales.

Fuentes del diálogo social señalan a Economía Digital que casi con toda seguridad en la nueva prórroga se mantendrá la actual prohibición de despedir durante seis meses para las empresas en procesos de ERTE. Este fue el gran escollo en la pasada negociación.

En anteriores negociaciones para extender este mecanismo desde la patronal ya intentaron sin éxito eliminar el requisito de la prohibición de despido para incluir a trabajadores en ERTE, pero tanto el Ejecutivo como los sindicatos rechazan de pleno esa petición.

Calviño vuelve a presionar para priorizar la reincorporación

Al igual que ha sucedido en anteriores ocasiones, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, está tratando de priorizar la reincorporación de los trabajadores, ya que, tal y como ha señalado en estos días, considera que hay que continuar con el sistema pero «adaptándolo a la realidad».

La intención inicial del Gobierno es rebajar las bonificaciones a las empresas que mantengan a los trabajadores en ERTE, y es que, como dijo Calviño, «las empresas ya están saliendo adelante, la economía se está recuperando muy fuerte y hay que asegurar que se reactivan los trabajadores para asegurar esta recuperación que está siendo muy fuerte».

Calviño aboga por un «ERTE de transición» hasta final de año para que a comienzos de 2022 entre ya en vigor el nuevo sistema permanente comprometido con Bruselas, en línea con la intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien afirma que se buscará la «mejor solución» de transición.

Esquema actual

La norma vigente recoge tres modalidades de ERTE, que pasa por los destinados a los sectores ‘ultraprotegidos’ y a las empresas vinculadas a su cadena de valor; los ERTE de impedimento de la actividad, y los ERTE de limitación. Los dos últimos tipos se dirigen a los casos de empresas afectadas por restricciones administrativas temporales contra la Covid, como la reducción de aforos o prohibición de apertura.

Se contempla una cobertura del 70% de la base reguladora y exoneraciones de entre el 70% y el 100%. Las empresas en ERTE que siguen sin poder reanudar su actividad sigue alcanzando el 100% para las compañías de menos de 50 trabajadores y el 90% para las de más de este número.

Respecto a los sectores ultraprotegidos, indicados en la lista de códigos CNAE, y a aquellas empresas vinculadas a ellos, las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social son mayores si los trabajadores se reincorporan a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y eran del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

En la categoría de ERTES de limitación, para aquellos casos que todavía tienen restricciones a su actividad completa -por aforos u horarios, entre otros- las exoneraciones se mantienen vigentes en el 85% actual e irán decreciendo para llegar al 75% en agosto y septiembre.

Los ERTE han supuesto un coste para el Estado desde su puesta en marcha el año pasado de unos 21.000 millones de euros y el coste de la última prórroga se cuantificaba en unos 2.000 millones (3.400 millones contando con la ayuda por cese a los autónomos), si bien podría haber sido inferior ante la mayor salida de trabajadores de la prevista.

El nuevo mecanismo permanente de los ERTE

El Ejecutivo empezará a negociar también con los agentes sociales una reforma para incorporar al Estatuto de los Trabajadores dos nuevos mecanismos de ajuste de empleo previstos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas, los mecanismos de sostenibilidad del empleo (MSE), que pasan por un sistema de estabilización económica y por un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición.

En cuanto al primero, el sistema de estabilización económica proporcionará flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad de la empresa, con un foco especial en la formación de los trabajadores y consiste en la reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, para reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad.

Para ello se establecerá un fondo tripartito, cuyo funcionamiento se decidirá en el diálogo social, que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo logrado en las fases alcistas del ciclo económico a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto, y que se nutrirá del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y los trabajadores y de la aportación del Estado al presupuesto del SEPE.

El Estado también podrá participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas tal y como se ha hecho en la crisis actual. Las contribuciones adicionales del Estado se podrán financiar mediante recurso a los préstamos del Fondo de Recuperación-Next Generation.

Por otra parte, también se acordará un sistema de apoyo a la recualificación de trabajadores en empresas y sectores en transición, para hacer frente a los posibles ajustes permanentes de plantillas ante innovaciones derivadas de los cambios tecnológicos o de la demanda. Tendrá financiación mixta (de empresas o sectores afectados que pagarán una parte del sueldo y gasto en formación y recualificación y el resto el Estado mediante el recurso a los créditos al Mecanismo de Recuperación y las transferencias para políticas activas de empleo).

Prestación por cese de los autónomos

También está pendiente de negociar la prórroga de la prestación por cese de actividad de los autónomos, mecanismo bajo el que quedaban acogidos unos 226.000 autónomos en agosto. Fuentes de las organizaciones de autónomos confirman a Economía Digital que solicitarán su prórroga hasta final de año.

En la última prórroga se incluyeron exoneraciones de las cuotas a las Seguridad Social para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el periodo anterior y hasta el 30 de septiembre. Estas exoneraciones, que buscan apoyar la reactivación de la actividad de los que han visto su negocio afectado recientemente, han sido en junio del 90%, en julio del 75%, en agosto del 50% y en septiembre del 25%.

Además, se mantienen las prestaciones extraordinarias vigentes para quienes no pueden desarrollar su actividad con normalidad, continuando la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19.  

La cuantía de la prestación se eleva al 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI.