CEOE rechaza la subida del SMI en 2022 y aboca a otro pacto bipartito de Gobierno y sindicatos

El clima de tregua entre el Gobierno y los empresarios llega a su fin. Los órganos de gobierno de CEOE y Cepyme han rechazado este martes, por unanimidad, la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social de subir de nuevo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2022 otros 35 euros, pasando de 965 euros en 14 pagas a 1.000 euros mensuales, por la falta de recuperación de los niveles de negocio y la presión de los costes, por lo que avisan de que traerá un «menos dinamismo económico y una menor creación de empleo».

Con las posturas ya confirmadas, el Gobierno cerrará la negociación –no vinculante, al ser una prerrogativa del Ejecutivo– este miércoles con los agentes sociales en la mesa de diálogo y aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, 12 de febrero, la subida de 31 euros (un 3,6% más) para el SMI de 2022, hasta los 1.000 euros en 14 pagas mensuales, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Se repetirá por tanto de nuevo el escenario de un pacto bipartito entre Gobierno y sindicatos como el suscrito el pasado mes de septiembre, cuando acordaron elevar el SMI 15 euros, hasta los 965 euros, del que se descolgó CEOE.

La propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudió en persona a la reunión de la mesa de diálogo del lunes para presionar por el acuerdo, planteando un alza hasta los 996 y a posteriori a 1.000 euros, en línea con los sindicatos, como medida de presión a la patronal, pero los empresarios no han transigido y han votado por mayoría en el Comité Ejecutivo rechazar el planteamiento.

Las organizaciones han justificado su rechazo en un comunicado bajo los argumentos del «contexto económico de incertidumbre», en el que «previsiblemente no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta 2023, con presiones crecientes en los costes de las empresas y una notable caída acumulada de la productividad», tildando de «inasumible» la propuesta para sectores como el agrícola o los intensivos en mano de obra.

Además, han recordado que mientras la remuneración de los asalariados prácticamente ha recuperado los niveles de 2019 (previos a la crisis), el excedente bruto de explotación (beneficio de las empresas) todavía está «muy lejos de normalizar» su situación y continúa siendo un 6,6% inferior al de 2019. «Esto implica que las empresas van retrasadas en la recuperación de la normalidad y es un reflejo de la difícil situación que aún vive el tejido empresarial», han subrayado.

Las patronales de los empresarios y de las pymes alertan de que una nueva subida del SMI contribuirá a aumentar los costes laborales y la presión sobre los márgenes de las empresas lo que, unido a otros riesgos como el encarecimiento de las materias primas o los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro, pueden llevar a «un menor dinamismo económico en el futuro y a una menor creación de empleo».

Denuncian un aumento del coste por empleado superior a los 1.500 euros

Todo ello, critican, después de que las empresas hayan asumido una subida del 30% en el SMI desde 2019, con una reciente subida en septiembre del pasado año, que alcanzaría el 5,2% sumada a la que se plantea para 2022; y de que se haya aplicado una subida de cotizaciones sociales aparejadas a los salarios, conformando un coste total por empleado para las empresas muy superior a esos 1.167 euros mensuales que se proponen y que sobrepasaría los 1.500 euros en términos generales.

Además, censuran que el Gobierno sigue sin indexar los contratos públicos a esta evolución, un compromiso adquirido en 2019 que «incomprensiblemente nunca ha sido atendido». Por otro lado, recuerdan que en ocho comunidades autónomas el SMI ya está por encima del 60% del salario medio de la región. «La propuesta del Gobierno es inasumible para sectores especialmente vulnerables como el agrícola y aquellos intensivos en mano de obra (limpieza, hostelería, etc.), que llevan años soportando sobrecostes de todo tipo«, señalan.

En este contexto, las organizaciones empresariales consideran que «no es el momento», por ello, de aplicar una nueva subida del SMI en 2022, que «parece responder más a una aspiración política en el seno del Gobierno que a la lógica económica». Por el contrario, en su opinión el «deseo compartido» de que la recuperación económica lleve aparejada un mayor nivel de rentas debe lograrse favoreciendo las palancas que están detrás del desarrollo económico y, concretamente, del crecimiento empresarial, como son la formación, la inversión o el desarrollo tecnológico.

