CEOE estalla contra Calviño por el SMI y el «chantaje» con los ERTE

La vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, fue desde finales del año pasado y hasta finales del pasado mes de julio el principal dique de contención a la pretendida subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que reclamaba el ala de Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza.

Calviño abrió a finales de julio la posibilidad de revisar este mes de septiembre el aumento del SMI para los últimos meses del ejercicio en función de la evolución del mercado laboral y condicionado a la recuperación, algo que finalmente en el Gobierno consideran que se ha cumplido y por ello ultiman la aprobación de un incremento de en torno a 15 euros este año, hasta los 965 euros en 14 pagas, a lo que se sumarían otros 31 en 2022 y otros 31 en 2023.

Pero la decisión de elevar el SMI se ha topado con la firme oposición de CEOE, que rechaza el incremento para este año y pide postergar la subida salarial para los alrededor de 1,5 millones de trabajadores que perciben el SMI ya para 2022 y 2023 al considerar que todavía no se dan las condiciones económicas idóneas y podría afectar al empleo, especialmente a los colectivos más vulnerables.

El Comité Ejecutivo de la patronal se reunió de forma extraordinaria este miércoles y se pronunció por unanimidad de todas las organizaciones y patronales autonómicas y sectoriales en contra del incremento del SMI para la última parte del año, con malestar con el Gobierno por la decisión de aprobar la subida sin consenso y considerar que el Ejecutivo está haciendo un «chantaje» público a la organización con la negociación de los ERTE, según han señalado fuentes de CEOE a Economía Digital.

Calviño, en el punto de mira por su cambio de criterio

El foco de las críticas de los empresarios, además de dirigirse como habitualmente contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, por su insistencia en la aprobación de la subida y sus desavenencias respecto a la reforma laboral, se está centrando en esta ocasión también sobre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a pesar de que los posicionamientos de ésta con la patronal solían ser similares hasta hace poco más de un mes.

En la patronal no entienden el cambio de postura ya que hasta finales de julio desde el ala socialista de la coalición de Gobierno, sobre todo Calviño, se había puesto freno a la subida al preferir aplazarla por considerar que dañaría a la recuperación de la economía y afectaría al empleo en un contexto de crisis por la Covid-19, en línea con el posicionamiento de CEOE, mientras que desde Unidas Podemos Díaz ha reclamado en todo momento el alza, especialmente para ayudar a colectivos perjudicados como el de las mujeres y los jóvenes.

De hecho, este asunto había sido motivo de discrepancia desde finales del año pasado en el seno del Gobierno y finalmente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adoptó la decisión y anunció la semana pasada la subida «inmediata» el SMI tras conversaciones con Díaz, tras redoblar esta y los sindicatos la presión ante la subida de los precios y el alza del precio de la luz a precios máximos.

Deslegitiman sus argumentos

Fuentes de la patronal afean a Calviño su cambio de postura en el último mes y dudan los argumentos dados por la ministra sobre la recuperación y la mejora del empleo, quien argumenta su visto bueno a subir ahora el SMI tras el rebote del PIB del 2,8% en el segundo trimestre, la mejora del empleo o el mínimo marcado en la cifra de afectados por ERTE.

En la patronal recuerdan sin embargo que aunque en agosto el paro bajó en 82.000 personas se perdieron 118.000 empleos y la afiliación de los autónomos descendió en 7.500 personas. Además, añaden, todavía hay unas 270.000 personas bajo los ERTE y 226.000 autónomos en cese de actividad, a lo que se suma que el PIB está todavía un 6,8% por debajo del nivel de febrero de 2020, antes de la pandemia.

Desde la organización empresarial también reprochan el cambio de criterio en un momento de subida de los costes empresariales y económicos ante el alza de los precios de la luz, que este jueves alcanza nuevo máximo histórico de 141,74 euros por megavatio hora, así como del gas y los carburantes, lo que «se está comiendo todos los márgenes empresariales», según replican con enfado los empresarios.

Desde la organización de autónomos ATA advirtieron también de que el impacto de la posible subida del SMI conllevaría un aumento de entre 3 y 12 euros a la cuota mensual de los autónomos. Para las empresas supondrá más de 350 euros más al año por trabajador entre la parte salarial y el aumento de las cuotas, lo que en el trienio podría suponer unos 1.800 euros por trabajador, según cálculos de distintas organizaciones facilitados a Economía Digital.

El propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, admitió este miércoles que la subida del SMI podría tener un impacto «limitado» en determinados sectores y territorios.

La vicepresidenta primera ha pedido en las últimas semanas «unidad» a los empresarios para combatir la desigualdad subiendo los salarios y ha defendido que en sus manifestaciones públicas siempre ha manifestado su “absoluto compromiso” y el de todo el Gobierno con la mejora de las condiciones laborales y el alza del SMI con “prudencia” si sigue el “buen ritmo” del empleo. En cualquier caso, ha dicho estar “acostumbrada” a que se planteen estos asuntos en “términos de conflicto y se intente encontrar discrepancias donde no las hay”. 

En la patronal piensan que ese cambio de criterio obedece solo al cambio de tendencia en las encuestas de intención de voto desde el pasado mes de mayo, que apuntan a una caída del PSOE y a un aumento del partido líder de la oposición, el PP.

El ‘chantaje público» de los ERTE

Junto al cambio de postura sobre la subida del SMI, en CEOE ha sentado mal el que consideran un «chantaje público» por parte de la vicepresidenta Calviño a los empresarios con la negociación de los ERTE después de que ésta haya replicado al empresariado pos su negativa a subir el SMI cuando ahora toca negociar la extensión de los ERTE más allá del 30 de septiembre y demandarán más exoneraciones y bonificaciones a la Seguridad Social.

Calviño llegó a afirmar ayer que «los ciudadanos no entenderían que, desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con la necesidad de también mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos, sobre todo, cuando en el curso del mes de septiembre se va a tener también que decidir qué hacemos con los ERTE y la prestación de los autónomos«.

Según Calviño, esa postura es «muy difícil de explicar»». «Lo que no parece lógico es que, dentro de tres días, empecemos una negociación en la que los representantes empresariales nos van a decir que hay que extender las bonificaciones, hay que extender las prestaciones cuando no haya habido un acuerdo», añadió al respecto.

Aún más, en estos días ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por la sociedad española en su conjunto desde marzo del año pasado para apoyar a las empresas, a los autónomos y al tejido productivo, así como a las rentas de las medidas, con un conjunto de medidas con un coste fiscal «muy importante» que obligará a emitir 150.000 millones de euros de deuda pública adicional.

En cualquier caso, la vicepresidenta confía en que se logre un acuerdo con los agentes sociales sobre la subida del SMI y ha negado que la falta de apoyo al SMI pueda arriesgar las demandas de los empresarios para la nueva prórroga de los ERTE, resaltando la «negociación constante y fluida» con los agentes sociales.

Entre tanto, Yolanda Díaz sigue presionando y busca dejar en evidencia a CEOE al insistir en que no es lógica su negativa a incrementar el SMI cuando en los convenios colectivos está acordando ya subidas de entre el 1,5% y el 1,8% para los asalariados, por encima de la pretendida subida del SMI.

Los contactos informales se suceden y el Gobierno ha dado algo más de margen para lograr el consenso tras cerrar sin acuerdo la reunión formal con los agentes sociales, ya que su propuesta de una subida de entre 12 y 19 euros es vista como «insuficiente» por los sindicatos, que demandan un alza de entre 25 y 30 euros y que suba a mínimo 1.000 euros en 2022 para el acuerdo, y el rechazo frontal de CEOE. La intención es consensuar una subida también para 2022 y 2023 y lograr al final de la legislatura que el SMI suponga el 60% del salario medio.

CEOE ha pedido un SMI territorial, menor para jóvenes y bonificaciones

En las negociaciones sobre el SMI también ha habido un enfrentamiento con CEOE tras la petición realizada por el presidente, Antonio Garamendi, de aprobar un alza del Salario Mínimo diferenciado por territorios. Apenas minutos después de que Garamendi realizara su propuesta, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, rechazaron la idea por su afectación en la unidad de mercado, algo que también ha dicho ya Calviño.

También ha trascendido que la patronal planteó un salario mínimo más bajo para los jóvenes en la mesa de negociación con el Gobierno y los sindicatos, según desveló el miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

La patronal también ha aprovechado la negociación para reclamar al Gobierno, ante la subida del SMI pese a su negativa, medidas de políticas activas a través de la Garantía Juvenil para los jóvenes; ayudas y bonificaciones en los agricultores para convertir temporales en indefinidos.