CEOE denuncia la «distorsión brutal e injerencia» de la Ley de Vivienda contra la propiedad privada

Las reacciones de la oposición y los empresarios a la nueva Ley Estatal de Vivienda acordada en el seno de la coalición de Gobierno y que será aprobada en las próximas semanas no se han hecho esperar por lo que consideran un ataque directo a la propiedad privada.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha mostrado su «profunda preocupación» por el contenido que se sabe de la ley estatal acordada, que ha permitido facilitar el acuerdo para el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tras meses de desavenencias entre el PSOE y Unidas Podemos respecto al límite a los alquileres.

En declaraciones a los medios este martes en el marco del foro South Summit, Garamendi ha rechazado de pleno la nueva ley por «injerir directamente sobre la propiedad privada», en línea con las críticas realizadas por la oposición.

El PP ha acusado al Gobierno de coalición de pactar una ley que supone un «ataque sin precedentes a la propiedad privada» al intervenir el mercado inmobiliaria y dar inseguridad jurídica, según ha indicado la portavoz del grupo parlamentario del PP, Cuca Gamarra. Ha avisado de que la intervención en el mercado inmobiliario repercutirá en la inversión extranjera.

«Distorsión brutal de la libertad y el derecho de propiedad»

En este sentido, Garamendi ha defendido que las empresas y los ciudadanos tienen derecho a «ahorrar» sin que interfiera el Estado, ante la ley estatal que habilitará a las CCAA a obligar a los grandes propietarios a bajar los alquileres y a los particulares a congelar los precios.

«Que el Estado venga ahora a entrar en cómo se tiene que gestionar lo que ya has pagado y por lo que estás pagando impuestos es una distorsión brutal de lo que es la libertad y el derecho de la propiedad», reconocido en la Constitución», ha enfatizado. A su juicio, supone para las personas y los que tienen propiedades algo «muy preocupante y malo».

Por ello, ha adelantado que la patronal analizará con «mucha atención» la nueva Ley de Vivienda, tras advertir además que de crea «inseguridad jurídica» y falta de confianza de cara a los inversores.

Además, ha recordado que en algunos países como Alemania se han aplicado medidas similares y «no ha funcionado», al tiempo que ha criticado que se vincule la Ley de Vivienda para el acuerdo de los Presupuestos de 2022. «Poco tienen que ver los PGE con esto, ¿Qué tienen que ver los PGE con ir directamente contra el artículo 31 de la Constitución, que es el derecho a la propiedad?»; ha cuestionado.

El Gobierno defiende su ley

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido que se toman medidas para fomentar la contención y reducción de los precios de alquiler, junto al impulso de la vivienda pública, frente a otras alternativas y gobiernos que “cruzándose de brazos creen que los problemas se solucionan solos”. 

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha respetado en declaraciones a La Sexta las palabras de Garamendi pero ha defendido los “derechos sociales”, ya que sufragar el coste del arrendamiento en una gran ciudad como Barcelona, Sevilla o Vigo es “misión imposible”. 

“Estamos en una democracia, gobernamos por el bien común y para quien más lo necesita”, ha apostillado Díaz, defendiendo que los jóvenes no quieren “paternalismo”, pero España es “un país de bajos salarios” y un 55% de jóvenes no se puede sufragar el coste de un arrendamiento. 

Las claves de la nueva ley

Tras un año sin avances pese a ser el preacuerdo de esta norma el que propició el consenso para los Presupuestos de 2021, en el seno del Gobierno han acercado posturas y han consensuado habilitar a las CCAA que lo deseen aplicar la limitación de precios de alquiler tanto a grandes propietarios, aquellos con 10 o más viviendas, como a pequeños propietarios.

En concreto, se regulará el precio del alquiler para disminuir los precios de las viviendas arrendadas de grandes propietarios mediante índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionados, mientras que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de congelación de precios e incentivos fiscales para poder reducir los precios.

Habrá incentivos de hasta el 90% en la Renta a propietarios que abaraten alquileres, así como un bono joven de vivienda de 250 euros al mes durante dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a 23.725 euros.

También figurará el recargo de hasta el 150% en el IBI en los casos de viviendas vacías que podrán aplicar los ayuntamientos y en materia del parque público de alquiler se reservará el 30% de todas las promociones para vivienda protegida. De este porcentaje, la mitad para alquiler social.