CEOE reclama al Gobierno destinar más de 4.000 millones de fondos europeos a bajar impuestos

El empresariado español presiona al Gobierno que gestione muy en línea con la receta del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (PP), de forma que reclama al Gobierno destinar al menos 4.000 millones de euros de transferencias no reembolsables de los fondos europeos a rebajar impuestos, así como parte de los fondos todavía no ejecutados.

La patronal ha trasladado al Gobierno que la bajada de impuestos y la puesta en marcha de incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos deber ser una «prioridad para España» en el contexto actual de inflación e impacto de la guerra de Ucrania, como fórmula para combatir el alza de precios por parte de familias y empresas. Este jueves se produjo la convalidación del decreto incluyendo su tramitación como proyecto de ley para introducir cambios vía enmiendas, como exigió el PP.

La propuesta está muy en línea con la realizada por el PP, quien pide al Ejecutivo agilizar los fondos transformando en créditos fiscales, créditos monetizables u otras figuras unos 4.900 millones de euros (el 7% de los fondos Next Generation UE) que ahora actualmente están planteados en forma de ayuda para acelerar la llegada.

Así se lo ha hecho saber la patronal al Ejecutivo, según confirman a Economía Digital en fuentes de la organización, y tal y como se plasma en el Informe sobre seguimiento de los fondos europeos, en el que CEOE pide incorporar bajadas de impuestos e incentivos fiscales con cargo a los fondos europeos en línea con otros planes nacionales.

Y es que países como Francia, Portugal, Dinamarca, Australia, Italia o Suecia han incluido ya bajadas de impuestos e incentivos fiscales en sus respectivos planes nacionales. Además, ante la excesiva burocracia de los procesos administrativos en España, CEOE subraya que estos canales son los más inmediatos y eficientes al no precisar de trámite alguno.

Los empresarios se alinean con el plan de Feijóo

El alineamiento de los empresarios y las pymes con el planteamiento de Feijóo ya venía siendo palpable en las últimas semanas, pero se terminó de constatar durante la celebración de los VIII Premios Cepyme en la sede del Banco Santander el pasado lunes, en la que el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha aprovechado para realizar una batería de peticiones y ciertas críticas, ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El líder de la patronal de las pymes alertó sobre la elevada presión fiscal de las empresas españolas, ya que «aunque se afirme lo contrario (como se suele asegurar desde el Gobierno) es superior al a media europea», así como la elevada morosidad, el exceso de normas y la necesidad de flexiseguridad en el mercado laboral y reformas para una Administración más eficiente.

En el primer encuentro de los líderes de las patronales hace dos semanas con Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP se constató una coincidencia total sobre las medidas a acometer ante la coyuntura de crisis energética y alta inflación por la guerra de Ucrania.

«Llevamos diciéndolo hace cuatro años, no es un tema que nadie venga a contárnoslo, menos tipos significan más bases imponibles», apostilló Garamendi, quien defiende de forma reiterada la necesidad de una rebaja de impuestos.

Además de las rebaja de impuestos, los empresarios ven un gran margen para reducir el gasto burocrático y superfluo, aludiendo al informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), el ‘think tank’ de la patronal, que calcula que hay un margen de reducción del gasto superfluo de 60.000 millones de euros ante solapamientos de las administraciones.

A este respecto, el último informe sobre producción normativa en 2021 elaborado por CEOE concluye que el conjunto de las páginas publicadas por los Boletines Oficiales de ámbito estatal y autonómico alcanzó 1.088.249 de páginas en 2021, el sumatorio más alto de los últimos 10 años, siendo un 10% superior a la media anual. Destaca la aprobación de 32 reales decretos ley, la cifra más alta desde 1978, a excepción del año pasado, que contó con 39 reales decretos leyes aprobados debido a la crisis sanitaria.

La confederación empresarial sostiene que las empresas no pueden asumir más costes de la crisis y, en su lugar, considera que es el turno de la Administración, en línea con lo que defiende el plan económico de Feijóo.