Es por ello por lo que muestran su «disposición» a analizar y concretar en el ámbito bipartito con los sindicatos la que debería ser la senda de actualización de los salarios razonable para los próximos años en el marco de las negociaciones del próximo Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC), caducado desde 2020, para que ofrezca «tranquilidad a empresas y trabajadores y, en general, al país». 

Este mismo martes el presidente de ATA, Lorenzo Amor, cargó contra la subida por el «daño terrible» que hace al colectivo de autónomos, al suponer más de 600 euros al año, durante un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas (CGE), en el que ha criticado el impulso de «proyectos personales utilizando el BOE».

El rechazo unánime y frontal en CEOE en menos de 24 horas desde la propuesta de Díaz devuelve la unión en el seno de la patronal, tras un mes y medio de ciertas tensiones internas con motivo de la reforma laboral, que se respaldó por mayoría tras los trabajos del equipo del presidente, Antonio Garamendi, pero produjo reticencias y abstención de importantes organizaciones como Foment, CEIM, o sectoriales del motor como Anfac o agrícolas como COAG y Asaja. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, incluso llegó a afirmar que firmó por «responsabilidad» aunque estaba en desacuerdo y no firmaría el pacto.

CCOO y UGT solo aceptarán un SMI de 1.000 euros para 1,8 millones de trabajadores

Por su parte, los sindicatos mantienen su exigencia de un SMI de 1.000 euros, ratificada ya en la última Ejecutiva de UGT y ahora también en la de CCOO celebrada , que se reunió tras el planteamiento del Gobierno de elevarlo hasta 996 euros, aunque matizada a posteriori respecto a alcanzar los 1.000 euros. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han sido tajantes al calificar de «irrenunciable» que suba a ese nivel al ser un compromiso adquirido por el Ejecutivo en el momento del acuerdo del anterior pacto del SMI el pasado mes de septiembre.

En este sentido, han recordado que la inflación actualmente es muy elevada pero puede ser «coyuntural», si bien consideran un «absoluto disparate» el argumento esgrimido por la patronal de que el alza del SMI afectará a la inflación. «En estos años se ha demostrado que todas esas afirmaciones se han caído por su propio peso. Estamos recuperando el empleo, se han recuperado los cotizantes a la Seguridad Social y el empleo previo a la pandemia con el SMI más alto de nuestra historia», ha subrayado.

Eso sí, ven necesario modificar la ley de contratos públicos para trasladar las subidas de los salarios, en línea con la petición de CEOE, ya que «no puede ser que las administraciones públicas subcontraten o externalicen determinados servicios públicos y luego no permitan los precios de las mejoras de los salarios en esos servicios públicos».

Según un informe elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CCOO a partir de la Submuestra Anual de la EPA 2019, la subida del SMI a 1.000 euros beneficiará en torno a 1.809.000 personas asalariados, de los que 1.518.000 trabajan a tiempo completo (incidencia del 10,9%) y 290.000 trabajan a tiempo parcial.

Beneficiará sobre todo a mujeres y jóvenes

El análisis de CCOO refleja que la subida ayudará a recortar la brecha salarial entre géneros, ya que entre los 1,518 millones de trabajadores a jornada completa, 835.600 son mujeres (55%) y 682.600 hombres (45%), por lo que la incidencia será del 14,1% en el primer caso, por encima del 8,5% entre los hombres. Los más jóvenes estarán también entre los más beneficiados, ya que casi el 31% de los jóvenes entre 16 y 24 años que trabajan a jornada completa se verán beneficiados por la subida. Le siguen los jóvenes entre 25 y 34 años con casi un 15% de incidencia.

A su vez, el 40,5% de las personas asalariadas en la agricultura se verán beneficiadas, seguidos por los del sector servicios (11,5%). De hecho, en los servicios se concentra también el 78% de los beneficiados. En general, casi el 20% de los asalariados con contrato temporal se beneficiará de la subida frente al 8,2% de los contratados indefinidos. El 58% del total de beneficiarios a tiempo completo son indefinidos y el 42% restante temporales.

El Gabinete Económico realizó un análisis en 2019 sobre la probabilidad de mantenerse en el empleo de los colectivos más afectados por la subida del SMI en ese año (22,3%) y concluyó que el alza no había incrementado la probabilidad de perder el empleo. Este análisis contrasta con un estudio de Cepyme que aseguraba que elevar el SMI a 1.000 euros pondría en riesgo 130.000 empleos.