CEOE se abre a acordar una nueva subida del SMI en 2022

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se ha abierto este jueves a negociar y acordar una senda de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a largo plazo pero ha avanzado ya sus condiciones para el posible eventual incremento.

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz quiere impulsar antes de que finalice el año un nuevo incremento del SMI, tras el acuerdo bipartito, suscrito solo con sindicatos al desmarcarse CEOE, cerrado el pasado mes de septiembre que elevó en 15 euros el SMI, hasta los 965 euros en 14 pagas al año, aprobado para el último cuatrimestre de 2021.

Los empresarios se muestran dispuestos a sentarse a negociar una senda de aumento del SMI pero no a tan corto plazo como pretende el departamento de Díaz, ya que ven necesario primero cerrar la reforma laboral que el Gobierno se ha puesto como objetivo aprobar antes del 31 de diciembre.

«Espero que esta vez haya acuerdo (…), no veo a la patronal con las circunstancias actuales en una cerrazón en la negociación colectiva«, ha afirmado el presidente de ATA y vicepresidenta de CEOE, Lorenzo Amor, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en presencia del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, de Cepyme, Gerardo Cuerva, y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La apertura al diálogo y el acuerdo sobre el SMI por parte de los empresarios coincide con la protesta que han capitaneado los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, a las puertas de la sede de CEOE en Madrid para exigir el desbloqueo de la negociación colectiva y un acuerdo a dos o tres años que contemple subidas salariales en los convenios.

Condiciones: tras la reforma laboral y contemplando el alza «brutal» de costes

En todo caso, Amor ha adelantado las exigencias de los empresarios de cara a un eventual acuerdo de subida del SMI, para el que piden un planteamiento «continuado a largo plazo», lo que permitiría «intentar trabajar o buscar un acuerdo».

Eso sí, siempre y cuando se tengan en cuenta las circunstancias actuales de las empresas y los autónomos y el Gobierno y los sindicatos contemplen las circunstancias de «incrementos de costes brutales».

Además, ha pedido ir «paso a paso» y antes de abordar la negociación del SMI cerrar primero la reforma laboral «para bien o para mal», de forma que «cuando llegue su momento se hable en materia de Seguridad Social o fondos de empleo». «Vayamos paso a paso porque cuando empiezan a pinchar con una aguja el globo, el globo puede estallar», ha avisado.

«Vamos a ir capítulo a capítulo; con la reforma laboral el Gobierno ha marcado una fecha (31 de diciembre) y si no hay ampliación vamos a intentar cerrar. Cuando se cierre eso, hablaremos de otras materias de la Seguridad Social, pero vayamos dejando espacio», ha demandado.

De cualquier forma, ha apuntado que el Gobierno es a la postre el encargado de tomar una decisión al respecto y trasladarlo en consulta a los interlocutores sociales.

Sobre la reforma laboral se ha limitado a insistir en que CEOE la apoyará «si s bueno para el país», pero, en cualquier caso, confía en que «pronto» se empiece a redactar el texto y ha pedido tener «cuidado» porque «una coma o preposición» puede cambiar el sentido en materia laboral. Será entonces cuando la patronal tome una decisión «con responsabilidad y sentido de Estado».

La posible subida y la petición de los sindicatos

La comisión de expertos del Ministerio de Trabajo propuso a mediados de junio un alza de entre 12 y 19 euros este año y determinó que para conseguir el objetivo del 60% del salario medio neto en el año 2023 partiendo del SMI entonces vigente, de 950 euros al mes en 14 pagas, habría que subirlo entre un 6,4% y un 10,4%, lo que supone un alza de entre 61 euros y 99 euros en el periodo.

Esto llevaría a elevar el Salario Mínimo en España a una horquilla de entre 1.011 euros y 1.049 euros como máximo en el ejercicio 2023, el equivalente al 60% del salario medio, y para conseguir este objetivo la comisión de expertos fijó una senda de convergencia.

Sin embargo, la subida que podría ver la luz elevaría el SMI a 1.000 euros en 2022 y a 1.050 euros en 2023, según señalan a Economía Digital en fuentes del diálogo social. Los sindicatos exigen que suba a 1.000 euros el próximo año, aunque en el Gobierno no está tan claro ese nivel y los empresarios a priori se oponen tras el aumento ya aprobado este año.

