La CEOE pide «prudencia» y aplazar la subida de salarios a 2022 y 2023
Aunque constata “síntomas evidentes de recuperación”, ha recordado que hay todavía 4 millones de desempleados
Rosa Santos, directora de Relaciones Laborales de CEOE.
La patronal ha comunicado su rechazo a la subida del salario mínimo interprofesional propuesta por el Gobierno para este año, aunque se ha mostrado abierta a negociar las subidas para 2022 y 2023.
La directora de Relaciones Laborales de CEOE, Rosa Santos, ha dicho echar en falta mayor concreción del Gobierno para poder someter a consulta la propuesta a las organizaciones empresariales, a pesar de que también ha confirmado que Trabajo ha optado por la banda media salarial propuesta por los expertos, con posibilidad de hacer alguna movilidad en esos incrementos.
Aunque constata “síntomas evidentes de recuperación”, Santos ha recordado que hay todavía 4 millones de desempleados, 226.000 autónomos en cese de actividad y 274.000 personas en ERTE, por lo que ha abogado por la “prudencia” a la hora de subir el SMI y por “priorizar la consolidación del empleo y la recuperación”.
Santos ha rechazado la subida este año porque afectaría principalmente a las microempresas, las empresas pequeñas y los autónomos con empleados, en un contexto también de falta de materias primas que afecta a todos los sectores, lo que está incrementando el coste de producción pero no se repercute a los precios.
“Estamos en un escenario de máxima dificultad, hay que ser extremadamente prudentes y evitar incrementar todavía más los costes de producción porque va a dificultar la supervivencia de las empresas y con ello pone en peligro la consolidación del empleo”, ha avisado.
Ante la próxima aprobación del SMI sin la concurrencia de la patronal, CEOE ha reclamado al Gobierno medidas de políticas activas a través de la Garantía Juvenil para los jóvenes; ayudas y bonificaciones en los agricultores para convertir temporales en indefinidos.
También han vuelto a reclamar la indexación de la subida del SMI a los contratos públicos para que las empresas puedan repercutir el alza, así como algún tipo de bonificación fiscal para las familias que contratan empleadas del hogar. El Ejecutivo ha mostrado “receptividad” ante estas peticiones para analizar las cuestiones.