Concretamente, los ‘populares’ proponen una bajada de impuestos de entre 7.500 y 10.000 millones de euros que se concreta en una disminución inmediata del IRPF con efectos retroactivos desde el 1 de enero dirigida a rentas medias y bajas con ingresos inferiores a 40.000 euros, así como ayudas de entre 200 y 300 euros a los perceptores de salarios de entre 14.000 y 17.000 euros. También pide , y destinar 4.900 millones de los fondos europeos a deducciones fiscales en eficiencia energética.

El plan de Feijóo también recoge una rebaja de la tributación por módulos del régimen simplificado en el IVA y en el régimen especial de los sectores especialmente afectados por la inflación, como el transporte, la industria, la agricultura o la ganadería. En materia del Impuesto de Sociedades, el PP propone dar libertad para amortizar inversiones en eficiencia energética, al tiempo que defienden una rebaja inmediata del IVA que grava la energía eléctrica y el gas al «4% o el 5%», tal y como adelantó Economía Digital.

Lentitud y excesiva burocracia

Según el último informe sobre ejecución de los fondos europeos elaborado por la Confederación, la patronal calcula que solo uno de cada cuatro euros recibidos de dichos recursos ha llegado al as empresa, es decir, apenas el 27% al haberse ejecutado fondos de manera real por valor de 805 millones de euros de los casi 3.000 millones que gestiona el Estado de manera directa.

No obstante, el Gobierno sigue sin publicar el dato de ejecución real de los fondos europeos desde el pasado mes de agosto, cuando cifró en apenas 104 millones la implementación. Aunque la organización constata «cierta mejoría» en los últimos meses, advierte de la falta de agilidad en la ejecución debido a las trabas en el despliegue.

Según CEOE, la excesiva atomización de convocatorias supone el principal escollo para el acceso a los fondos por parte de las empresas, y es que hay dificultad para definir las distintas partes del proyecto y la necesidad de participar en varios procesos de solicitud de ayudas; ala tiempo que el mayor número de convocatorias complica la gestión en el sector público.

A la carga burocrática y las dificultades para comprender los requisitos de los carburantes se suma la continuidad respecto de convocatorias pasadas está demasiado presente en las subvenciones, la falta de convocatorias de los PERTEs, la falta de funcionamiento del registro de entidades interesadas en los PERTE (Reperte) y la necesidad de reconsiderar las prioridades de inversión e identificar ámbitos de mejora de cara a construir a adenda del Plan.

Por ello, junto a la incorporación de bajas de impuestos e incentivos con cargo a los fondos europeos, CEOE pide garantizar la vigencia en el tiempo de las reformas acordadas y asegurar que se circunscriben al objetivo de los hitos pactados con la UE, así como fortalecer el equilibrio entre grandes proyectos tractores y subvenciones para pymes y autónomos, con convocatorias menos atomizadas.

Otras peticiones pasan por facilitar al máximo la concurrencia y acceso a los fondos a pymes y autónomos, a partir de la buena experiencia del ‘kit digital’, desbloquear la tramitación del decreto de reforma de la Administración paralizado desde diciembre de 2020, acelerar la coordinación entre administraciones e implicar al sector financiero, profundizar en la información de convocatorias y ejecución.

El Gobierno ha solicitado a Bruselas el segundo desembolso de fondos europeos por importe de 12.000 millones de euros, el desembolso más alto de los programados hasta el año 2026, tras haber cumplido los 30 hitos de reformas y 10 inversiones comprometidos.

Tras el primer desembolso de 10.000 millones a finales de diciembre al cumplir 52 hitos, sumado a los 9.000 millones de prefinanciación recibidos en agosto, el Gobierno da por asegurada la validación a la siguiente remesa de hitos para poder recibir el siguiente desembolso de 12.000 millones.

Al mismo tiempo, los ministerios calibran las reformas e inversiones de cara a la adenda al plan para encarar la solicitud en el primer semestre de hasta 84.000 millones de euros en préstamos.