Pide al Gobierno no poner «zancadillas» en la reforma laboral e impuestos

El presidente de ATAha defendido que la normativa laboral de 2012, aunque es «mejorable», ha permitido salvar «muchos empleos» entre 2012 y 2018 y la supresión de dos pagas extra recuperadas a posteriori que también salvó «muchos empleos». Ha recordado que de los 3,3 millones de empresas existentes en España, solo 5.000 tienen más de 250 trabajadores y 3 millones menos de 5 empleados, por lo que ha reclamado al Gobierno «mecanismos flexibles» para las pequeñas empresas.

Al hilo, ha indicado que el tejido empresarial aún no se ha recuperado del impacto de la pandemia, por lo que ha pedido al Gobierno que «no ponga zancadillas» a las empresas en el marco laboral ni en materia fiscal, haciéndoles pagar más impuestos y cotizaciones sociales.

«Es la primera vez que se suben las cuotas de los autónomos sin haberlo pactado el Ministerio con sus organizaciones. Y ahora también quieren aumentar la presión fiscal y limitar la flexibilidad de las empresas a la hora de contratar«, ha lamentado Amor, subrayando que el alza de los precios de la energía y de las materias primas están causando estragos entre los autónomos, con la gasolina un 35% más cara y el precio de la luz, seis veces superior.

Pide «respeto» para el paro patronal del transporte y «aguantar hasta el último minuto»

En este contexto, ha mostrado su comprensión ante el cierre patronal convocado por el sector del transporte para los días 20, 21 y 22 de diciembre, pidiendo «el mismo respeto para los autónomos que el que hay para el derecho de manifestación en el trabajo por cuenta ajena». «Muy mal tiene que estar un transportista o un agricultor para no producir un día, porque es dinero que no entra en su casa», ha ahondado.

Con todo, ha pedido también buscar el acuerdo y el consenso con el sector del transporte y agrícola y «agotar hasta el último minuto» para evitar los paros.

El presidente de ATA también ha mostrado su «escepticismo» sobre la llegada de los fondos europeos a las pequeñas empresas y los autónomos, ante las «dificultades» de acceso en las convocatorias, debido a que cuando hay un proyecto individualizado si se dividen las convocatorias se hace muy difícil presentarse por la burocracia y hay un «problema» de agilidad administrativa.

Con todo, ha apuntado que hay 5.000 empresas tractoras en España y si los fondos llegan a éstas beneficiará a su vez a los autónomos al figurar en su cadena de producción. «Es mejor tener 100.000 autónomos bien preparados en materia de digitalización que un millón de autónomos con un nuevo IPAD o PC», ha añadido, pidiendo que los autónomos ganen competitividad y digitalización.

ATA defiende la tarifa plana y critica la propuesta de ingresos reales de Escrivá

Por otra parte, Amor ha defendido en su intervención la tarifa plana para autónomos porque ha permitido economía sumergida e impulsar la creación de negocios por cuenta propia, logrando que el 85% de los autónomos mantenga su actividad en el tercer año, según datos que ha citado procedentes de la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía.

Tras mostrarse «absolutamente en contra» de eliminar esta tarifa, ha abierto la puerta a hablar sobre su duración. También se ha mostrado crítico sobre la propuesta el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para la cotización de los autónomos por sus ingresos reales.

El planteamiento de Escrivá ya despertó el rechazo de las organizaciones de autónomos el pasado verano, y es que aunque ATA respalda dicha cotización como beneficio para el colectivo de trabajadores por cuenta propia y las arcas de la Seguridad Social, cree que el nuevo modelo que quiere eel Gobierno es «más injusto» aún que el actual porque «favorece al que más asesores fiscales tenga» para poder optar a deduciones.

Según ha explicado, en la propuesta del Ejecutivo se tienen en cuenta los rendimientos netos de los autónomos para establecer su cotización, lo que supone que dependa del nivel de deducción fiscal que les permita Hacienda, y ello provoca diferencias entre los autónomos personas físicas, que pagarían más, y aquellos que tengan una sociedad.

A modo de ejemplo, un fotógrafo con un pequeño estudio pagaría la mitad de lo que tendría que pagar un fotógrafo que factura en su casa como persona física aun facturando lo mismo al año porque conforme a la propuesta Hacienda le permitiría deducirse gastos de luz, gas o alquiler, mientras que el fotógrafo persona física no podría deducirse nada.